San José, 8 may (elmundo.cr) – Dos de los artífices de un memorándum que buscaba utilizar recursos públicos en las elecciones municipales del 2016, fueron nombrados por Carlos Alvarado en los viceministerios de Seguridad y Justicia.
Los dirigentes del grupo interno del PAC llamado Juventud Progresista son Eduardo Solano, nombrado viceministro de Prevención en el Ministerio de Seguridad Pública y Fabián Solano designado como viceministro de Gestión Estratégica y Oficial Mayor en el Ministerio de Justicia y Paz.
En junio del 2015 estos jóvenes junto a otros de su organización redactaron una minuta donde mencionaron la posibilidad de “aprovechar los recursos políticos de gobierno para beneficio partidario y de la JP (Juventud Progresista)”.
Por este caso el Gobierno de Luis Guillermo Solís destituyó a los jóvenes involucrados que trabajaban en la administración entre ellos Fabián Solano que era asesor en el Ministerio de Planificación.
En su momento el Tribunal de Ética del Partido Acción Ciudadana decidió suspender por tres meses a los siete dirigentes del grupo Juventud Progresista involucrados en el caso del cuestionado memorándum.
Sobre este caso Ottón Solís Fallas, dijo en ese momento sobre los involucrados que “se trata de personas que confabulan con herramientas alejadas de la ética y se trata de personas que conciben el secretismo y la exclusión divisiva como herramientas válidas de la política”.
También la hoy Canciller, Epsy Campbell se refirió al asunto al apuntar “el partido debe separar a todos esos integrantes que forman parte de la estructura del partido, estamos pidiéndole al Tribunal de ética que actúe de oficio y personalmente creo que deberían renunciar por su propia cuenta”.
“El ADN del PAC es la ética en la función pública y no podemos ir en contra de nosotros mismos”, agregó también Campbell sobre el caso.
Mano derecha de Rodolfo Piza también fue cuestionado
Entre los viceministros nombrados este 7 de mayo, se encuentra también Agustín Castro nombrado viceministro de presidencia, cercano colaborador del ministro de la Presidencia, Rodolfo Piza.
Castro prestó 60 millones de colones al Partido Unidad Social Cristiana, sobre los cuales el TSE tiene dudas de su procedencia. Esto según el expediente DFPPP-844-2017, fechado al 30 de octubre del 20017.
Sobre Castro, también han existido cuestionamientos sobre los servicios que vendía al PUSC, esto adicional al hecho de que recibía salario como asesor legislativo de la fracción. En este tema se justificó que ambos ingresos no chocaban porque no tenía dedicación exclusiva en la Asamblea Legislativa.
