San José, 27 mar (elmundo.cr) – La Defensoría de los Habitantes señaló que el mal estado de los centros educativos en el país debe ser una prioridad para el Ministerio de Educación Pública (MEP).
Las denuncias que han presentado ante la Defensoría exponen problemas con pisos y paredes agrietadas, deficiente ventilación e iluminación, falta de agua potable, inaccesibilidad para estudiantes con discapacidad, y carencia de espacios de convivencia adecuados.
A la Defensoría le preocupa que este deterioro o ausencia de infraestructura además de exponer a riesgos a la integridad física de los estudiantes limita su derecho al desarrollo y a una educación de calidad, derecho fundamental de todo niño, niña y adolescente.
Según registros de la Defensoría, durante el año 2018-2019, se recibieron cerca de 15 solicitudes de intervención relacionadas con problemas en la infraestructura de centros educativos.
Actualmente, la Defensoría mantiene activas investigaciones por problemas relacionados con infraestructura en los siguientes centros educativos:
Centro Educativo | Región |
Esc. Ascensión Esquivel | Liberia |
Esc. Rogelio Fernández | Ciudad Colón |
Esc. Altos Km 83 | Osa |
Esc. La Katira | Guatuso |
Liceo Rural Bahía Drake | Bahía Drake |
Escuela Bokobata (indígena) No agua | Buenos Aires |
Esc. La Florida | Isla Venado |
Esc. Barrio San Martín | Nicoya |
Esc. Pilas | Buenos Aires |
Liceo Napoleón Quesada | Guadalupe |
Esc. María Vargas Rodríguez | Ciruelas, Alajuela |
Liceo Villa Hermosa | Buenos Aires |
Esc. La Flor de Bahía | Osa |
Instituto de Enseñanza General Básica de Atención Prioritaria de Limón 2000 | Limón |
Esc. Líder Corales | Limón |
La Defensoría mencionó que el MEP presenta problemas en el modelo de gestión de la infraestructura educativa en relación con la magnitud de la demanda que debe ser atendida; además no existe una planificación adecuada que sea propositiva y no reactiva, así como la armonización de los criterios para la ejecución de los recursos presupuestarios y poca eficiencia en los niveles administrativos de ejecución.
A esto se suma, la existencia de trámites administrativos complejos entre instituciones que generan retrasos en la consecución de los permisos de construcción, remodelación y obra nueva.
La Defensora de los Habitantes, Catalina Crespo señaló que “el Estado es responsable de asegurar las condiciones que permitan la plena realización de los derechos del niño y en particular, el derecho a una educación de calidad”.
“En este sentido, el Estado costarricense debe ofrecer un ambiente pedagógicamente propicio y las condiciones mínimas infraestructurales para el adecuado desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje, incluida, en forma básica, el elemento de la seguridad en sus centros educativos”, agregó.