San José, 13 jun (elmundo.cr) – La Fiscalía de Probidad, Transparencia y Anticorrupción de Santa Cruz confirmó que investiga a Luis Eduardo Gutiérrez Rosales, exalcalde de Nicoya y a Marco Antonio Jiménez Muñoz, actual alcalde por haber cometido, presuntamente múltiples delitos en el ejercicio de sus cargos.
Esta mañana, Jiménez Muñoz fue arrestado y trasladado al Juzgado Penal de Hacienda en San José a la espera de una audiencia donde se dictarían medidas cuatelares en su contra.
Según un comunicado de prensa enviado por el Ministerio Público, se están investigando los presuntos delitos de nombramiento irregular, abuso de autoridad, influencia en contra de la hacienda pública, legislación o administración en provecho propio y reconocimiento ilegal de beneficios laborales.
De acuerdo con la Fiscalía el actual alcalde y un hombre de apellidos Oviedo Quesada, quienes se desempeñaban en 2009 como presidente y tesorero de la Comisión de Fiestas Patronales de Nicoya, respectivamente, adjudicaron a favor del entonces alcalde, Gutiérrez Rosales, los chinamos de las fiestas sin hacer un respectivo remate.
Según los acusadores, tal actuación produjo una afectación al Patrimonio Municipal de Nicoya.
Los otros hechos por los que se acusa al actual alcalde son más complejos, pues involucran a cuatro funcionarios municipales más.
Según la Fiscalía, se investiga el trámite de una solicitud de concesión para una persona jurídica, sobre un área de 40 hectáreas en la zona marítimo terrestre de playa Barrigona, en Sámara, en la cual se habría presentado una serie de irregularidades.
La primer irregularidad detectada durante la investigación fue que una perito evaluadora del Gobierno Local, de apellidos Briceño Cárdenas, confeccionó el plano que dio sustento a la solicitud de concesión, pese a que ella recibía compensación para no ejercer su profesión liberalmente.
Según la acusación, el actual alcalde le dijo a los representantes de la sociedad que pidió la concesión (y de la cual él es socio) que tal gestión por parte de la perito era “privilegiada”, lo que le daría un derecho de prioridad para que se resolviera antes que cualquier otra petición.
Otra irregularidad investigada es la compra de un terreno para el cementerio local de Nicoya, mediante una licitación pública.
Según la Fiscalía, el proceso estuvo plagado de ilegalidades en el momento de la adjudicación, aparentemente orquestadas por el alcalde, la asesora legal de la municipalidad (de apellidos Mora Benavides) y un regidor municipal (de apellidos Vargas Zúñiga).
Según la investigación, el departamento de Proveeduría habría enviado un oficio al Concejo Municipal en octubre del 2016, recomendando la compra del terreno a un propietario que, al parecer, cumplía todos los requisitos, pero era representado por su sobrina, la asesora legal de la Municipalidad.
Dicho terreno tenía además tres procesos judiciales sobre él y por otro lado, la finca no cumplía con lo estipulado en el Reglamento General de Cementerios y que está afectada por la Ley Forestal.
