Cada cierto tiempo, en Costa Rica, una diputada de turno decide ondear simbología comunista en el Plenario Legislativo y, como por reflejo pavloviano, los voceros de siempre vuelven al mantra de cabecera: “pero hay que recordar que las garantías sociales se las debemos a los comunistas”. La frase se repite con tal aplomo, con tal seguridad de cátedra, que muchos costarricenses la asumen como hecho establecido. Pues bien: es mentira. Y no una mentira menor, ni una imprecisión histórica honesta. Es una mentira construida, sostenida durante décadas para legitimar políticamente a una ideología que no tiene cómo legitimarse por sí sola. Vamos a desmontarla pieza por pieza, dato por dato, fecha por fecha.
1. Los padres de la legislación social fueron un Papa y un canciller prusiano. Punto
¿Quieren saber de dónde vienen las grandes legislaciones sociales de Occidente? No vienen de Marx. ¿Vienen de Engels? No. ¿Vienen del Manifiesto Comunista? Tampoco. Vienen, por orden cronológico, de dos personajes profundamente anticomunistas: el Papa León XIII y el canciller Otto von Bismarck.
En 1891, León XIII promulgó la encíclica Rerum Novarum, primer gran documento de la doctrina social de la Iglesia. ¿Y qué dice Rerum Novarum? Defiende el justo salario, el derecho de los trabajadores a asociarse, el deber del Estado de proteger al débil y simultáneamente fulmina al socialismo como remedio peor que la enfermedad por negar la propiedad privada y disolver la familia. Pío XI, en 1931, profundizó esa línea con Quadragesimo Anno; y en 1937, con Divini Redemptoris, una encíclica explícitamente dedicada a denunciar el comunismo ateo. Esa fue la fuente de la que bebió toda una generación de juristas y estadistas latinoamericanos, incluido el doctor Rafael Ángel Calderón Guardia, formado en la Universidad Católica de Lovaina, en la escuela del Cardenal Mercier.
¿Y la otra fuente? El primer Estado moderno que construyó un sistema integral de seguridad social no fue ningún paraíso socialista, no fue la Unión Soviética (que ni existía), no fue la Cuba castrista. Fue la Alemania imperial de Otto von Bismarck, conservador, monárquico y prusiano hasta los huesos. Entre 1883 y 1889, Bismarck creó el seguro de enfermedad, el seguro contra accidentes laborales y el seguro de invalidez y vejez. ¿Y saben qué había hecho Bismarck cinco años antes, en 1878? Había firmado las Sozialistengesetze, las leyes que ilegalizaron al Partido Socialdemócrata alemán. Es decir: el padre de la seguridad social moderna era enemigo declarado del socialismo. La seguridad social nació, literalmente, como un proyecto antisocialista.
Quien le atribuye al comunismo la paternidad de la legislación social no está interpretando: está inventando.
2. El arquitecto fue Calderón Guardia. El comunismo llegó tarde, llegó desde afuera y llegó con condiciones
En Costa Rica, el ciclo reformista de 1941-1943 tuvo arquitecto, equipo redactor e inspirador doctrinal claramente identificables. Y ninguno —ninguno— era comunista.
El arquitecto fue Rafael Ángel Calderón Guardia, presidente republicano, médico, formado en la doctrina social católica. Bajo su administración se creó la Caja Costarricense de Seguro Social en 1941, se incorporó a la Constitución de 1871 el Capítulo de las Garantías Sociales mediante la Ley N.º 24 del 2 de julio de 1943 y se promulgó el Código de Trabajo (Ley N.º 2 del 26 de agosto de 1943). El equipo técnico que redactó esa legislación —Guillermo Padilla Castro, Ernesto Martén Carranza, Walter Dittel, Óscar Barahona Streber— fue de juristas formados en tradición liberal y socialcristiana. Búsquenle a cualquiera de ellos un solo carnet del Partido Comunista. No lo van a encontrar.
