San José, 17 dic (elmundo.cr) – El fiscal del Colegio de Geólogos, Fernando Nietzen, envió una carta a la fiscal general, Emilia Navas, en la que solicita la intervención del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) ante el saqueo de minerales en la zona norte del país.
“Apelamos y agradecemos sus buenos oficios para investigar la criminalidad polifacética aquí expuesta. Para que la solución sea real y duradera debe fundamentarse en lo técnico y científico, no solamente el ámbito legal y político. El país entero agradece la labor ejemplar del O.I.J. al investigar la “red de terrible corrupción””, señala la misiva.
En marzo del 2018 el ministro de Ambiente, Edgar Gutiérrez, confirmó que la minería ilegal en Crucitas y alrededores es un verdadero desastre provocado.
“Desde esa fecha todo ha empeorado de forma drástica”, señala Nietzen, el Colegio de Geólogos de Costa Rica (C.G.C.R.), presentó una denuncia ante el Tribunal Ambiental Administrativo referente al caos ambiental y social en Crucitas desde noviembre del 2018 y no ha habido un interés ni seguimiento responsable a pesar de que por ley debieran intervenir de Oficio para buscar la manera de detener estos hechos delictivos que se manifiestan además como un enorme desastre ambiental — social y económico provocado y de creciente magnitud e intensidad.
En mayo del 2019 el Colegio de Geólogos se reunió con el fiscal de San Carlos quien solicitó colaboración para empezar a definir la cantidad de oro decomisado y la mejor forma de ayudar a minimizar el saqueo. El Lic. Alejandro Araya dijo en ese momento que obtuvo permiso como fiscal general para iniciar dicha colaboración, sin embargo no ha habido ninguna acción posterior en ese sentido.
“Es innegable que para Costa Rica es un asunto crítico de seguridad y estabilidad nacional implementar correctamente una solución permanente al saqueo y la exportación del oro de los ciudadanos. Continuar por la senda actual de inacción eficaz, ya sea por ideología o por inopia Oficial es colocar al país entero en bandeja dorada ante las fuerzas más oscuras y nefastas del planeta, mismas que no conocen ni respetan límites. La clara victima en este caso es la ciudadanía entera de Costa Rica, miles de forma directa y millones de forma indirecta”, asegura el fiscal Nietzen.
Aunado a esto, denuncia inopia por parte de los funcionarios públicos de la zona, “es inmoral e irresponsable permitir que los funcionarios, pagados por el pueblo para que ejecuten la sana administración de los recursos naturales y minerales continúen ignorando la legislación que así les exige. Algunos funcionarios ignoran además las numerosas peticiones de auxilio de los cientos de residentes de la zona norte que diariamente sufren los embates de toda suerte en torno al saqueo de nuestros yacimientos de oro”, agregó.
Según el Colegio de Geólogos, esta “extrema tolerancia” de los abusos contra personas, comunidades y el ambiente natural funciona como un imán que atrae a quienes suelen imponerse por la fuerza en otras latitudes, y además otras actividades asociadas a la orería ilegal han sido ampliamente documentados en otros países de América Latina, incluyen tráfico de personas, trata de personas, esclavitud laboral y sexual de niños y mueres, (población vulnerable), hasta tráfico de órganos.
“Aparte de la destrucción ambiental, estos vacíos de institucionalidad tienden a fomentar movimientos paramilitares y se adueñan de grandes regiones que crecen y desestabilizan a los países hasta que sufren la pérdida de seguridad jurídica y de soberanía”, apunta la misiva.
En los últimos meses ha salido a la opinión publica una exportación de oro de los últimos 10 años desde Costa Rica hacia Estados Unidos y otros países de más de 3561 toneladas, equivalentes a más de ciento cincuenta y un mil millones de dólares ($151.438.906.747), lo que no corresponde a todo el oro existente en nuestro territorio nacional que es aproximadamente de 600 toneladas.
Lo que convierte el problema de la extracción mineral en un asunto de seguridad nacional, inclusive para el Gobierno de los Estados Unidos.
“Desde hace más de una década hemos venido advirtiendo las cosas que resultarían tras prohibir la minería legal, lastimosamente el tiempo nos ha dado la razón. En el 2010 dijimos que se desataría el uso descontrolado de mercurio y habría creciente minería ilegal con todo 10 que ello implica. En marzo del 2020 advertimos que habría una explosión de casos del COVID en la zona norte y ya vemos que se dio y se ha extendido a otras zonas mineras ubicadas más hacia el sur”, añade Nietzen.
“No es justo, no es lógico ni razonable que por falta de colaboración y coordinación entre jerarcas gubernamentales, el ciudadano no vea ni experimente una esperanza de solución seria y real para esta emergencia regional y más bien sea expuesto a grupos ilegales que no solo contaminan a los ciudadanos en estos momentos, también a las generaciones futuras”, concluye la solicitud.
