San José, 4 jul (elmundo.cr) – El pasado 30 de mayo, miembros de la Junta Directiva Nacional del Banco Popular y de Desarrollo Comunal, fueron advertidos por la Gerencia General Corporativa de esa entidad, ejercida para esa fecha por Marvin Rodríguez Calderón, sobre irregularidades en el reconocimiento escalonado de vacaciones que otorga hasta 30 días de vacaciones a quienes forman parte de la Alta Gerencia, al auditor interno y subauditor interno, y puestos excluidos de Convención Colectiva del Banco.
Esto pese a que existen pronunciamientos de la Procuraduría General de la República, y de la Contraloría General General de la República de los años 2001 y 2003, que habían advertido la ilegalidad en el reconocimiento de este tipo de derechos a esos grupos de colaboradores.
De igual manera, dicho pronunciamiento indicaba que los períodos de vacaciones para esos grupos debía de realizarse conforme en igualdad de condiciones que el resto de los trabajadores, los cuales tienen derecho al disfrute de dos semanas de vacaciones, por cada 50 semanas laboradas, según el artículo 153 del Código de Trabajo.
El reconocimiento de hasta 30 días de vacaciones para ese grupo, fue realizada en febrero año 2020, en sesión No. 5707 de la Junta Directiva de ese entonces, y donde participaron un actual directivo del Banco, de apellidos Espinoza Guido, así como los actuales auditor interno Manuel González Cabezas, y Marco Antonio Chaves Soto, subauditor interno, quienes, con fundamento en el criterio jurídico No. DIRJ-0482-2017, emitido por el exdirector jurídico del Banco, de apellidos Rojas Chinchilla, al cual se le ceso su contrato laboral el pasado 26 de enero de este año, acordaron otorgar ese beneficio de manera ilegal.
Según los directivos de la entidad el otorgamiento de los 30 días de vacaciones para estos grupos de trabajadores se dio como un acto elitista, pues se aplicó selectamente a los puestos jerárquicamente más altos del Banco, existiendo una diferencia entre el disfrute de este pequeño grupo, los cuales tenían derecho a disfrutar de hasta 30 días de vacaciones, en comparación con los más de 4000 trabajadores del Banco, que tienen derecho de hasta un máximo de 18 días de vacaciones.
El auditor interno del Banco Popular, Manuel González Cabezas, y Marco Antonio Chaves Soto, subauditor interno, son quienes se han visto mayormente beneficiados del reconocimiento ilegal de vacaciones, y que le han costado a la entidad bancaria casi 200 millones de colones, indicaron.
Una vez conocida, la advertencia sobre el pago ilegal de vacaciones, el pasado 30 de mayo, la actual Junta Directiva del Banco Popular y de Desarrollo Comunal, tomó el acuerdo No. 6008, dejando sin efecto inmediato el reconocimiento de vacaciones ilegales, ordenando instaurar una investigación para determinar responsabilidades administrativas y civiles.
Además el 14 de junio pasado, 05 de los 07 miembros de la Junta Directiva, presentaron denuncia ante la Procuraduría de la Ética, por presuntas violaciones a la Ley Anticorrupción y de Enriquecimiento Ilícito.
En la denuncia señalan que “quien fuese el Director Jurídico refiere claramente haber tenido conocimiento del criterio vinculante de la Procuraduría General de la República No. C-060-2003; así como también del No. C-034-2005, y deja constancia, que incluso en virtud de la complejidad para localizar algunos documentos relacionados con este tema, se puso en conocimiento de dicho criterio a la Auditoría Interna del Banco, lo que evidencia el interés compartido entre el exdirector jurídico y el Auditor General, en sustentar su disfrute vacacional a través de un dictamen de la Dirección Jurídica, contrariando el artículo 2 de la Ley Orgánica de la Procuraduría que dispone que ante la divergencia entre el criterio de la Procuraduría y del asesor legal del órgano, prevalece el de la Procuraduría”.
“Los acuerdos que hemos adoptado para rectificar y denunciar actos presuntamente contrarios a la probidad han incomodado a algunos miembros de esta Junta Directiva y que no están firmando esta denuncia, situación que de antemano ponemos en conocimiento de esa Procuraduría, ante eventuales ampliaciones de las cuales habría obligatoriedad de informar a esa instancia”, agregan.
La denuncia fue admitida por la Procuraduría de la Ética Pública, y actualmente se encuentra en etapa investigativa.
