San José, 2 feb (elmundo.cr) – El fiscal general de la República, Carlo Díaz, achacó a la deuda histórica en materia de ejecución de la pena y a la intervención del Instituto Nacional de Criminología (INC), la grave situación que se presenta con la gran cantidad de antisociales que son detenidos, juzgados y condenados por los jueces, pero que no cumplen su condena y a veces ni siquiera van a la cárcel.
El fiscal Díaz brindó sus declaraciones en la Comisión de Seguridad y Narcotráfico a donde se le llamó para que se refiriera a la legislación y la etapa de ejecución penal, los beneficios existentes, la coordinación interinstitucional, además del caso del homicidio cometido el 16 de enero, en las inmediaciones del Estadio Antonio Escarré, por parte de un reo con tobillera. A Diaz lo acompañaron Mauricio Boraschi, Fiscal Adjunto y Carlos Montenegro, Fiscal Adjunto de Ejecución de la Pena.
El titular del Ministerio Público no se quedó en el problema de legislación y en la falta de una ley de ejecución de la pena, sino que agregó la interferencia del Instituto Nacional de Criminología (INC) , que en una acción que considera inconstitucional, ya la expusieron ante la Sala Cuarta, otorga libertades a los reos sin siquiera comunicárselo a ellos o al juez que la dictó.
Diaz explicó que la legislación permite tres alternativas a la prisión como son el beneficio de ejecución condicional de la pena, el arresto domiciliario con monitoreo electrónico (tobilleras) y desinstitucionalidad de las personas (libertad condicional).
El Fiscal insistió en que ante este hecho, presentaron una acción de inconstitucionalidad por cuanto consideran que las acciones que realiza el INC se encuentran al margen de sus responsabilidades, pues es exclusivamente un juez el obligado a hacer cumplir las leyes y velar por los derechos de los imputados.
Para el fiscal es urgente actualizar la legislación nacional en materia de ejecución de la pena y que se impongan requisitos que puedan ser más medibles y acordes con una ley pro social, pues la que rige en la actualidad es muy omisa.
Los requisitos para pedir libertad condicional son que sea un indiciado primario y que haya cumplido, al menos, la mitad de la pena, pero en la actualidad, estos puntos mínimos ni siquiera son necesarios para que el INC otorgue una libertad.
Sobre el monitorio electrónico y las tobilleras con que se beneficia a muchos reos, Díaz reconoció la problemática de falta de recursos para dar un buen servicio y dijo que lo que más les preocupa es que ni siquiera se les comunican los incumplimientos que ejecutan los beneficiados.
Con relación a uno de los temas principales por los que se le convocó, a saber la muerte de una persona, el pasado 16 de enero, aparentemente por un beneficiario de tobillera, el Fiscal reconoció que fue la dependencia que encabeza la que solicitó una medida alternativa a la prisión preventiva y explicó que esto se debe a la existencia de un video que grabó los hechos en el que pareciera que el imputado actuó en legítima defensa.
El congresista del Partido Unidad Social Cristiana, Horacio Alvarado, consultó si considera conveniente que se unifiquen todas las policías que existen en el país para lograr así la coordinación que se requiere. Para el Fiscal Díaz esto no es necesario, lo que debería existir y ya se está trabajando es en un Consejo de Seguridad que sea el que coordine las acciones con todos los actores.
Actualmente la coordinación de ese equipo la está llevando a cabo el Poder Ejecutivo.
