San José, 11 ene (elmundo.cr) – Los diputados que integran la Comisión Especial del Congreso que investigó el caso del cemento chino utilizaron una modalidad de voto no permitida o reglamentada en la Asamblea Legislativa de Costa Rica.
Así se desprende de un criterio técnico-legal emitido por Fernando Campos Martínez, director interino del Departamento de Servicios Técnicos del Congreso, el cual funge como el asesor legal de los diputados en su diario quehacer y del cual, EL MUNDO tiene copia.
El diputado socialcristiano, Jorge Rodríguez, planteó una consulta formal para que ese departamento respondiera si un informe de una comisión con “votos salvados” de sus integrantes, era jurídicamente válido.
Aunque Campos no respondió directamente la pregunta, sí señaló que “la técnica de voto salvado no ha sido reconocida por el derecho parlamentario costarricense, tanto es así que nuestro reglamento, el de la Asamblea Legislativa, no la contempla en ninguno de sus numerales”.
De acuerdo con Servicios Técnicos, aunque haya votos salvados en el informe legislativo, estos no pueden someterse a votación individual para que los diputados decidan si se acogen al criterio de mayoría o al de los diputados disidentes, pues, nuevamente, el “voto salvado” no existe o está reglamentado en la labor parlamentaria costarricense.
Los diputados de la Comisión Investigadora emplearon el “voto salvado” para tener un solo informe, sin embargo, de acuerdo con Campos esa es una práctica poco sana, ya que no está regulada en el Reglamento interno.
Así las cosas, y tal y como lo señaló Servicios Técnicos, “cuando un diputado quiere disentir en relación con la voluntad de la mayoría, dicho diputado puede emitir su criterio mediante un Informe de Minoría, según lo estipula el artículo 81 del Reglamento”, sin embargo, en este caso no fue así.
Inclusive, de acuerdo con el director de ese Departamento, el funcionario Víctor Emilio Granados, asesor de la Comisión Investigadora, advirtió que “la técnica de voto salvado no está contemplada en el Reglamento de la Asamblea y por lo tanto, su aplicación no era viable.
“El licenciado Granados advirtió que lo procedente era consignar la disidencia, si es que la había, por medio de los votos de minoría”, dijo Campos, sin embargo, y al igual que ocurre con la mayoría de criterios de Servicios Técnicos, los diputados prefirieron ignorar el señalamiento.
A pesar del incorrecto uso del “voto salvado”, Servicios Técnicos dijo que no encontró vicios de forma o de fondo que impidan que el informe sobre el caso del cementazo siga siendo discutido en el Plenario de la Asamblea.
Durante la sesión del Pleno del lunes, 4 diputados señalaron que los “votos salvados” no existen en el Parlamento de Costa Rica.
“¿Cómo voy a votar el informe? ¿Me acojo a los votos salvados y voto el resto? ¿O no voto los votos salvados y me acojo a lo que dijo el resto?”, cuestionó Jorge Rodríguez.
Servicios Técnicos dijo que, a pesar de la existencia de ese tipo de votos, los diputados en el Plenario únicamente podrán votar a favor o en contra del informe final de la Comisión.
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LOS VOTOS SALVADOS DEL INFORME
El informe legislativo sobre el cementazo contiene 10 votos salvados:
Nidia Jiménez salvó su voto en la conclusión del informe que dice que el exministro de Economía, Welmer Ramos, aceptó presiones de Casa Presidencial para reformar el Reglamento de Cementos Hidráulicos. Según la diputada, no hay ninguna prueba de esas presiones y Ramos nunca aceptó haberlas recibido.
El diputado José Alberto Alfaro salvó su voto en la conclusión del informe que cuestiona al Gobierno por haber roto el duopolio de Cemex y Holcim, en lugar de haber regulado los precios según la Ley de Protección al Consumidor. Para el legislador libertario, la medida planteada por la Comisión solo puede emitirse en situaciones de excepción y de forma temporal, además de que va en contra del libre comercio.
De seguido, los diputados William Alvarado, Nidia Jiménez y Abelino Esquivel salvaron su voto en la recomendación de la Comisión de que el exviceministro de Hacienda, Fernando Rodríguez, sea inhabilitado por cinco años para ocupar puestos públicos, al afirmar que debe ser la Procuraduría de la Ética el órgano encargado de definir tal aspecto.
Por su parte, la diputada Patricia Mora salvó su voto en la recomendación del informe de que las actuaciones del diputado socialcristiano, Johnny Leiva, sean investigadas por la Procuraduría General de la República, al considerar que también deben ser remitidas al Ministerio Público para que inicie una investigación en su contra.
Las diputadas Nidia Jiménez, Sandra Piszk y Patricia Mora salvaron su voto en la recomendación del informe que pide al Directorio de la Asamblea Legislativa exigir a los integrantes de futuras comisiones investigadoras, declarar cualquier conflicto de intereses que lo relacionen con el tema de investigación, al considerar que dicha obligación no debe limitarse a la Asamblea Legislativa sino que debe ser exigida a cualquier comisión, órgano director u otro similar que se integre en cualquiera de los poderes o instituciones del Estado.
El Presidente de la Comisión, Ronny Monge, salvó su voto en la conclusión de que Jorge Chavarría y Berenice Smith (exfiscal general y exfiscala general subrogante) incumplieron gravemente sus funciones y deberes por lo cual, se recomienda la destitución de Smith, así como una inhabilitación para el ejercicio de cargos públicos para ambos por hasta por 10 años. Monge se inclinó por decir que se deben profundizar las investigaciones judiciales de tipo penal y administrativas en trámite contra Chavarría y Smith.
Por otro lado, los diputados Ottón Solís, Nidia Jiménez y Patricia Mora salvaron el voto en la recomendación del informe de que los Magistrados de la Sala III deben ser “fuertemente censurados” y separados de sus cargos, en algunos casos, por su papel en la desestimación de la causa seguida contra Otto Guevara y Víctor Morales Zapata, al considerar que ellos incumplieron gravemente sus funciones y deberes como Jueces, por lo cual debían ser destituidos de sus cargos.
En esa misma recomendación, los diputados José Alberto Alfaro y Sandra Piszk salvaron su voto, al inclinarse por el respeto a la separación de poderes y que, en apego a las garantías constitucionales, se abra un procedimiento disciplinario para destituir a los magistrados de la Sala III.
