San José, 20 ago (elmundo.cr) – El Frente Amplio modificó en 2026 su posición frente a la continuidad de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Después de mantener durante años una postura crítica hacia la reelección automática o indefinida, la agrupación anunció que permitiría determinadas reelecciones para evitar que el bloqueo legislativo provoque una paralización de la Sala Constitucional y, eventualmente, de otras áreas del Poder Judicial.
El cambio fue reconocido por José María Villalta, jefe de fracción del Frente Amplio, quien declaró en julio de 2026 que el partido tenía ahora una posición distinta a la que había sostenido en años anteriores.
“Antes teníamos más objeciones a la reelección de magistrados”.
Según Villalta, la modificación responde al conflicto generado por el bloqueo del oficialismo a la elección de magistrados suplentes de la Sala Constitucional. El frenteamplista sostuvo que, en ese contexto, “impedir las reelecciones podía dejar incompleta la integración de la Sala y afectar el funcionamiento de la justicia constitucional”.
La posición actual no significa, sin embargo, que el Frente Amplio haya pasado a respaldar cualquier reelección ni que haya abandonado por completo sus cuestionamientos al sistema. Los documentos partidarios, las actas legislativas y las declaraciones de diputados muestran una postura más compleja: rechazo a la reelección continua o indefinida y crítica al mecanismo constitucional que permite que un magistrado sea reelegido automáticamente si no se alcanzan 38 votos para impedirlo, pero respaldo ocasional a la continuidad de determinados jueces.
La regla constitucional
El artículo 158 de la Constitución Política establece que los magistrados de la Corte Suprema de Justicia son elegidos por períodos de ocho años. También dispone que se consideran reelegidos por períodos iguales, salvo que una mayoría de dos terceras partes de la totalidad de los miembros de la Asamblea Legislativa acuerde lo contrario.
Como el Congreso está integrado por 57 diputados, se requieren 38 votos para impedir la continuidad de un magistrado. La reelección, por tanto, opera como resultado automático si la Asamblea no reúne esa mayoría calificada en contra.
Este diseño constitucional ha sido cuestionado porque una minoría de votos favorables a la continuidad puede ser suficiente para que un magistrado permanezca en el cargo, mientras que impedir la reelección exige una votación de 38 diputados.
Ese es el origen de una de las principales críticas históricas del Frente Amplio: el partido no necesariamente se oponía a que un magistrado pudiera continuar en casos individuales, pero sí cuestionaba que la permanencia se produjera de manera automática y durante períodos sucesivos.
2014: crítica a las permanencias prolongadas
Uno de los antecedentes más claros aparece en el Acta N.° 123 del Plenario Legislativo, correspondiente al 11 de diciembre de 2014.
En esa discusión, una diputada del Frente Amplio calificó el procedimiento para resolver la continuidad de los magistrados como “sumamente desigual e ineficaz”. La intervención advertía que se necesitaban 38 votos para impedir una reelección, una mayoría que podía ser difícil de alcanzar.
Según quedó consignado en el acta, el sistema podía traducirse en la práctica en:
“magistraturas vitalicias de dieciséis o de más años”.
La posición del partido quedó expresamente registrada:
“El Frente Amplio, en ese sentido, es crítico del proceso establecido y promueve la modificación de los aspectos señalados”.
La bancada también planteaba incorporar “mayores y mejores controles objetivos entre los supremos poderes de la República”.
La crítica estaba dirigida al mecanismo de continuidad y a sus efectos. No obstante, el mismo documento demuestra que no sería exacto afirmar que el Frente Amplio rechazaba toda reelección.
En el caso del magistrado Fernando Cruz Chinchilla, la intervención señaló que no existían situaciones de corrupción o incapacidad técnica y que el funcionario había desempeñado sus labores con integridad. Por esa razón, la diputada anunció:
“En mi caso personal me llevará a votar afirmativamente la reelección del magistrado Chinchilla”.
El antecedente revela una posición matizada: rechazo a la posibilidad de permanencias indefinidas, pero disposición a apoyar la continuidad de un magistrado específico cuando, a criterio de la diputada, existían méritos para ello.
2018: propuesta para limitar la reelección indefinida
El Plan de Gobierno del Frente Amplio para el período 2018-2022 planteó reformar la Constitución para limitar la continuidad de los magistrados.
