San José, 6 abr (elmundo.cr) – La Corporación Arrocera Nacional (Conarroz) aclaró que el Gobierno dispone de la ley 8285, que contiene las herramientas para evitar cualquier transferencia de un aumento en los precios al consumidor.
Por lo que aseguran que “será responsabilidad del Gobierno si las implementa o no”.
Esto luego de que el Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda acogió la medida cautelar interpuesta por un grupo organizado de productores de arroz de la Región del Pacífico costarricense.
En el por tanto el tribunal ordena la suspensión de los efectos del Decreto Ejecutivo N° 43642 “Modificación de los Derechos Arancelarios a la Importación de Arroz en Granza y Pilado”.
Según Conarroz con la medida interpuesta se estaría volviendo a las condiciones normativas anteriores, sin afectar el abastecimiento del grano básico, y el no hacerlo, si conlleva una afectación para la población productora en cuanto a la reducción de áreas de siembra (que ya se está dando), y la afectación directa en las economías familiares de este sector de la sociedad, reza parte del razonamiento expuesto en el documento.
Adolfo Valverde Sánchez productor de arroz del Pacífico Central y parte de los firmantes comentó que “nosotros pusimos el contencioso administrativo porque era la última oportunidad que teníamos para poder seguir produciendo”.
“Además, como país democrático tenemos ese derecho, no queremos pleitos con nadie solo que nos permitan producir, generar empleos porque en las zonas rurales la agricultura genera un encadenamiento de empleo, así como resguardar la seguridad alimentaria del país”, agregó.
De igual manera, Conarroz desmintió las declaraciones dadas por los importadores y la diputada oficialista Pilar Cisneros, pues indican que “alarman y desinforman a la población sobre el tema del precio del arroz”.
Según Conarroz “el país tiene un inventario de arroz en cáscara de al menos 4 meses, por ende, nada debería cambiar en las próximas semanas. Los importadores de arroz pilado que no apoyan, para nada, la producción nacional, no brindan seguridad alimentaria al costarricenses, ni estabilidad en los precios, ni manejan inventarios de arroz en cáscara, como si lo hacen los agroindustriales quienes, si poseen la infraestructura para almacenar el grano por muchos meses, sin que sufra deterioro”.
“Desde la implementación de la “Ruta del Arroz” no se ha dado una rebaja en el precio al consumidor según datos oficiales del Instituto Nacional Estadísticas y Censo (INEC), más bien se evidenció, por parte de este ente, que el índice de precios al consumidor tuvo un incremento del 3,71%, en los últimos 19 meses”, aseguran.
Conarroz recalcó que “el principal importador de arroz del país que es La Maquila Lama S.A, es una empresa que, desde agosto 2022 hasta febrero 2024, importó 16.389 toneladas métricas de arroz pilado, según los datos del sistema TICA del Ministerio de Hacienda. Sobre ese monto se ahorró, por la reducción del 31% en el arancel, aproximadamente, ₡1.761 millones. Y a eso se le debe agregar el ahorro que tuvo por la reducción en el tipo de cambio que rondó un -24%, durante ese periodo. Así como esta empresa, hay más importadores netos que no han trasladado al consumidor el beneficio del ahorro que han disfrutado por casi 20 meses. Pero “convenientemente” sale rápido a asustar al consumidor con datos alarmantes, dudosos y que constantemente varían”.
“Las promociones de las que hablan son las que se han venido ofreciendo desde el inicio de la pandemia del Covid-19, esto no surge ni es resultado de la “Ruta del Arroz” y tampoco tiene que ver con las acciones de los importadores. El decreto N° 42324-MEIC del gobierno anterior, habilitó las promociones desde el 23 de abril de 2020”, concluyen.
