San José, 02 oct (elmundo.cr) – El Gobierno salió en defensa de varios ministros, viceministros y otros funcionarios, que fueron denunciados por la empresa Gas Zeta, ante la Procuraduría de la Ética, por la posible comisión de “faltas a la ética, la probidad y la imparcialidad”.
Así lo hizo ver en la denuncia, Noel Edmundo Bustillo Delgado, quien es el apoderado legal de la compañía de gas, la cual fue desalojada de las plantas de El Coyol de Alajuela y La Lima de Cartago, el 23 de abril del presente año, por un procedimiento que realizó el Ministerio de Seguridad Pública.
Presidencia indicó que el objetivo primordial que motivó las acciones de esta Administración, obedece a la necesidad de garantizar el abastecimiento de gas a los hogares costarricenses, hospitales, escuelas, colegios, centros de atención a ciudadanía, transporte y todas las empresas del sector productivo.
El Gobierno no responderá ni se referirá a los contenidos de la denuncia, debido a que es un expediente confidencial.
La acusación recae contra los ministros de la Presidencia, Sergio Alfaro; de Trabajo, Víctor Morales; de Ambiente y Energía, Édgar Gutiérrez y de Seguridad, Gustavo Mata.
En la lista también se señala a los viceministros de la Presidencia, Luis Paulino Mora; de Trabajo, Harold Villegas; de Seguridad, María Fullmen Salazar y de Energía, Irene Cañas.
En el proceso abierto además aparecen denunciados el director de Personas Jurídicas del Registro Nacional, Luis Gustavo Álvarez, el registrador del Registro Público Nacional, Marco Antonio Murillo, el jefe de la Oficina de Desalojos Administrativos del Ministerio de Seguridad, Alejandro Chan, el director Jurídico del Ministerio de Seguridad Pública, Jeinner Villalobos y el juez del Tribunal Contencioso Administrativo, Billy Araya.
Casa Presidencial informó que el Ministerio de Ambiente y Energía tuvo conocimiento de la situación con los concesionarios de gas, en el primer trimestre de este año, por lo que le dio seguimiento, dado que se podía ver afectado el acceso a este servicio en hospitales, escuelas, hoteles y hogares.
“Las autoridades vinculadas con el tema actuaron dentro de la esfera de sus responsabilidades para reducir las posibilidades de un desabastecimiento de gas, que habría tenido consecuencias nocivas para la población y la economía”, añadió el Gobierno.
La Procuraduría debe determinar primero si procede o no una investigación, en cuyo caso llamaría a los funcionarios que deben responder la denuncia.
El gas es un recurso que es utilizado en un 43% por el sector industrial, un 37% por el sector residencial, un 14% por servicios, un 14% adicional por transporte y un 1% por comercio.
Es la segunda fuente de energía usada para cocción, usada por un 39% de las viviendas, detrás del 54% que utiliza la electricidad. Solo en el 2014, se vendieron más de 1,5 millones de barriles, lo que representó un crecimiento en las ventas de un 47% en la década. Es un elemento estratégico en la matriz energética nacional.
