Desatar un nudo político exige la habilidad y sensatez de actores firmemente comprometidos con la democracia.
De nuevo es puesta a prueba nuestra libre y democrática República. El reciente fallo de la Sala Cuarta -que decidió un amparo bajo el argumento de restablecer la tutela constitucional efectiva al “prorrogar” el nombramiento “vencido” de sus suplentes– desató una tormenta perfecta frente al Legislativo y Ejecutivo; ambos alegan que se menoscaba la independencia de poderes y vulnera la Constitución, pues tal proceder invadió una competencia reservada por el constituyente a la Asamblea.
En efecto, esa salida jurídica diseñada para superar el conflicto entre el Judicial y el Congreso por el desacuerdo político en las designaciones de magistraturas suplentes, es reprochada por el Gobierno y la fracción oficialista. Su válido argumento es que la decisión quebranta la Carta Magna que la misma Sala está llamada a cumplir y proteger, toda vez que el artículo 121 inciso 3, establece claramente que es atribución exclusiva y excluyente de la Asamblea nombrar las magistraturas judiciales y aprobar o no su continuidad.
Para el Tribunal Constitucional no existe extralimitación alguna. Aduce haber actuado para garantizar la continuidad de la justicia como servicio esencial y derecho básico, mientras el Congreso decide los nombramientos. ¿Acaso no habría sido jurídica y políticamente menos perjudicial el traslado emergente y transitorio de magistraturas suplentes vigentes de otras salas, en lugar de una inédita autoprórroga de mandatos vencidos? En todo caso, se entiende que la actual nómina de 18 postulantes no es precisamente de constitucionalistas.
Por eso, el Gobierno y su bancada sostienen que, pese a la excepcionalidad y temporalidad de la medida, esta sienta un nefasto precedente porque la Sala terminó operando como un legislador de facto, colocándose por encima de la Ley.
En tales circunstancias surge un evidente conflicto entre poderes que, irónicamente compete resolver a la misma Sala Cuarta. Para el Legislativo, seguir por esa vía no tendría sentido, de ahí que ha preferido señalar a la mayoría de ese órgano judicial como autores de un presunto prevaricato, al infringir groseramente -entre otros- el Principio de Legalidad dispuesto en el numeral 11 de la Constitución, en relación con las indelegables potestades del 121.
Se trata de una ruta compleja que precisa de investigación, acusación y desafuero antes de avanzar a la Sala Tercera. Este legítimo camino es posible que solo logre profundizar el desgaste institucional, sofocar los ya estrechos espacios de diálogo productivo en el Legislativo y bloquear las agendas prioritarias que el país tanto necesita, incluido cualquier eventual arreglo para impedir reelecciones de inamovibles magistraturas propietarias.
Semejante nudo político-jurídico podría desatarse invocando el vulnerado espíritu del propio artículo 9 constitucional, el cual, al tiempo que reconoce la separación e independencia de los poderes, también prevé una mutua coordinación y colaboración en beneficio de la Patria.
Así, el inicio de una salida limpia tendrá lugar cuando la Corte remita, a la brevedad, la nómina de 6 candidaturas requeridas por el Congreso para completar la actual de 18 postulantes. Una vez recibida, la Presidencia Legislativa podrá agendar y someter a votación la lista completa conforme a la Ley, a fin de nombrar y juramentar las magistraturas suplentes idóneas del caso.
Este deseable e indispensable escenario dejaría sin efecto el carácter provisional que la propia Sala Cuarta atribuyó a su cuestionada resolución. Además, permitiría rebajar la tensión entre los poderes públicos, reafirmaría la reputación del país como democracia plena, y allanaría en buena medida la ruta parlamentaria en el albor del periodo de sesiones ordinarias.
Costa Rica lo merece y lo reclama:
- Una justicia pronta y cumplida, no solo en el ámbito constitucional.
- Menos conflicto y más funcionalidad de las instituciones clave a favor de la gobernabilidad.
- Una agenda legislativa volcada en aquellos proyectos que impactan el desarrollo y seguridad del país.
- Respeto absoluto a las reglas del juego democrático, por encima de la tentación de transgredirlas y de cualquier controversia coyuntural.
Un problema en apariencia irresoluble -entre la innegable soberanía de la Asamblea para designar magistraturas judiciales, y la obligación de velar por la tutela de los derechos fundamentales- no se deshace con tóxicos y orquestados relatos de autoritarismo: se soluciona con el esfuerzo real de actores dispuestos a comportarse como verdaderos patriotas, y no como adversarios de tribuna en busca de réditos políticos y electorales inmediatos.
Al igual que en el mito, este nudo gordiano solo lo cortará la espada que empuñen quienes deben demostrar que están a la altura de la democracia que con insistencia dicen defender. El pueblo ya está cansado de las mañosas y viejas prácticas políticas, así como de los desgastados trucos jurídicos y legislativos.
¡Más militancia por Costa Rica, menos retórica vacía y más acción valiente de demócratas verdaderos!
