San José, 27 feb (elmundo.cr)- Para la legisladora verdiblanca Sandra Piszk, el Presidente de la República, Luis Guillermo Solís “irrespeta la legalidad” en el acuerdo tomado junto con la viceministra Ana Gabriel Zuñiga, para que esta deje percibir un 20% de su incentivo salarial de prohibición, hasta que la Contraloría General de la República se pronuncie sobre su legalidad.
Según dijo la legisladora, en este caso, cualquier arreglo o devolución de dineros que no correspondan debe hacerse en apego al “Reglamento General para el Control y Recuperación de Acreditaciones que no Corresponden”, emitido mediante Decreto 34574-H.
Piszk explicó que este reglamento esta vigente desde el año 2008 y es el que regula el control y recuperación de los dineros pagados incorrectamente por el Gobierno a funcionarios.
Dicho decreto establece los procedimientos y las responsabilidades de los gestores de los pagos y los receptores de los mismos.
“Si han reconocido que se han cobrado dineros de más de manera ilegal lo que procede es devolverlos al Estado por los canales establecidos y a la mayor brevedad y sobretodo, sin afectar la Hacienda Pública”, enfatizó Sandra Piszk.
Finalmente, la legisladora manifestó que “es preocupante que por segunda vez, primero la viceministra quien dijo que no acataría los dictámenes de la Contraloría y la Procuraduría y ahora el señor Presidente irrespeten la institucionalidad del país”.
