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50 allanamientos y 40 detenidos en el operativo policial más grande en la historia de Costa Rica

Walter Espinoza (izquierda) director del OIJ junto a Jorge Chavarría (Fiscal General). Foto: Luis Madrigal / El Mundo CR
Jorge Chavarría, Fiscal General (en primer plano) y Walter Espinoza, director del OIJ (detrás) durante la conferencia de prensa. Foto: Luis Madrigal / El Mundo CR

San José, 7 mar (elmundo.cr) – El megaoperativo que realizó este martes el Ministerio Público, la Fiscalía General de la República, el Organismo de Investigación Judicial y la Dirección de Inteligencia y Seguridad (DIS) dejó como resultado 50 allanamientos y 40 personas detenidas.

Así lo confirmaron Jorge Chavarría, Fiscal General de la República y Walter Espinoza, director del Organismo de Investigación Judicial en conferencia de prensa.

“No vamos a retroceder ni un centímetro. Hoy hemos hecho 50 allanamientos para terminar de desmantelar una de las organizaciones más peligrosas, la de Luis Angel Martínez Fajardo, alias “El Pollo”, una organización vertical que contaba con dos personas que estaban en el extracto inmediato inferior de la jerarquía y cuatro subgrupos que estaban afectando la parte sureste de San José”, detalló Chavarría.

El Fiscal General dijo que ha habido un proceso minucioso de investigación y recabación de pruebas, por lo que en las próximas horas solicitarán medidas cautelares contra todos los detenidos, entre los que figuran nueve mujeres. A ellos los acusarán de tráfico de drogas, portación ilegal de armas, tentativa de homicidio y dos homicidios.

Walter Espinoza, director del OIJ dijo por su parte que aún faltan seis personas por detener. “La pretensión básica eran 38 sujetos, sin embargo conforme fue avanzando la actividad operativa fuimos compilando más datos, pruebas, identificando sujetos, de manera que existe posibilidad razonable de que supere la cifra inicial”, indicó.

Las autoridades incautaron importantes cantidades de crack, marihuana, dinero en efectivo, armas de fuego y documentación varia que les permite establecer indubitablemente que el grupo tenía características de red, con una estructura compleja y un modo de operar definido por las jerarquías.

“La operación hasta el momento es absolutamente exitosa. Todavía la policía está procesando datos que va a compartir con la Fiscalía y hemos elaborado un caso que es suficientemente sólido”, manifestó Espinoza.

Asimismo, dijo que en total la cifra de detenidos por los golpes a esta organización criminal suman 70, tomando en consideración que el año anterior se detuvieron otras 27 personas por los delitos de tráfico de drogas y homicidios. Todos se acogieron a un proceso abreviado, al declararse culpables y ser condenados a prisión, ante la solidez de la evidencia en su contra

Por otra parte, las autoridades anunciaron que suministrarán información a Nicaragua para que esta determine si puede ampliar los cargos contra Fajardo, alias “El Pollo”, que se encuentra preso en ese país pero que, a pesar de ello, manejaba mediante teléfono celular y órdenes directas la forma que debía operar la organización en Costa Rica.

El jerarca resaltó la importante coordinación que hubo con la Corte Suprema de Justicia, la cual tuvo que nombrar 20 nuevos jueces, los cuales fueron “repartidos” entre los diferentes allanamientos hechos.

“Vamos sobre la misma linea, no hay discusión. Vamos a tratar de desmantelarlo, no permitiremos que se vuelvan a recomponer”, dijo Espinoza.

OPERACIÓN. El director del OIJ detalló que la banda criminal se dirigía desde Nicaragua, donde “El Pollo” enviaba órdenes a dos “gerentes” mediante teléfono o por contacto personal y directo con ellos.

Luego, esos dos “gerentes” giraban órdenes a los otros integrantes de la organización, denominados como “asalariados”, ya que recibían un pago constante, fijo y establecido de hasta 400.000 colones al mes, por pertenecer a la organización criminal y realizar las actividades ilícitas que ordenaba Martinez Fajardo y los otros dos gerentes, de los cuales, uno aún se encuentra en fuga.

“Los asalariados son inamovibles, fijos y leales al líder. Esto además le permitía darle mucha cohesión interna a la organización. Crearon cuatro grupos de ventas de drogas en distintos sitios, cada uno formado por una cantidad importante de personas, una persona es el administrador de cada uno de los lugares y además hay personas que se dedican a almacenar, vender, procesar y transportar la droga”, explicó Espinoza.

La organización tenía una organización interna estructurada de tal forma, que le permitía determinar cuánto dinero debía ingresar por cada una de las ventas de drogas que se hacían, las cuales denominaban “pelotas” con 105 dosis cada una.

“Cuando las cosas se salían de control por contabilidad, empezaba a operar los “asalariados” que se encargaban de los asuntos internos, usando la amenaza, violencia, los golpes e incluso el asesinato cuando alguno de los miembros se salía del camino”, mencionó el jefe de OIJ.

Las autoridades aún trabajan en cuantificar cuáles fueron las ganancias de la organización criminal al momento de ser desmantelada. Sin embargo, confirmaron que los dineros le llegaban a Martines Fajardo vía personal o mediante transferencias.

La redada masiva permitió además detener a las personas señaladas como responsables de dos homicidios y dos tentativas de homicidios, consecuencia directa de la violencia que emanaba de la propia organización, dirigida hacia bandas rivales o contra sus propios integrantes.

“Este caso es sumamente exitoso para el OIJ, es sumamente exitoso para el Ministerio Público, pero es además, muy importante para el país en el tanto y cuanto hemos develado la existencia de una organización criminal que de manera multitudinaria asumía la actividad de tráfico de drogas como una labor profesional, que generaba fondos, afectaba salud pública y generaba problemas en los lugares donde se encontraba”, afirmó el director del OIJ.

Espinoza manifestó que, pese a las redadas estas no son la solución a los problemas del narcotráfico en las zonas afectadas por este flagelo en el país. El jerarca mencionó la imperiosa necesidad de que una vez los aparatos represivos del Estado desmantelan estas organizaciones criminales, es necesario que el mismo Estado “tome” esos lugares, de modo que se evite la recomposición de las organizaciones.

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