ACOJUD alerta que falta de magistrados suplentes en Sala IV pone en riesgo derechos fundamentales

San José, 17 jul (elmundo.cr) – La Asociación Costarricense de la Judicatura (ACOJUD) advirtió que la falta de nombramiento de las magistraturas suplentes de la Sala Constitucional pone en grave riesgo la protección oportuna de los derechos fundamentales de la ciudadanía.

Ante esta situación, la organización hizo un llamado a la Asamblea Legislativa para que cumpla, sin más demora, con esta responsabilidad establecida por la Constitución Política.

Según ACOJUD, la ausencia de magistrados y magistradas suplentes compromete el funcionamiento regular del máximo tribunal encargado de proteger los derechos fundamentales de la población.

Además, puede provocar atrasos en la resolución de recursos de amparo y hábeas corpus, afectando directamente a las personas que acuden a la Sala IV en busca de una tutela pronta y efectiva.

“Resguardar el funcionamiento pleno de la Sala Constitucional no es un asunto que beneficie al Poder Judicial; es una garantía para toda la ciudadanía. Cuando una persona no recibe una respuesta oportuna en la defensa de sus derechos fundamentales, se debilita el Estado de Derecho y también la confianza de la población en sus instituciones democráticas”, manifestó Adriana Orocú Chavarría, presidenta de la Asociación.

ACOJUD recordó que el nombramiento de las magistraturas suplentes constituye una responsabilidad constitucional de la Asamblea Legislativa y no una decisión que pueda postergarse indefinidamente por razones políticas o coyunturales.

Asimismo, enfatizó que el adecuado funcionamiento de la justicia constitucional es indispensable para garantizar derechos fundamentales como la salud, la educación, la libertad personal, el debido proceso y el acceso efectivo a la justicia.

Finalmente, la Asociación reiteró su llamado a las diputadas y los diputados para que procedan con estos nombramientos a la mayor brevedad, al considerar que el fortalecimiento de la justicia constitucional constituye una condición esencial para preservar el Estado de Derecho y la protección efectiva de los derechos de todas las personas.

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