San José, 26 ene (elmundo.cr) – La Contraloría General de la República sancionó con inhabilitación de cuatro años para ejercer cargos públicos al ex alcalde de Corredores, regidores y a los integrantes de la Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur (JUDESUR) del periodo 2007-2011, por anomalías en la fallida construcción del Edificio Municipal.
La sanción es para el entonces alcalde liberacionista Gerardo Ramírez Barquero (periodo 2007-2011) por cuatro años, para los entonces regidores Marvin Orozco Barrantes, María de los Ángeles Delgado, Giselle Vega, Patricia Vargas, Jorge Luis Jiménez, de dos a cuatro años y para los integrantes de la JUDESUR en el año 2008 por cuatro años. EL MUNDO intentó obtener el nombre de los integrantes de la Junta sancionados, pero en la institución nunca atendieron la solicitud formulada.
La Contraloría también sanciona al exdirector ejecutivo de JUDESUR, que renunció a su cargo en el 2014 y lo inhabilita para ejercer en la función pública durante 3 años. También recomienda la destitución del jefe de departamento de desarrollo, sin responsabilidad patronal y castigándolo para no ejercer en la función pública por dos años.
A la asesora legal y al Director Administrativo municipal, la Contraloría los sanciona con 15 días de suspensión laboral sin goce de salario, y al proveedor y al asesor legal de la Municipalidad de Corredores los sanciona con 20 días sin goce de salario.
La Contraloría abrió el proceso administrativo en el 2012 y este primer informe de resultados y recomendaciones lo emitió la División Jurídica el 10 de diciembre de 2015 y se encuentra en el debido proceso de aprobación. La investigación gira en torno al proyecto de construcción y equipamiento del Edificio Municipal de Corredores, estructura que fue presupuestada en 610 millones de colones y para finalizar en 16 meses y que a hoy, sigue sin terminar y deteriorada.
El ente contralor responsabiliza a JUDESUR afirmando que su “proceder convirtió el proyecto en un despilfarro irrazonable e inaceptable de fondos públicos, pues la obra está inconclusa, deteriorada y abandonada sin haber cumplido su fin”.
“Durante el proceso se cometieron graves faltas administrativas que afectaron el uso y resguardo de los recursos públicos e incumplieron disposiciones legales y reglamentaras de la Ley General de Administración Pública, la Ley de Enriquecimiento Ilícito en Función Pública , la Ley de Control Interno, la Ley de Contratación administrativa y lo propia normativa de JUDESUR”, agrega la Contraloría.
El edificio municipal de Corredores iba a contar con 1200 metros cuadrados, que serían financiados con 350 millones por JUDESUR, 250 millones del IFAM y 10 millones de la Municipalidad de Corredores.
El informe de la Contraloría solo da referencia del aporte de JUDESUR, que el 29 de junio de 2009 realizó su imprimir desembolso de 168.584.000 colones, el segundo tracto de los 350 millones presupuestado no se desembolsó por falta de avance en las obras y la correcta liquidación del primero.
La Junta Interventora de JUDESUR, según Carlos Murrillo Barrios, director ejecutivo de la misma, ha presentado una denuncia penal contra la Municipalidad de Corredores para recuperar los recursos girados.
En el 2011 la Municipalidad de Corredores retomó el proyecto y contrató su ejecución a una empresa por un total de 1150 millones. Para financiarlo en febrero de ese mismo año, el alcalde solicitó a JUDESUR un nuevo aporte no reembolsable de 595 millones, pero no se aprobó.
