San José, 30 jun (elmundo.cr) – La diputada de Pueblo Soberano, Marta Esquivel, presentó ante la corriente legislativa el proyecto de ley denominado “Ley de Fortalecimiento de la Transparencia y el Control Democrático del Ministerio Público”, con el cual busca transformar radicalmente el proceso de designación y supervisión del fiscal general de la República.
La propuesta plantea que el máximo jerarca del Ministerio Público deje de ser nombrado por la Corte Plena y pase a ser elegido por la Asamblea Legislativa, mediante un concurso público y con el respaldo de dos terceras partes de los diputados.
“Costa Rica necesita una Fiscalía que, además de ser independiente, sea transparente, rinda cuentas y responda al interés público. Con esta iniciativa buscamos fortalecer la confianza de la ciudadanía en el Ministerio Público mediante una elección abierta, reglas claras y mecanismos efectivos de supervisión”, señaló la legisladora Esquivel.
Ejes principales del proyecto
La iniciativa legislativa introduce varios cambios estructurales destinados a garantizar la idoneidad y la rendición de cuentas del cargo:
- Elección por mayoría calificada: El nombramiento requeriría el respaldo de al menos dos terceras partes de los diputados, tras un proceso de concurso público.
- Rendición de cuentas obligatoria: El fiscal general deberá comparecer anualmente ante el Congreso para informar sobre su gestión.
- Requisitos rigurosos: Se establecen criterios más estrictos para asegurar la independencia, idoneidad y solvencia moral de los aspirantes.
- Control de influencias: Se incluyen reglas claras para prevenir conflictos de interés y el fenómeno de las “puertas giratorias”.
- Régimen disciplinario: Se incorporan nuevas causales de destitución ante faltas a la probidad, comisión de delitos o bajo desempeño en el ejercicio de sus funciones.
Actualmente, el fiscal general es designado por la Corte Plena. Según la exposición de motivos de la diputada, el objetivo es que una institución con tanto poder actúe siempre al servicio del pueblo y no de intereses particulares, reforzando así la confianza ciudadana en el sistema de justicia.
