San José, 01 jul (elmundo.cr) – La Defensoría de los Habitantes lanzó una advertencia urgente a la Asamblea Legislativa ante la persistente parálisis en el nombramiento de magistrados suplentes, situación que, según el ente defensor, coloca en “altísimo riesgo” el respeto a los derechos fundamentales de los costarricenses.
A través de un informe remitido esta semana a la presidencia del Congreso, la Defensoría subrayó que la imposibilidad de integrar correctamente el Tribunal Constitucional representa un “quiebre directo al principio de supremacía constitucional”.
“Un Tribunal Constitucional creado, pero imposibilitado para ejercer su competencia, resta toda eficacia a la Constitución Política como norma suprema que da garantía a los derechos fundamentales de la población”, señaló la institución.
El órgano defensor ha dado seguimiento cercano a este proceso, el cual fue objeto de debate en la reunión de jefaturas de fracción del pasado 4 de junio y mencionado por el diputado Gonzalo Ramírez durante la presentación de su informe anual de labores el 24 de junio de 2026.
Impacto en la justicia constitucional
La gravedad de la situación se refleja en los datos suministrados por la Corte Suprema de Justicia. Durante el año 2025, los magistrados suplentes participaron en la votación de aproximadamente 43.144 expedientes, lo que demuestra su papel crítico en la operatividad del sistema judicial.
Actualmente, la falta de estos nombramientos ya genera consecuencias tangibles: existen al menos 87 asuntos pendientes de estudio y resolución definitiva debido a la imposibilidad de integrar el Tribunal ante inhibiciones, recusaciones, vacaciones o incapacidades de los magistrados propietarios.
“Esta situación impide la integración del Tribunal ante supuestos de ausencias temporales, provocando atrasos en casos urgentes como resolución de recursos de amparo, hábeas corpus, entre otros”, enfatizó la Defensoría.
Riesgo internacional
La institución advirtió que esta parálisis no solo afecta la gestión interna, sino que compromete el cumplimiento de instrumentos internacionales, específicamente el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Dicho artículo garantiza a toda persona el derecho a contar con recursos judiciales “sencillos, rápidos y efectivos”.
Ante este panorama, la Defensoría instó a los diputados a priorizar las designaciones pendientes para evitar que el Estado costarricense incurra en una vulneración sistemática del derecho de acceso a la justicia y la tutela judicial efectiva.
