San José, 13 oct (elmundo.cr)-Los diputados Otón Solís del Partido Acción Ciudadana (PAC) y Mario Redondo del Partido Alianza Demócrata Cristiana afirma que el proceso de licitación y construcción de la nueva sede del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) está mediado por la corrupción.
“Eso es corrupción, eso estaba amarrado, eso es corrupción”, dijo Solís, mientras que las palabras de diputado Redondo, quien además funge como presidente de la Comisión de Control de Ingreso y Gasto Público encargados de investigar este tema, afirmó “de este tema me llega un fétido olor a chorizo”.
Las aseveraciones radican en que dos de las empresas que participaron en el concurso para construir la obra conocían de antemano los planos del nuevo edificio y que se limitará a un proceso construcción prefabricado.
“Esto nació enfermo”, añadió el legislador de la fracción oficialista.
“Cuando algo huele a pato, camina como pato y grazna como pato, definitivamente es un pato”, comentó el diputado Mario Redondo.
Anteriormente se había cuestionado la forma en que salió a concurso la construcción de la nueva sede del Ministerio, por considerar que el modelo constructivo de piezas prefabricadas limitaba la participación de otros oferentes, diferentes a los que presentaron su nombre para la adjudicación de la obra.
Los trabajos de esta obra fueron frenados por la Contraloría General de la República días atrás. Luis Gerardo González, Director de Edificaciones del MOPT, explicó a los diputados, que la decisión de un modelo prefabricado se tomó debido a que se debía devolver un terreno que ocupa el Ministerio con oficinas y talleres propiedad del Liceo de Costa Rica.
A criterio de González, la mejor opción era la construcción de un edificio prefabricado, donde participaron en el cartel tres empresas, mismo que fue frenado por la Contraloría, ya que, algunas empresas alegaron que el plazo para presentar las propuestas fue muy corto.
No obstante, Allan Ugalde, Gerente de la División Contratación Administrativa Contraloría General de la República, explicó que se conocía que se había ampliado el plazo para entregar los terrenos al Liceo.
El jefe de fracción del Movimiento Libertario, Otto Guevara, indicó que “la administración induce a error a la Contraloría por el plazo en el que se debe traspasar el lote al centro educativo”.
Ante la duda de los legisladores de por qué habían participado solo tres empresas, explicó que una nota aportada por el Colegio de Ingenieros señalaba que 3 compañías podrían cumplir con lo establecido en el modelo constructivo y la Contraloría recomendó que el plazo para presentar ofertas no fuera menor a 3 días.
Por su parte, Jorge Orguilve, jefe a.i. del Departamento de Obras del MOPT, aseguró ante los diputados que su departamento fue “marginado del proceso para la adjudicación de las obras”.
Además, explicó que en los terrenos que debe devolver el Ministerio al Liceo de Costa Rica no trabajan más de 50 trabajadores, mientras que funcionarios del MOPT habían afirmado la semana anterior que en estas edificaciones laboraban más de 600 personas.
