San José, 06 oct (elmundo.cr) – El abogado Arthur Jiménez LaTouche denunció lo que calificó como “traslados abusivos” de oficiales del Ministerio de Seguridad Pública (MSP) y cuestionó la motivación utilizada para justificar algunos de estos movimientos.
Según el abogado, los traslados estarían generando afectaciones familiares, económicas y emocionales a policías, por lo que anunció la presentación de procesos ante el Tribunal Contencioso Administrativo.
Como ejemplo, mencionó el caso de un oficial que fue notificado de su traslado desde La Cruz de Guanacaste hacia Bahía Drake, en Puerto Jiménez.
“Hoy a las 11 de la mañana notifican a un policía en La Cruz, Guanacaste, y lo trasladan a Bahía Drake en Puerto Jiménez. Tres de la tarde presentamos la medida cautelar provisionalísima, cinco de la tarde el Tribunal nos da la razón”, relató.
De acuerdo con Jiménez LaTouche, el Tribunal ordenó dejar sin efecto los efectos del acto administrativo y, con ello, la reubicación del funcionario, debido a elementos como la urgencia, el desarraigo familiar, la afectación económica y cuestionamientos sobre la motivación del traslado.
Cuestiona recursos administrativos
El abogado afirmó que, según la información que maneja, los recursos de revocatoria y apelación relacionados con estos traslados estarían siendo rechazados.
“Tenemos información de que los recursos de revocatoria, los de apelación, por orden del ministro Gerald Campos, se están declarando todos sin lugar”, aseguró.
Jiménez LaTouche sostuvo que, ante esta situación, la vía que les queda a los policías para buscar una revisión judicial es acudir al Tribunal Contencioso Administrativo.
A su criterio, esta alternativa representa una carga adicional para los oficiales debido a la complejidad y duración de estos procesos.
“Es un proceso complejo, es un proceso muy técnico, es un proceso muy largo, pero es la única forma en la que se puedan suspender de manera inmediata los efectos de estos traslados arbitrarios”, afirmó.
Pide responsabilizar a funcionarios
El abogado también planteó que los funcionarios que soliciten o firmen los traslados podrían enfrentar eventuales responsabilidades por los daños ocasionados.
“Ya tenemos que responsabilizar a los funcionarios públicos que están firmando estos traslados o que están pidiendo estos traslados”, manifestó.
Según su versión, algunos actos administrativos estarían justificando los movimientos por razones de operatividad, pese a que —afirma— estadísticas públicas del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) mostrarían una menor incidencia delictiva en algunas de las zonas donde son enviados los oficiales.
También cuestionó que se alegue una valoración previa de los funcionarios para evitarles afectaciones personales.
“No valoran al funcionario como ser humano, que tiene esposa, que tiene hijos, que tiene padres, el gasto económico”, señaló.
Jiménez LaTouche aseguró que, de continuar estos casos, buscarán que los funcionarios involucrados sean incluidos en procesos judiciales para determinar eventuales responsabilidades por daños y perjuicios.
Finalmente, hizo un llamado a la Dirección de la Fuerza Pública y a la Dirección de Recursos Humanos del MSP para revisar la política de traslados.
“Reconsideren esta nueva ‘política’ de traslados abusivos, porque la afectación que se está generando a muchos hombres y mujeres policías es grave”, concluyó.