La propuesta decía:
“Presentar y apoyar reformas constitucionales para limitar la reelección continua (hoy indefinida) de magistradas y magistrados de la Corte Suprema de Justicia”.
El documento también proponía establecer impedimentos para que pudieran aspirar a una magistratura personas que hubieran ocupado cargos políticos en el Poder Ejecutivo o en la Asamblea Legislativa.
La formulación es relevante porque muestra que la preocupación histórica del partido se concentraba en la reelección continua o indefinida, y no necesariamente en prohibir cualquier reelección individual.
En otras palabras, la propuesta del FA buscaba cambiar las reglas para evitar que un magistrado pudiera permanecer durante largos períodos mediante sucesivas renovaciones, así como reducir los riesgos de politización del proceso.
2019: Villalta apoyó la continuidad de Paul Rueda
La posición de José María Villalta en 2019 también evidencia que el Frente Amplio no mantuvo una oposición absoluta a las reelecciones.
Durante la discusión sobre la continuidad del magistrado de la Sala Constitucional Paul Rueda, Villalta expresó preocupación por las fuerzas políticas que buscaban impedir su permanencia:
“Estoy preocupado de las fuerzas que se mueven detrás para no elegir a Paul Rueda, si lo quitan a él ¿a quién van a poner? Puede ser incluso a alguien peor”.
La votación registró 28 votos a favor de impedir la reelección y 23 en contra. Como se requerían 38 votos para evitar la continuidad, la moción no alcanzó la mayoría constitucional y Rueda fue reelegido por ocho años más.
Villalta cuestionó el dictamen negativo de la Comisión de Nombramientos y sostuvo que no había razones suficientes para impedir la continuidad de Rueda.
Este episodio contradice cualquier formulación según la cual el FA hubiera estado siempre en contra de la reelección de magistrados. Lo que sí coincide con su posición histórica es la preocupación por la falta de controles y por la posibilidad de que el procedimiento se utilice con fines políticos.
El cuestionamiento al secretismo
Aunque respaldó la continuidad de Rueda, Villalta también cuestionó que la votación fuera secreta.
En ese momento afirmó:
“En general creo que los actos de la Asamblea Legislativa deben ser públicos, salvo excepciones calificadas”.
Y agregó:
“Aunque la costumbre ha sido hacer secretas este tipo de votaciones, debemos eliminar esa costumbre”.
El diputado presentó una moción para que las votaciones relacionadas con la continuidad de los magistrados fueran públicas.
La combinación de ambas posiciones es significativa: Villalta podía apoyar la continuidad de un magistrado concreto y, al mismo tiempo, oponerse al secretismo y al diseño institucional que dificultaba conocer las razones de los votos.
2022 y 2023: independencia judicial y politización
La discusión sobre el sistema continuó durante la legislatura siguiente.
En 2022, Jonathan Acuña, entonces jefe de fracción del Frente Amplio, defendió la necesidad de proteger la independencia judicial durante el debate de una reforma constitucional relacionada con la elección y reelección de magistrados.
Acuña afirmó:
“Aquí tenemos que proteger un asunto de base: la independencia de esos magistrados”.
También advirtió:
“Se le debe prestar mucha atención al mecanismo de reelección, para evitar que los jueces se conviertan en serviles de los políticos”.
En otra cobertura de esa discusión, el diputado señaló que el riesgo era que los magistrados se convirtieran en:
“serviles […] en nombre de un ajedrez político”.
El Frente Amplio votó a favor de acoger la reforma para abrir la discusión sobre el sistema.
En 2023, Acuña cuestionó una propuesta que pretendía modificar la regla de votación para que la reelección requiriera 38 votos favorables, en lugar de que fueran necesarios 38 votos negativos para impedirla.
Su argumento fue:
“Convertir la votación de 38 positivos en lugar de 38 negativos, no elimina el problema”.
La observación reflejaba que, para el FA, el conflicto no se reducía al número de votos exigidos. También involucraba la politización del proceso, la rendición de cuentas de los magistrados y la independencia del Poder Judicial.
2025: oposición a la continuidad de Fernando Castillo
El antecedente más reciente antes del cambio anunciado en 2026 se produjo en noviembre de 2025, cuando la Asamblea Legislativa discutió la continuidad de Fernando Castillo Víquez como magistrado propietario de la Sala Constitucional.
