La propuesta iraní que busca congelar el conflicto sin alterar los fundamentos del poder a través del control de Ormuz, la capacidad nuclear latente y su proyección regional. Para Washington, aceptar sin ajustes implicaría institucionalizar riesgos que pretende contener.
La intención iraní es ordenar el conflicto en tres movimientos, una desescalada con reapertura del tráfico en el Golfo, pausa prolongada del enriquecimiento sin desmantelamiento y una conversación regional para rediseñar la seguridad a su imagen y semejanza. Es un intento de mostrarse con superioridad en un entorno donde no necesariamente tiene todas las cartas para esto.
Lo primero convierte el tránsito por el Estrecho de Ormuz en palanca negociadora. Irán ofrece normalizar el flujo energético a cambio de garantías de no agresión y avales escritos ante mediadores. La idea es reducir el incentivo de intervención directa de EE. UU. y rebajar la prima de riesgo en los mercados sin desmontar su capacidad de interdicción.
El problema para Estados Unidos es, por un lado, que la cláusula de “no agresión” es ambigua si no incluye a los actores no estatales alineados con Teherán y sin esa precisión, la desescalada puede coexistir con presión indirecta. Por otro, las “garantías” multilaterales sin verificación intrusiva no son suficientes para una potencia que ha priorizado inspecciones, presencia naval y mecanismos de cumplimiento claros en acuerdos anteriores. En términos operativos, la fase es un marco de contención, no un arreglo estable.
El segundo aspecto es la pausa del enriquecimiento durante un período de quince años sin desmantelar sus capacidades como una réplica al Plan de Acción Integral Conjunto, pero en versión más débil. Congela la actividad sin reducir la infraestructura, de ese modo Irán permanece como “estado umbral”: conserva conocimiento, equipos y la capacidad de acortar tiempos de ruptura si decide reactivar.
En este punto, la no proliferación no se mide solo por la ausencia de enriquecimiento en un periodo, sino por la reducción verificable de la capacidad instalada y la extensión de los tiempos de ruptura. Congelar sin “desmantelar” convierte el acuerdo en gestión del calendario, no en mitigación del riesgo. Además, cualquier alivio de sanciones asociado a esta fase se traduciría en mayor liquidez para el aparato estatal y sus redes, sin contrapartidas estructurales equivalentes.
El tercer aspecto plantea un diálogo entre países del mundo islámico para diseñar una nueva arquitectura de seguridad. Se trata de una dinámica de reposicionamiento. Intentando desplazar la centralidad estadounidense hacia un esquema regional donde Teherán asume por medio de su gobierno islamista una gestión con mayor poder.
Sin embargo, esto es poco probable, las rivalidades en la región como Irán frente a Arabia Saudita, tensiones con Emiratos, la autonomía estratégica de Turquía, etc., dificultan la construcción de reglas comunes. Aun con los acercamientos recientes, la confianza estratégica es baja y los incentivos están fragmentados. Estados Unidos lo vería como algo más discursivo que operativo, no resuelve en el corto plazo los problemas de disuasión ni los riesgos de escalada.
Además, es importante señalar lo que la propuesta omite; el programa balístico, sin límites a vectores de medio y largo alcance, cualquier arreglo nuclear queda incompleto porque los misiles no son un apéndice técnico; son el sistema de entrega que da credibilidad a la disuasión.
En este sentido, Irán ha invertido en plataformas de combustible sólido y en precisión, además de integrar drones en un esquema A2/AD regional. Para la seguridad regional, la ausencia de restricciones; en número, alcance, pruebas y transferencias, vacía de contenido la pausa nuclear. Incluir este capítulo implicaría topes verificables, moratorias de pruebas y cláusulas estrictas sobre proliferación a terceros, pero el obstáculo es político, para Teherán, el vector balístico no es negociable; para Washington, es condición de credibilidad.
Luego, la red de actores no estatales. Sin un tratamiento explícito de proxis en el Líbano, Yemen o Irak, el acuerdo deja intacta la principal herramienta de profundidad estratégica iraní. No se negocia solo el número de centrifugadoras, sino el comportamiento de un ecosistema que puede escalar el conflicto sin activar un enfrentamiento directo. Ignorar esta dimensión es un error estratégico.
Los mecanismos de verificación y cumplimiento, donde la propuesta alude a “garantías escritas” ante mediadores, pero no define protocolos de inspección, acceso a instalaciones, monitoreo continuo ni consecuencias por incumplimiento. La experiencia muestra que la eficacia de un acuerdo depende menos de su retórica y más de su ingeniería institucional, es decir, quién verifica, con qué herramientas y qué ocurre ante desviaciones. Para Estados Unidos, sin esa capa técnica, el riesgo de incumplimiento oportunista es alto.
Por otro lado, la desescalada inmediata y la reapertura de Ormuz producirían beneficios económicos tangibles desde el inicio, mientras que las concesiones iraníes en materia nuclear son reversibles y diferidas, por lo tanto, ese desbalance temporal complica la negociación, Washington tendría que ceder primero (alivio de presión, aceptación de garantías) a cambio de compromisos que no alteran la capacidad estructural de su contraparte.
¿Cuál es el margen que tiene Estados Unidos? En el corto plazo, la respuesta más probable es no rechazar de plano, sino exigir enmiendas, verificación profunda, inclusión del programa balístico y cláusulas explícitas sobre proxis, además anclar el proceso en mediaciones con capacidad de presión y coordinar posiciones con Israel y los socios del Golfo para evitar fisuras, todo con el objetivo de transformar un “freeze” en un arreglo con costos reales para la capacidad iraní de escalar.
En el mediano plazo, el escenario idóneo es un acuerdo limitado, congelamiento verificable, alivio parcial de sanciones y gestión de incidentes en el Golfo. Reduciendo la probabilidad de choque directo, pero no resuelve la competencia estratégica. Persistirán episodios de presión indirecta y pruebas de límites.
A largo plazo, si no hay reducción efectiva de capacidades (nuclear y balística), la región tenderá a un equilibrio inestable basado en disuasión implícita. Irán conservará su estatus de estado umbral; sus rivales ajustarán sus propias capacidades o profundizarán garantías externas, dirigiendo a un equilibrio de riesgo administrado.
La propuesta iraní cumple su objetivo inmediato, bajar la intensidad sin ceder el núcleo de poder. Para Washington, implica normalizar ese núcleo, pero el quiebre está en lo que hoy falta; misiles, proxis y verificación. Sin esos tres componentes, el acuerdo no cambia el balance; solo compra tiempo.