San José, 9 nov (elmundo.cr)- Está mañana el jefe de fracción del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), Johnny Leiva, se apersonó a la Corte Suprema de Justicia, para presentar un Recurso de Amparo contra el Poder Ejecutivo y el Instituto Nacional de la Mujer (INAMU).
El motivo de la denuncia se da alegando la falta de confección por parte del Gobierno de un reglamento para la Ley N°9095, Contra la Trata de Personas, que según dicen los socialcristianos, debería de existir desde hace dos años atrás.
Sin embargo, la administración de la Expresidenta de la República, Laura Chinchilla, dejó pasar 12 meses la construcción de este reglamento que debía elaborarse en un plazo de aproximadamente tres meses luego de su aprobación en el 2013, situación que no es ajena por el actual mandato del Presidente, Luis Guillermo Solís, quien ya cumplió 18 meses en el cargo sin hacer cumplir está norma.
Según el diputado, la falta de elaboración de este reglamento ha imposibilitado al INAMU de girar los recursos necesarios para la construcción de un albergue que asista a las víctimas de trata con fines de explotación sexual, así como a los hijos e hijas de estas personas.
La construcción del albergue, requiere de un presupuesto de 327 millones de colones, monto monetario que según dicen los socialcristianos no significa un mayor esfuerzo para la institución, pues el INAMU cuenta con un superávit de unos 9800 millones de colones.
Por su parte, esta bancada, pedirá en control político que se investigue la situación que se vive actualmente en el país sobre la trata de personas para así poder tomar mejores medidas para reducir este delito. Además, aseguran que presentarán ante el plenario legislativo una moción que autorice la partida de 335 millones de colones para construir el albergue.
Para los socialcristianos, la falta de ejecución del Gobierno en este tema violenta la normativa internacional que obliga a Costa Rica velar por el cumplimiento de la Ley 9095.
