San José, 24 jun (elmundo.cr) – El vicepresidente de la Corte Suprema de Justicia, José Manuel Arroyo; el Fiscal General, Jorge Chavarría y el decano de la facultad de Derecho de la Universidad de Costa Rica, Alfredo Chirino se mostraron a favor del proyecto de Ley que pretende bajar las penas para los delitos menores.
Los tres comparecieron ante la Comisión de Seguridad y Narcotráfico de la Asamblea Legislativa para externar su punto de vista sobre el proyecto de Ley 19.490 “Reforma al Código Procesal Penal”.
Dicha iniciativa bajaría las penas para los delitos menores, tales como hurtos donde no haya habido daño a la propiedad o a personas, entre otros que aunque antes eran tipificados contravenciones tras una reforma que se hizo se establecieron fuertes sanciones sin la aplicación de algunas normas.
Por ejemplo, hoy una persona que hurtó junto a su hija un champú descuenta 10 años de cárcel.
En dicha situación hay centenares de personas más, lo que engorda la cifra de encarcelados y pone en aprietos a las autoridades por los alarmantes datos de hacinamiento carcelario que han obligado al Gobierno ha emitir directrices que regulen la salida de ciertos privados de libertad, con el fin de bajar dicho hacinamiento.
El magistrado José Manuel Arroyo, vicepresidente de la Corte Suprema de Justicia dejó claro que no se trata de dejar impune la comisión de un delito por parte de alguna persona, sino sancionarlo dentro de los parámetros de la racionalidad.
Por otro lado, Alfredo Chirino, decano de la facultad de Derecho de la Universidad de Costa Rica afirmó que la reforma anterior al Código Penal que convirtió las contravenciones en delitos castigados con altas penas “abrió un portón de injusticia y desproporcionalidad”.
Finalmente, el fiscal general Jorge Chavarría declaró que la reforma es importante porque contiene parámetros de racionalidad en relación a la proporcionalidad de la pena sobre hechos considerados menores.
Marta Iris Muñoz, directora de la Defensa Pública pidió a los diputados de la Asamblea Legislativa dejar en claro en el proyecto de Ley las penas para cuando esos delitos menores se cometan contra personas físicas y jurídicas.
Recordó que hoy cuando un hurto es cometido por más de una persona se cataloga como robo agravado, por lo que la pena llega hasta los 15 años de cárcel por simplemente haber sustraído un atún, un champú o una bolsa de papas.
La legisladora Silvia Sánchez Venegas, integrante de la Comisión y proponente de esta iniciativa, comentó que “este proyecto responde a una problemática social, ya que los delitos de esta naturaleza son cometidos generalmente por personas en situación de vulnerabilidad social, con un entorno conflictivo, condiciones y medios limitados para salir adelante, por lo que introducirlos al sistema carcelario no soluciona la razón primaria que los orilló a delinquir”.
Para la diputada la justicia debe replantearse en un contexto de justicia social que brinde respuesta a las necesidades de una población cada vez más empobrecida y que generalmente son quienes incurren en este tipo de delitos y el sistema no les brinda otra posibilidad más que una sanción con cárcel.