El inspirador pastoral fue Monseñor Víctor Manuel Sanabria Martínez, Arzobispo de San José. Y aquí está el dato que el mito necesita esconder con todas sus fuerzas: cuando Sanabria pactó con Manuel Mora en junio de 1943, impuso cuatro condiciones, dos de ellas demoledoras: que el Partido Comunista cambiara de nombre —razón por la cual nació, el 13 de junio de 1943, el Partido Vanguardia Popular— y que se reconociera expresamente que las Garantías Sociales tenían un fundamento social cristiano, no marxista. Léanlo dos veces: la jerarquía católica costarricense no aceptó las garantías sociales porque fueran comunistas; aceptó el apoyo de los comunistas a condición de que estos reconocieran que no lo eran. Eso no es una alianza entre iguales. Eso es una capitulación doctrinal.
¿Y Manuel Mora? Mora fue lo que verdaderamente fue: un aliado táctico habilísimo, jefe de una fracción parlamentaria que apoyó las reformas y negoció con el Ejecutivo. Apoyar una ley en el Congreso no es ser su autor. La historiografía seria lo ha dicho una y otra vez: el propio Óscar Barahona Streber, redactor técnico de la reforma, dejó escrito en sus memorias que la reforma social no tuvo origen comunista y que los comunistas se vieron obligados a apoyarla y terminaron capitalizándola. El historiador Iván Molina, de la Universidad de Costa Rica, ha demostrado que el comunismo costarricense fue inicialmente adversario de Calderón Guardia, y solo viró hacia la alianza después de que el presidente, en agosto-septiembre de 1940, anunciara que impulsaría un código laboral. Y el padre Miguel Picado documentó que Vanguardia Popular no desempeñó papel significativo en la redacción de la Ley de la CCSS.
Confundir adhesión tardía con paternidad doctrinal es la operación retórica básica del mito. Y es, además, una estafa intelectual.
3. Hagamos memoria: en 1948 los comunistas se levantaron en armas contra la democracia costarricense
Hay otra parte de la historia que conviene recordar, porque al mito le encanta omitirla. En febrero de 1948, Otilio Ulate ganó las elecciones presidenciales. El Congreso, con mayoría calderonista-comunista, anuló esas elecciones el 1.º de marzo de 1948. ¿Y qué hizo el Partido Vanguardia Popular —el Partido Comunista— ante esa anulación? Se levantó en armas. Las brigadas comunistas combatieron del lado del gobierno saliente para impedir que el ganador en las urnas asumiera el poder. Esa fue su contribución al “espíritu democrático” costarricense: fusiles para cancelar el voto popular.
Esa guerra civil terminó con la derrota del calderonismo-comunismo a manos de las fuerzas de José Figueres Ferrer. Y a continuación, la Constituyente de 1949 hizo lo que tenía que hacer: incorporó al artículo 98 de la Constitución Política la prohibición de las organizaciones que atentaran contra el orden constitucional democrático. Esa prohibición se aplicó al comunismo y se mantuvo vigente hasta 1975. Veintiséis años durante los cuales el Partido Comunista costarricense estuvo legalmente proscrito por haber atentado contra la democracia. No fue persecución arbitraria: fue consecuencia constitucional directa de su comportamiento armado.
¿Y por si alguien quiere alegar que el calderonismo, sin los comunistas, era democrático? Recuerden enero de 1955, cuando Calderón Guardia volvió a invadir Costa Rica desde Nicaragua, esta vez con apoyo de tres dictadores latinoamericanos —Anastasio Somoza García, Marcos Pérez Jiménez y Rafael Leónidas Trujillo— en un nuevo intento de derrocar al gobierno legítimo de Figueres.
Ese es el método del calderonismo cuando perdía elecciones: el atajo armado y la conspiración de tiranos extranjeros. La cultura golpista no fue un accesorio del calderonismo: fue estructural. Y el comunismo había sido, siete años antes, su brazo armado.
