San José, 15 mar (elmundo.cr)- Los diputados aprobaron esta tarde con 37 votos a favor y uno en contra un proyecto de ley que permitiría regular la venta de productos artesanales como granizados, vigorón y patí, en sitios públicos.
Dichos puestos son ambulantes y muy recurridos por los turistas, sin embargo, al no contar estos con el aval de las municipalidades son ilegales.
La iniciativa busca que por medio de permisos temporales de un año, las municipalidades regulen en sus jurisdicciones, la venta de frutas, preparación de alimentos y bebidas en los sitios que previamente definan; siempre y cuando se cuente con los servicios públicos necesarios para garantizar la protección de la salud pública. Para ese fin, el Ministerio de Salud emitirá un reglamento especial.
“Nosotros tenemos una dificultad en diferentes provincias con cierta población que no tiene acceso a ningún empleo y que está metido en un tema de alguna actividad económica informal y aveces que carece de la legalidad, muchos de esos casos están en diferentes partes del país y afectan principalmente a las costas”, explicó la diputada Karla Prendas.
Los reglamentos municipales deberán preservar la estética urbana y la libertad de tránsito; así como los factores sociales y turísticos que favorezcan a la comunidad.
Además, los permisos regulados serán gratuitos y podrán prorrogarse a solicitud del permisionario por períodos iguales mediante acto administrativo debidamente fundamentado. Los permisionarios no podrán ceder o arrendar los permisos ni podrán actuar como simples intermediarios.
Piden propuesta a candidatos
La falta de fuentes de empleo y la necesidad de llevar el alimento a sus hogares ha llevado a quienes viven principalmente en las costas a crear sus propios negocios, para subsistir a partir del turismo.
Es por ello, que cada vez son más los emprendedores quienes buscan, pese a no contar con regulaciones, poner sus negocios propios. Ese es el caso de Mildred Hampton, una vigoronera de Puntarenas a quien salir adelante con su negocio se ha convertido en un dolor de cabeza, pues la municipalidad constantemente le quita su carreta, con la que trabaja.
Ante ello, la emprendedora quien invierte cerca de 70 mil colones por semana en los productos, pidió ayuda a los candidatos presidenciales, para que lleven propuestas reales para mejorar la situación que viven en las zonas costeras.
“Trabajar es un derecho y legalizada es un derecho aún mayor, estamos cansadas de estarnos ganando el sustento limpiamente, queremos que nos ayuden, aquí en Puntarenas no hay trabajo y no entiendo como los candidatos no han puesto un plan que se fije en la realidad de Puntarenas, somos una provincia caída”,comentó.
Ahora el proyecto será consultado a las municipalidades del país previo a votarse en segundo debate.
