Enrique Egloff, presidente de la CICR señaló que el proyecto representa un peligro para la libertad de empresa y parece una estrategia para desmantelar la libertad de comercio de alimentos; además de que es excesivamente proteccionista, confundiendo el concepto de “soberanía alimentaria” y exponiendo al país a denuncias internacionales por incumplir con Tratados de Libre Comercio.
“La Cámara de Industrias de Costa Rica no se opone al desarrollo de una agricultura en la que se promuevan los encadenamientos con la agroindustria y se contribuya a la generación de empleo y la producción; pero este proyecto de ley tiende más bien a exponer las relaciones existentes con nuestros socios comerciales pues incide negativamente en los compromisos internacionales vigentes, pone en riesgo el intercambio comercial y la seguridad jurídica que procuran los Tratados de Libre Comercio suscritos por nuestro país”, señaló Egloff.
La Cámara explicó que el incumplimiento de los compromisos adquiridos en los acuerdos comerciales puede enfrentar al país a procesos de solución de controversias, con un alto riesgo ser sancionados comercialmente por no respetar lo acordado. Además, se vulnera la seguridad que tenemos como Estado de Derecho, por medio de la transferencia de competencias institucionales a grupos populares como nuevos tomadores de decisión en el marco de la política agrícola y comercial.
La historia nos ha demostrado que modelos productivos de planificación han fracasado en otros países como Venezuela, la antigua Unión Soviética, Cuba, Angola y Etiopía, debido a que no se logran producir los alimentos para abastecer el consumo nacional e incluso expone a sus pueblos a sufrir severas hambrunas con efectos devastadores para la salud.
La CICR señaló que en el país tenemos productos agrícolas que han sido exitosos como el café, la palma vegetal, el banano, la piña, plantas ornamentales, el chayote y el palmito, entre otros, que representan a nuestro país en mercados internacionales, lo cual se podría afectar de manera importante y negativa con este Proyecto de Ley.
“Estos productos han sido exitosos porque para algunos de ellos se ha desarrollado una actividad industrial que aporta valor agregado; pero si quienes definen qué se va a sembrar son grupos de personas no vinculadas a la actividad, que no saben lo que es la agricultura o no conocen la industria alimentaria y la generación de empleo alrededor de esta actividad, es muy posible que las decisiones que se tomen no sean las correctas y podríamos terminar como Venezuela”, explicó Egloff.
Otra de las principales razones de oposición de la CICR al proyecto de ley son los múltiples vacíos legales que tiene el Proyecto de Ley. Por citar solo un caso, se otorgan potestades de evaluación a los inspectores municipales sin explicar con qué criterio técnico este funcionario aplicaría métodos de análisis, toma de muestras, medición de los productos y cuáles otros requisitos y condiciones se utilizarían en materia de control sanitario.
“A lo largo de todo el texto se crean disposiciones sin contenido legal. Por ejemplo, el texto repite “diferentes formas de agricultura familiar”, sin explicar o enumerar siquiera una. Igualmente, no hay certeza jurídica al referirse a conceptos como “comercio de proximidad”, “comercio solidario” y “comercio justo”. Entonces no sabemos de qué estamos hablando”, mencionó Egloff.
La CICR reforzó que la seguridad alimentaria correctamente interpretada debe ser un concepto técnico/científico, medible, y no un concepto político o una construcción ideológica influenciada por realidades muy diferentes a la costarricense. El Proyecto de Ley también incide en el término de libertad de mercado que incluye la Constitución Política, pero por otro lado, el texto del proyecto de ley posee conceptos ambiguos y subjetivos que generan inseguridad jurídica y respecto de los cuales el sector productivo pregunta: ¿Qué es mercado en armonía con la seguridad alimentaria y nutricional? ¿Quién lo define? ¿Cómo se puede garantizar?
