San José, 24 mar (elmundo.cr) – Casa Presidencial y el Ministerio de Hacienda negociaron con los diputados del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), modificaciones al proyecto de Ley para combatir el fraude fiscal que se encuentra en la corriente legislativa.
Dicha iniciativa establece la creación de un registro de accionistas en manos del Banco Central de Costa Rica, mediante el cual Hacienda y el Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD) podrán consultar cuando tengan investigaciones en curso en contra de alguna persona accionista de una sociedad.
Rosibel Ramos, diputada del PUSC y presidenta de la Comisión de Hacendarios que analiza el proyecto, detalló que estas conversaciones se dieron con el Ministerio de la Presidencia y Ministerio de Hacienda y que los acuerdos se comunicaron hasta ayer al resto de fracciones legislativas.
El PUSC se reservaba el derecho de votar el proyecto de Ley tal y como está redactado en la actualidad, afirmando tener dudas sobre la seguridad de la información contenida en el registro de accionistas.
Sin embargo, el Gobierno accedió a la petición de los socialcristianos de establecer un juez de garantía, uno no que autorice el acceso al registro de accionistas, sino uno en el que las personas afectadas por el mal uso del mismo puedan presentar sus reclamos.
Los acuerdos alcanzados entre el PUSC y el Gobierno incluyen colocar un nuevo artículo que establezca que el registro de accionistas solo se podrá usar con fines legítimos y que será confidencial.
Asimismo se deja plasmado el derecho de una persona de conocer si está o no su nombre en dicho registro de accionistas y además, de saber si está siendo investigada o no.
Hacienda deberá notificar a las personas que están siendo sujetas de una investigación por parte de Tributación, de previo a ingresar al registro de accionistas. El Instituto Costarricense sobre Drogas, por la delicadeza de los casos que estudia, no deberá hacerlo.
También las modificaciones dictan que el Banco Central deberá garantizar la confidencialidad de la información y cumplir con estándares internacionales de calidad.
Finalmente, se establecen sanciones para los funcionarios del Ministerio de Hacienda, Banco Central y el ICD que hagan mal uso del registro de accionistas o incumplan las reglas para el acceso a la información.
Dichas sanciones incluirán hasta el despido sin responsabilidad patronal.
