San José, 22 may (elmundo.cr) – Ante el aumento de casos de estafas y fraudes electrónicos, la Defensoría de los Habitantes solicitó a la Superintendencia General de Entidades Financieras (SUGEF) aclarar varios aspectos de la nueva normativa que entrará en vigencia el 1 de junio de 2025.
Esta normativa, adicionada por el Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (CONASSIF), establece “Aspectos Mínimos de Control para Prevenir y Mitigar la Ocurrencia de Estafas Informáticas en Contra de los Usuarios Financieros”.
La Defensoría busca determinar si la nueva regulación cumple con las recomendaciones del Comité de Supervisión Bancaria de Basilea en materia de fraudes electrónicos.
Además, se solicitó a la SUGEF un criterio sobre cómo se aplicará el principio de responsabilidad objetiva, un derecho de los consumidores financieros reconocido por la Ley N° 7472 y la jurisprudencia.
La consulta de la Defensoría se centra en la aplicación del debido proceso por parte de la SUGEF en casos de transacciones electrónicas no autorizadas, según lo establecido en el artículo 27 de la normativa. Otro punto clave es el plazo para la atención de denuncias por parte de los bancos, ya que algunas entidades superan los 120 días. La Defensoría solicitó a la SUGEF definir un plazo prudencial que no afecte los derechos de los consumidores.
Finalmente, la Defensoría consultó sobre la posición del Comité de Supervisión Bancaria de Basilea y de la SUGEF respecto a la obligatoriedad del uso de seguros para cubrir casos de estafas y fraudes electrónicos, un tema no abordado en la nueva normativa.