Castillo buscaba un tercer período de ocho años. La bancada frenteamplista se pronunció contra su reelección. Los diputados Jonathan Acuña, Ariel Robles, Rocío Alfaro, Antonio Ortega y Priscilla Vindas votaron en contra de su continuidad, según las coberturas periodísticas del proceso.
La votación registró 24 votos para impedir la reelección y 20 en contra. Sin embargo, la Constitución exige 38 votos para evitar la continuidad, por lo que Castillo fue reelegido hasta 2033.
La entonces jefa de fracción del FA, Rocío Alfaro, cuestionó que Castillo no hubiera comparecido ante la Comisión de Nombramientos:
“El FA no dará su voto, porque es un poco darlo a ciegas, sin haberlo entrevistado”.
Jonathan Acuña también cuestionó que el magistrado buscara la reelección sin rendir cuentas ante el Congreso:
“¿Ustedes van a tratar con cariñitos a un magistrado que no da cuentas?”.
Antonio Ortega, por su parte, calificó como:
“una táctica tramposa querer ser reelecto sin haber venido a la Asamblea Legislativa”.
El caso de Castillo demuestra que, hasta noviembre de 2025, el Frente Amplio mantenía una posición contraria a esa reelección concreta, debido principalmente a la falta de comparecencia y rendición de cuentas.
2026: el giro ante el riesgo de paralización
La modificación de postura se hizo pública en 2026.
En julio, Villalta reconoció que el Frente Amplio tenía ahora menos objeciones a permitir la continuidad de magistrados. La razón expuesta fue el riesgo de que las vacantes y el bloqueo político afectaran el funcionamiento de la Sala Constitucional.
Durante una reunión de jefes de fracción celebrada en mayo, Villalta resumió la posición de esta manera:
“Lo que procederá será permitir las reelecciones, con todo el dolor del alma, porque de lo contrario va a quedar toda la justicia de este país paralizada y eso sí sería el peor escenario posible para nosotros”.
Villalta vinculó la decisión con el bloqueo del oficialismo a la elección de magistrados suplentes de la Sala Constitucional y con el temor de que la situación se extendiera a otras salas del Poder Judicial.
La agrupación, por tanto, estaría priorizando la integración y el funcionamiento del tribunal constitucional por encima de su objeción general a la reelección automática. Se trata de una decisión presentada como defensiva y temporal, no como una defensa doctrinaria de la permanencia indefinida de los magistrados.
Un giro coyuntural, no un respaldo general
Los antecedentes no muestran que el Frente Amplio haya pasado de oponerse a toda reelección a respaldarlas todas.
La evidencia muestra tres elementos simultáneos:
- El partido ha cuestionado durante años la reelección continua o indefinida y el mecanismo que la vuelve automática.
- Diputados frenteamplistas han apoyado la continuidad de magistrados concretos, como ocurrió con Fernando Cruz Chinchilla y Paul Rueda.
- La bancada también ha votado contra otras reelecciones, como la de Fernando Castillo, principalmente por razones relacionadas con la rendición de cuentas y la evaluación del candidato.
Por eso, la descripción más precisa es que el FA flexibilizó su posición en 2026 ante una coyuntura institucional que, según Villalta, podía provocar una paralización de la justicia constitucional.
El cambio representa una tensión entre la propuesta programática histórica del partido —limitar la reelección continua— y una decisión política inmediata: permitir determinadas continuidades para evitar que el bloqueo legislativo deje incompleta la integración de la Sala Constitucional.
La evidencia disponible permite afirmar que existe un giro en la estrategia del Frente Amplio, pero todavía no demuestra que el partido haya abandonado definitivamente su propuesta de reformar el mecanismo constitucional. Tampoco permite concluir que la agrupación respaldará todas las reelecciones futuras, independientemente del perfil del magistrado, su rendición de cuentas o las circunstancias del caso.
La posición actual puede resumirse así: el Frente Amplio mantiene sus críticas al sistema de reelección automática o indefinida, pero está dispuesto a aceptar continuidades específicas cuando considere que la alternativa —dejar vacantes sin cubrir y permitir la paralización de la Sala Constitucional— representa un riesgo mayor para el funcionamiento del Poder Judicial.
