San José, 26 may (elmundo.cr) – La diputada del Frente Amplio, Joselyn Sáenz, manifestó su oposición al proyecto en discusión de armonización eléctrica al considerar que representa “grandes riesgos para la seguridad nacional”, así como para las tarifas eléctricas y la estabilidad del servicio.
“Nuestra posición y la mía es oponernos a esta iniciativa porque tiene grandes riesgos para la seguridad nacional. Primero, el aumento de tarifas sería inevitable para la ciudadanía costarricense porque el proyecto habilita varios espacios para que haya un aumento en las tarifas, un canon. Se elimina la potestad del ICE para poder exportar, y eso permite que en los segundos semestres de cada año el ICE pueda reducir la tarifa gracias a un mecanismo que tiene para calcularla”, afirmó.
Sáenz añadió que la propuesta también debilitaría la estructura operativa del Instituto Costarricense de Electricidad. Según dijo, “el cerebro de operaciones del ICE se desarticula” y se abriría la posibilidad de que privados asuman funciones de distribución energética que actualmente están en manos de la institución.
“Eso incrementa la posibilidad de errores humanos y de apagones que podrían tardar horas o incluso días en recuperarse en el país”, advirtió.
La legisladora sostuvo que esos son algunos de los principales motivos por los que considera que la iniciativa pone en riesgo la seguridad nacional, el acceso a la electricidad y la economía de los hogares. “Es la ley del apagón y el tarifazo”, sentenció.
Sobre el movimiento social que ha surgido en torno al proyecto, Sáenz consideró que refleja la preocupación ciudadana por el costo de vida y la situación económica.
“Creo que eso refleja que a la gente le preocupa que las condiciones económicas en el país no están estables para las familias y eso hace que reaccionen ante un proyecto como este”, indicó.
Agregó que también evidencia una mayor articulación entre sectores sociales. “Permite articular a los movimientos sociales en una misma causa, y creo que eso se ha venido gestando durante los últimos años. Es un gran avance para la situación nacional, donde los movimientos sociales sean capaces de unirse en las distintas causas y en los distintos retos que tiene el país para solicitar soluciones concretas, reales y que no pongan en riesgo a la ciudadanía costarricense”, concluyó.
