San José, 23 abr (elmundo.cr) – Un total de 4.560 casos por infracción ambiental permanecen sin resolución por parte del Tribunal Ambiental Administrativo del Ministerio de Ambiente y Energía (Minae), según reveló una reciente investigación de la Defensoría de los Habitantes.
A esta cifra, que evidencia la crítica situación del órgano encargado de sancionar los daños al patrimonio natural del país, se suman otros 317 expedientes que se encuentran actualmente en etapa de seguimiento.
La investigación de la Defensoría señala que persisten “debilidades estructurales” que impiden la celeridad y eficacia en la tramitación de las denuncias. Uno de los puntos más críticos ocurrió entre marzo y octubre de 2025, periodo en el cual el Tribunal careció de quórum debido a la renuncia de varios de sus integrantes, lo que obligó a la suspensión total de audiencias orales y públicas, agravando significativamente el rezago.
Aunque el Tribunal Ambiental cuenta con un presupuesto aprobado para 2025 de ₡695.398.000, la entidad ha enfrentado recortes en áreas clave como seguridad y digitalización de expedientes. Además, el Tribunal reportó contar únicamente con seis plazas de profesionales en Derecho para atender denuncias a nivel nacional, lo que implica una carga de trabajo superior a los 500 expedientes por funcionario, situación que se ha visto agravada por el traslado de plazas hacia otras dependencias del Minae.
Pese a que el Tribunal ha formulado propuestas desde 2021 para fortalecer la gestión institucional y establecer criterios de priorización de casos urgentes, las autoridades indicaron a la Defensoría que dichas iniciativas no han recibido un pronunciamiento formal por parte de las jerarquías superiores.
Ante este panorama, la Defensoría de los Habitantes emitió una serie de recomendaciones al Minae, entre las que destacan:
- Asegurar el nombramiento oportuno de jueces suplentes para evitar la falta de quórum ante renuncias o ausencias.
- Adoptar las medidas presupuestarias y organizativas necesarias para fortalecer la capacidad operativa.
- Diseñar y ejecutar un plan institucional específico para reducir el rezago acumulado.
- Remitir a la Defensoría un cronograma detallado de acciones para el periodo 2026.
El Tribunal Ambiental Administrativo tiene como función fundamental conocer y resolver en sede administrativa las denuncias por violaciones a la legislación ambiental, con la potestad de ordenar medidas cautelares, establecer responsabilidades e imponer indemnizaciones de acatamiento obligatorio.
