San José, 9 dic, (elmundo.cr)- Un nuevo proyecto de ley busca castigar a las empresas que incumplan contratos con el Estado en materia de construcción o remodelación de hospitales, proyectos de vivienda de interés social o centros educativos.
La diputada liberacionista Franggi Nicolás, quien es la impulsora de la iniciativa, propone que a estas constructoras se les sancione con no volver a trabajar para el Estado por un periodo de 3 a 10 años.
Según Nicolás “todos hemos sido testigos de empresas que han incumplido con contratos públicos. Obras entregadas a destiempo, con características diferentes a las contratadas, o bien, obras de mala calidad que en tiempos muy reducidos, presentan daños estructurales considerables; lo hemos visto en carreteras, escuelas, colegios, hospitales y viviendas de interés social, provocando una grave afectación al usuario. Sin embargo, estas mismas empresas continúan licitando y ganando millonarios contratos con el estado, sin que de por medio hayan sanciones graves derivadas del perjuicio social que ocasionaron”.
Y aunque la Asamblea Legislativa aprobó el pasado 12 de setiembre una reforma a la ley de contratación administrativa que veta por el mismo periodo a las empresas que incumplan sus contratos en materia de infraestructura vial, la verdiblanca aseguró que su propuesta “pretende que esas mismas sanciones se expandan hacia el sector de salud, educación y vivienda, sobre todo tomando en consideración que estos espacios son especialmente sensibles para la población y que los incumplimientos en contratos de este tipo, perjudican a miles de costarricenses”.
“Tengo la certeza de que esta iniciativa dará mayor seguridad a la ciudadanía, para que los proyectos de infraestructura pública sean entregados con calidad y a tiempo, cerrando también los portillos y las alcahueterias, que hoy le permiten a algunas empresas constructoras sin vergüenza, sacárle dinero al Estado”, agregó la legisladora.
