San José, 10 dic (elmundo.cr) – Este miércoles la Contraloría General de la República (CGR) emitió un análisis a la Asamblea Legislativa sobre las Juntas de Educación y Administrativas cuyo rol remite al cuido y vigilancia para la buena marcha de los centros educativos.
Además, explicaron que parte de su gestión se centra en facilitar la provisión de servicios complementarios a los centros educativos, para lo cual recibieron recursos del Presupuesto de la República, entre otras fuentes, por el orden de ¢289.530 millones en el año 2019.
Las Juntas tienen una naturaleza muy particular dado que están sometidas a las directrices del MEP pero los nombramientos y destituciones de sus miembros son competencia de los Gobiernos Locales.
Asimismo, gran parte de sus funciones les han sido asignadas reglamentariamente y sobrepasan la capacidad operativa de un órgano comunal y ad honorem, ante un eventual exceso en el ejercicio de la potestad delegativa del MEP. A junio de 2019, se contabilizaban 4.554 Juntas, número que varía en el tiempo ante la apertura/cierre de centros educativos.
La CGR analizó una muestra de los presupuestos ordinarios y extraordinarios para el 2018 de 1.441 Juntas, pertenecientes a 10 Direcciones Regionales del MEP y determinó:
- La gestión financiero-presupuestaria de las Juntas presenta importantes riesgos y complejidades así como débiles controles.
- No es posible conocer la ejecución real versus los montos presupuestados, pues la información no está sistematizada ni estandarizada, además del poco personal que tienen.
- Debilidades de control en cuentas bancarias. De 10.634, 989 tenían estado “cerrada o inactiva”. Estas registraban en conjunto a junio 2019 un saldo alrededor de ¢146 millones, sin control o monitoreo.
- Se requiere coordinación entre las distintas instancias del MEP y en un contexto de sistemas de información desintegrados y prevalencia de procesos manuales.
De igual manera, la CGR concluyó que “el sistema bajo el que operan las Juntas desincentiva la participación; la carencia de información sistematizada y con atributos de calidad, afecta la rendición de cuentas, la transparencia y la prevención de la corrupción; la poca claridad y dispersión del ordenamiento técnico-jurídico también afecta el apego a las normas, así como el logro de los resultados (eficiencia y eficacia)”.
Por lo tanto recomiendan realizar una revisión del modelo “bajo el cual trabajan las Juntas, para readecuarlo según su capacidad operativa y dada su naturaleza como un mecanismo de participación y control ciudadano”.
Asimismo, finalizaron recalcando que “urge una revisión profunda del marco normativo que regula el otorgamiento, propósito y rendición de cuentas en torno a los recursos públicos que perciben las Juntas, aparte de explicitar la naturaleza jurídica de estas entidades”.
