San José, 04 ago (elmundo.cr) – Una maniobra táctica en el seno de la Comisión de Asuntos Sociales de la Asamblea Legislativa impidió que el proyecto de ley para eliminar las pensiones de privilegio a los expresidentes de la República fuera enviado directamente al archivo.
La discusión en el órgano colegiado enfrentaba un escenario complejo ante la postura del oficialismo, donde los votos a favor únicamente alcanzaban para generar un empate. De acuerdo con el reglamento legislativo, la paridad de votos en la decisión de un dictamen provoca el archivo inmediato del expediente.
Decisión procedimental para mantener con vida la iniciativa
Ante la amenaza del archivo, la diputada del Partido Liberación Nacional (PLN), Iztarú Alfaro, asumió una decisión procedimental al sumar su voto en contra junto con la bancada oficialista. La maniobra evitó la paridad reglamentaria y abrió el portón normativo para redactar un informe afirmativo de minoría.
La legisladora verdiblanca fue enfática en la motivación estratégica detrás de su postura. “Mi apoyo a eliminar estas pensiones por completo es total. En comisión debimos tomar una decisión estratégica: evitar un empate provocado por el oficialismo que mandaba el texto directo al archivo. Con mi voto en contra, ahora se podrán presentar informes de minoría y permitir que esta iniciativa para acabar con estas pensiones de lujo siga viva”, explicó Alfaro.
Gracias a esta estrategia de trámite, el expediente mantiene su vigencia en la corriente parlamentaria y avanzará al Plenario Legislativo, donde las 57 curules tendrán la última palabra sobre la erradicación de estos beneficios.
Una alternativa real si está vía no avanza
Además de sostener la pelea por la derogación completa del régimen de privilegio, la congresista dejó clara la existencia de una ruta de contingencia viable en caso de que la vía de la eliminación total sea frenada en el Plenario.
Se trata de una propuesta legislativa de su autoría que busca reestructurar por completo el sistema actual mediante la fijación de un tope máximo al monto del beneficio y la exigencia de cumplir 65 años de edad para su otorgamiento, bajo los mismos parámetros aplicados al resto de la ciudadanía.
Al respecto, Alfaro subrayó que el trámite del expediente principal continúa firme, pero recalcó que el país cuenta con una ruta de respaldo.
“El proyecto sigue adelante, pero si la vía de la eliminación total llegara a fallar, tenemos una alternativa real: mi propio proyecto de ley, que pone un tope y exige los 65 años para acceder a ellas, igual que a cualquier costarricense”, concluyó la diputada.
