San José, 13 set (elmundo.cr) – Pese a que el Ministerio de Seguridad Pública estima que Costa Rica tiene un faltante de 1600 oficiales de la Fuerza Pública, el proyecto de Ley que revivirá el impuesto a las personas jurídicas no permitirá que esos recursos se utilicen para pagar ni contratar nuevos oficiales.
Así se desprende de la lectura del proyecto de Ley, tramitado en el Congreso bajo el expediente 19.818 y la confirmación de ello por parte de los diputados de diversos partidos políticos representados en Cuesta de Moras.
El artículo 10, referido a las entidades a las que se destinará el impuesto deja claro que ni el Ministerio de Seguridad Pública, al que se le dará el 90% de lo recaudado; el Ministerio de Justicia y Paz que tendrá el 5% ni el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), podrán usar los dineros para pagar “remuneraciones, horas extra, viáticos, transporte al interior o exterior del país, servicios de gestión ni apoyo”.
En el caso de los ministerios de Seguridad; Justicia y Paz, la limitación contenida en dicho artículo hará que los recursos que se recauden producto de ese impuesto solamente se puedan destinar para equipamiento e infraestructura.
Rolando González, diputado del Partido Liberación Nacional declaró que el proyecto está redactado de esa forma, ya que cuando empezó a tramitarse tenía como propósito reforzar equipamiento e infraestructura para los policías.
“Cuando se tramitó desde un inicio se previó que sería para reforzar equipamiento e instalaciones relacionadas con policía, represión y seguridad no para crear plazas ni incrementar el costo de la planilla del Estado“, dijo el verdiblanco.
De acuerdo con González, la eventual autorización para contratar más policías, con el consecuente incremento de las plazas debe discutirse “en otras circunstancias y en otras condiciones”.
José Ramírez Aguilar, diputado del Frente Amplio integrante de la Comisión de Hacendarios -misma que estudia el proyecto de Ley- declaró que el proyecto tiene como fin que el Ministerio de Seguridad refuerce en infraestructura y otras necesidades de equipamiento, tales como uniformes para sus oficiales.
“La idea es que el Ministerio de Seguridad manifieste sus necesidades y en esa línea estaríamos analizando para hacer un ajuste de ser necesario. El Frente Amplio está en la linea de que esos recursos se usen para abastecer las necesidades que mejoran las labores del Ministerio de Seguridad Pública y que este establezca como prioritarias”, manifestó Ramírez Aguilar.
Por su parte, Gerardo Vargas Rojas, jefe de bancada del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC) secundó también las declaraciones dadas por los otros diputados y dijo que la propuesta de su partido es reforzar el tema de infraestructura carcelaria.
“El tema de los salarios es un tema que el Gobierno debe de buscar la forma de hacerlo, siempre lo ha hecho vía Presupuesto de la República. Este es un impuesto especial, si la propuesta se está limitando a que no se utilizada en salarios, es para prevenir que no pase lo que pasaba en el pasado, de que se amplía la planilla del Estado sin que necesariamente eso resuelva los problemas”, acotó el socialcristiano.
Finalmente, Víctor Morales Zapata, diputado oficialista y también integrante de la Comisión de Hacendarios manifestó que a la hora de que se planteó el proyecto de Ley, se precisó un destino que no cubre el faltante de oficiales de Fuerza Pública.
“Ese es un elemento que marca este proyecto, pero la verdad es que el tema de seguridad no estamos observándolo solamente a partir del financiamiento mediante este proyecto, sino también estamos hablando de poder incorporar rubros en el Presupuesto del 2017 que permitan solventar el tema de recurso humano y salarios”, manifestó.
El proyecto de Ley de impuesto a las personas jurídicas se encuentra en la etapa de presentación de mociones.
Otto Guevara del Movimiento Libertario anunció que hablará por 100 horas para evitar que la iniciativa sea aprobada.
El legislador declaró en el Plenario del Congreso que espera que una vez concluidas sus intervenciones, el proyecto llegue al Plenario alrededor del mes de febrero del 2017.
El anterior impuesto a las personas jurídicas fue declarado inconstitucional por parte de los Magistrados que integran la Sala Constitucional, al detectar que los diputados que promulgaron la Ley que le dio vida en ese entonces, violentaron el principio de publicidad al no haber enviado a publicar el texto de la iniciativa, al cual se le hicieron cambios importantes con respecto al texto inicial.
Sin embargo, los Magistrados dimensionaron los efectos de la declaratoria de inconstitucionalidad y estimaron que el mismo no debía pagarse a partir del año 2016, más sí el monto producto de los años anteriores.
Los diputados del Partido Unidad Socialcristiana impulsan mociones para condonar las deudas de las sociedades morosas en ese impuesto, aunque esta idea no ha ganado los adeptos necesarios en el Congreso.
Asimismo, esa pretensión podría ser contraria al fallo de la Sala Constitucional, que ordenó que esos recursos, que alcanzan a 126.967 millones de colones, deben ser cobrados.
Inclusive, la Contraloría General de la República emitió recientemente un informe de auditoría sobre el cobro del anterior impuesto a las sociedades.
En él se reveló que pese a que la Ley -inconstitucional- establece que cuando una sociedad acumula tres años de morosidad en ese tributo, debe anularse su inscripción en el Registro Nacional, ninguna de las 250.501 sociedades que están en esa condición, ha sido desinscrita por esa institución.
El Registro Nacional alegó que la publicación del edicto en La Gaceta que debe hacerse antes de proceder a anular la inscripción de la sociedad, es muy caro y no tienen recursos para hacerlo.
La Contraloría General de la República ordenó a Cecilia Sánchez, ministra de Justicia y Paz ordenar que de inmediato se inicien los procedimientos de cobro de los impuestos adeudados y además, hacer lo posible para que el Registro Nacional empiece a anular la inscripción de las sociedades morosas.
