San José, 19 ago (elmundo.cr) – El diputado de Pueblo Soberano, Antonio Barzuna, se pronunció a favor de abrir una discusión legislativa profunda para reformar los requisitos de elección y permanencia de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia.
El legislador de Pueblo Soberano señaló que, tras participar en diversas audiencias en la Comisión de Nombramientos, considera oportuno modernizar los estándares para acceder a las magistraturas, enfocándose en dos ejes principales: la edad mínima y el tiempo máximo de ejercicio en el puesto.
“Me parece, luego de varias comparecencias que hemos tenido en la Comisión de Nombramientos, que es oportuno que se pueda abrir una discusión para modificar, por ejemplo, la edad mínima que deben tener las personas para poder optar por el cargo de magistrado”, afirmó Barzuna.
El congresista respaldó explícitamente la propuesta de elevar a 50 años la edad mínima para ocupar una magistratura, un criterio que ha ganado tracción en el Congreso como una medida para garantizar mayor madurez, experiencia y probidad en los altos cargos judiciales.
En cuanto a la permanencia en el Poder Judicial, Barzuna se mostró partidario de poner un límite claro a la reelección, la cual actualmente permite, en la práctica, que los magistrados se mantengan en sus puestos de forma indefinida.
“¿Cuánto es el periodo máximo que ellos deberían tener? Me parece que dos periodos de ocho años es correcto, 16 años como máximo, y 50 años como edad mínima, para poder optar por ese cargo me parece también prudente”, añadió el diputado.
Esta postura se alinea con iniciativas de reforma constitucional presentadas recientemente en la corriente legislativa, las cuales buscan frenar la perpetuidad en los cargos judiciales y fortalecer la independencia del Poder Judicial frente a los riesgos de redes de poder internas.
El debate sobre la idoneidad y el tiempo de permanencia de los magistrados ha cobrado relevancia en las últimas semanas, impulsado por diputados de diversas fracciones que ven necesario un filtro más riguroso para asegurar que quienes integren la Corte Suprema cuenten con una trayectoria consolidada y comprobable ante la ciudadanía.
