San José, 23 sep (elmundo.cr) – La Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (FAPTA) allanó este lunes la casa de la presidenta ejecutiva de la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS) Marta Esquivel.
Esto como parte de una investigación por un presunto sobreprecio millonario en la adjudicación de contratos a cooperativas para la operación de Ebais.
Según el reporte del OIJ, Esquivel no se encontraba dentro de la vivienda cuando llegaron los oficiales de policía.
Por su parte, el Ministerio Público confirmó que ya detuvo a seis altos funcionarios y exfuncionarios de la Junta Directiva de la CCSS, de apellidos Rojas, Gómez, Araya, Porras, Gutiérrez y Quirós.
Esta acción judicial incluye 28 allanamientos, uno de ellos en la sede central de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), en San José. Las pesquisas versan sobre los supuestos delitos de influencia contra la Hacienda Pública y tráfico de influencias.
La FAPTA indicó que la Junta Directiva de la Caja se arrogó del conocimiento de un concurso público para la administración de 138 Ebáis.
“Se presume que los imputados anularon el procedimiento de compra que estaba listo para ser publicado y, en su lugar, instruyeron uno nuevo en el cual habrían ejercido control y, prevaleciéndose de sus cargos, influyeron sobre otros funcionarios para modificar el pliego de condiciones de acuerdo con los intereses de las cooperativas”, indicó la Fiscalía.
Además indicó que “lo anterior a pesar de que se determinó que las ofertas presentadas por las cinco entidades eran excesivas, significando un incremento anual de más de 12,400 millones de colones respecto al costo actual de la prestación del servicio en ejecución en las mismas áreas de salud en igualdad de condiciones técnicas, es decir, que serían más costosos de lo que invertiría la CCSS si tuviera que asumir el servicio”.
Las autoridades judiciales presumen que miembros de esa JD sostuvieron reuniones con los oferentes, lo cual pudo haber generado una ventaja indebida a estos.
También se indaga sobre el plazo de contratación del servicio adjudicado, puesto que la Ley de Contratación Pública dispone de un período ordinario que no puede superar los cuatro años, sin embargo, este se confirió por 10 años.
Las áreas de salud adjudicadas el pasado 6 de julio son Pavas, Desamparados 2, Santa Ana, Escazú, San Francisco-San Antonio, San Pablo, Barva, Tibás, La Carpio-León XIII, y San Sebastián-Paso Ancho.
En este momento, los equipos de fiscales y policías trabajan en el registro de los inmuebles allanados, para localizar prueba que puedan incorporar al expediente bajo investigación 24-000267-1218-PE.
