San José, 22 abr (elmundo.cr) – Marta Iris Muñoz Cascante, Directora de la Defensa Pública defendió la orden judicial emitida por un juez de ejecución de Alajuela de liberar 380 privados de libertad reincidentes por el alto hacinamiento en el CAI San Gerardo.
En un comunicado de prensa remitido este viernes, Muñoz afirmó que el Hacinamiento Carcelario ha sido un problema no atendido por años en Costa Rica.
“Desde el año 2009 la Defensa Pública ha venido advirtiendo al país sobre la faltas de recursos humanos e infraestructura para garantizar los mínimos estándares que aseguren una vida digna para la población privada de libertad. Lamentablemente, por años estas respuestas han sido postergadas y ello ha llevado a la Sala Constitucional y Jueces de Ejecución de la Pena a emitir resoluciones que ordenan al Ministerio de Justicia reubicar a la población privada de libertad, porque las condiciones de hacinamiento actual constituyen un trato cruel, inhumano y degradante”, agrega el pronunciamiento.
Según la directora de la Defensa Pública, estas medidas correctivas se han venido ordenando en los últimos años, pues no se ha dotado al Ministerio de Justicia de recursos financieros suficientes para atender con recursos humanos e infraestructura las necesidades de la población privada de libertad.
“El incumplimiento de estas resoluciones de los jueces de ejecución podría traer responsabilidades penales y civiles para los jerarcas del Ministerio de Justicia y condenas internacionales para el Estado Costarricense, por lo que respetamos las decisiones y acciones de las autoridades competentes para garantizar la protección de los Derechos Humanos de las Personas Privadas de Libertad”, concluyó.
