San José, 04 may (elmundo.cr) – La Cámara Nacional de Turismo (Canatur) hizo un llamado a la Sala Constitucional a valorar el impacto de las medidas cautelares que mantienen paralizado el desarrollo del Polo Turístico Golfo de Papagayo, y solicitó una resolución pronta que permita reactivar las inversiones en la zona.
Actualmente, las disposiciones vigentes incluyen una moratoria total sobre permisos de tala de árboles, la suspensión de autorizaciones de construcción y cambios en densidad, así como restricciones en la emisión de actos administrativos por parte del Instituto Costarricense de Turismo (ICT). Según Canatur, estas acciones han provocado una paralización general del proyecto.
El gremio destacó que el Polo Turístico Golfo de Papagayo ha mantenido históricamente el cumplimiento de la legislación ambiental y prácticas sostenibles, subrayando su compromiso con la conservación del patrimonio natural.
“Respetuosamente recordamos que las medidas cautelares tienen un carácter instrumental, temporal y proporcional. Por lo tanto, imploramos a las autoridades judiciales tener muy presente el tiempo y la proporcionalidad durante este proceso”, señaló el presidente de Canatur, Martí Jiménez.
Canatur enfatizó que el proyecto es un motor clave de desarrollo social en Guanacaste, al generar empleo formal y promover inversiones en educación, infraestructura comunitaria y emprendimientos locales. Según datos del sector, el Polo impacta cerca de 5.000 empleos directos y 13.500 indirectos, con aproximadamente un 90% de la fuerza laboral proveniente de la provincia.
En términos de inversión, el desarrollo acumula más de $2.200 millones ya ejecutados, mientras que otros $2.900 millones se encuentran en fase de desarrollo o planificación. “La paralización actual compromete más de la mitad del desarrollo del proyecto e incide sobre decisiones de inversión en el país en general”, advirtió Jiménez.
Finalmente, la Cámara hizo un llamado al próximo Gobierno y a la Asamblea Legislativa —en particular a la futura Comisión de Turismo y jefaturas de fracción— para fortalecer las condiciones de seguridad jurídica y previsibilidad para la inversión, así como garantizar la continuidad de proyectos que han demostrado generar desarrollo sostenible.
“Proteger el ambiente y promover el desarrollo no son objetivos excluyentes. Costa Rica ha demostrado que puede hacer ambas cosas, y ese debe seguir siendo el camino”, concluyó Jiménez.
