San José, 21 nov (elmundo.cr)- La Defensoría de los Habitantes presentó ante los Magistrados de la Sala IV que estudian la consulta de constitucionalidad del Proyecto de “Ley De Presupuesto Ordinario y Extraordinario de la República para el Ejercicio Económico 2017”, una coadyuvancia.
Esto se debe a los recortes presupuestarios que se le realizarán específicamente al Patronato Nacional de la Infancia (PANI) y a los programas de los Centros de Educación y Nutrición y los Centros Infantiles de Atención Integral (CEN-CINAI).
“Al suscribir la Convención sobre los Derechos del Niño, el Estado costarricense ha asumido el compromiso ante la comunidad internacional y frente a la población menor de edad del país, de adoptar todas las medidas administrativas, legislativas, financieras y de cualquier otra índole, para garantizar el pleno ejercicio de los derechos allí reconocidos a todos los niños, niñas y adolescentes”, señala la institución.
Aunado a ello, condideran que a la luz de los instrumentos internacionales, Costa Rica asume la obligación jurídica de asegurar que sus leyes, políticas y prácticas nacionales estén en armonía con los derechos humanos.
“Es deber de los Estados no incumplir directamente los derechos reconocidos, sino también asegurar las condiciones que permitan su respeto, protección, goce y ejercicio”, aseguran.
Agrega la Defensoría que los recortes presupuestarios pretendidos atentan contra el Principio de Control de Convencionalidad, obligación de toda autoridad pública, que consiste en verificar la compatibilidad de las normas y demás prácticas internas con la Convención Americana de Derechos Humanos, la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y los demás tratados interamericanos de los cuales el Estado sea parte.
Asimismo, afirma que solo mediante los presupuestos públicos es posible prestarles servicios como la salud, la educación y la protección especial y hacer efectivos sus derechos, por ello reiteran no sólo la violación de los derechos de los niños y adolescentes por el recorte presupuestario, sino además su irrazonabilidad, al considerar la redistribución de los recursos recortados al PANI hacia el Ministerio de Seguridad Pública, Ministerio Público, Ministerio de Justicia y Ministerio de Agricultura y Ganadería.