4. La CCSS creció precisamente cuando el comunismo estaba PROSCRITO
Vamos al dato más contundente, ese que el mito no puede explicar: si la Caja Costarricense de Seguro Social fuera una conquista comunista, debería haber crecido bajo gobiernos comunistas, ¿verdad? Pues miren: la CCSS no solo no creció bajo gobiernos comunistas —porque nunca, nunca, en toda la historia de Costa Rica ha habido un gobierno comunista—, sino que vivió su mayor expansión institucional precisamente durante los veintiséis años en que el Partido Comunista estuvo constitucionalmente proscrito.
Repasemos los hitos, uno por uno:
- 1949: La Constitución Política de la Segunda República eleva a la CCSS a rango constitucional (artículo 73). El comunismo, proscrito.
- 1961: Reforma constitucional al artículo 73, durante el gobierno de Mario Echandi (Partido Unión Nacional, explícitamente anticomunista). El comunismo, proscrito.
- 1973: Ley N.º 5349 de Universalización del Seguro Social. Se traspasan a la CCSS todos los hospitales del país. Es el momento histórico de la universalización. ¿Bajo qué gobierno? El de José Figueres Ferrer en su tercer mandato, líder histórico del Partido Liberación Nacional —el mismo PLN que había derrotado militarmente a los comunistas en 1948—. El comunismo, todavía proscrito.
- 1975: Reforma del artículo 98, que permite la legalización del comunismo.
- 1975 – 2026: La CCSS sigue creciendo —EBAIS, hospitales regionales, programas de atención primaria— bajo gobiernos del PLN, del PUSC, del PAC y del PSD. Nunca, en los más de ochenta años de historia de la institución, ha gobernado Costa Rica un partido comunista.
Es decir: la CCSS, el Código de Trabajo, las Garantías Sociales, el aguinaldo, la jornada de ocho horas, las vacaciones pagadas, la Sala Constitucional, la educación pública universal, la abolición del ejército —todo lo que constituye nuestro Estado social de Derecho— se construyó bajo gobiernos socialcristianos, socialdemócratas y conservadores, con el comunismo proscrito o marginal. ¿Y todavía hay quien insiste en que se lo debemos al comunismo? Por favor. Hay que tener una capacidad notable de negar la realidad para sostener semejante fantasía.
5. El aguinaldo: otra mentira que se cae sola
Otro favorito del mito: “el aguinaldo se lo debemos a los comunistas”. Falso. Falso de toda falsedad.
El aguinaldo en la empresa privada se estableció por Ley N.º 2412 del 23 de octubre de 1959. ¿Quién lo impulsó? El diputado Luis Alberto Monge Álvarez, del Partido Liberación Nacional, socialdemócrata, surgido del bando vencedor de la guerra civil que proscribió al comunismo. ¿Quién lo vetó? El presidente Mario Echandi Jiménez, del Partido Unión Nacional, explícitamente anticomunista. ¿Cómo se aprobó? Por resello legislativo, con la mayoría calificada de dos tercios, en una Asamblea de la cual el comunismo estaba constitucionalmente excluido.
¿Comunistas en esa ecuación? Cero. Ninguno. Nada. Nadie. Atribuirle al comunismo costarricense el aguinaldo no es interpretación histórica: es invención burda. Es estafa.
6. ¿Por qué importa? Porque el “buen comunismo” no existe
Podría pensarse que esta es una disputa académica menor. No lo es. El mito del buen comunismo —el comunismo costarricense como excepción benévola, como autor secreto de nuestras conquistas sociales— cumple una función política precisísima: relativizar el balance histórico de una ideología totalitaria. Una ideología que, donde efectivamente gobernó, sin excepción, instauró regímenes de partido único, suprimió libertades civiles, persiguió a la disidencia con tribunales especiales, fusiló o envió a campos de trabajo a millones de personas y produjo, en su saldo conjunto del siglo XX, decenas de millones de muertes. Holodomor, Gran Salto Adelante, Camboya, Corea del Norte, Cuba, Venezuela, Nicaragua sandinista. La lista es larga, sangrienta y empíricamente verificable. No es ideología: son cadáveres.
El mito del comunismo costarricense buenito es el caballo de Troya por el que esa ideología pretende reingresar al debate público con credenciales democráticas que no tiene, no tuvo y no tendrá.
Por eso, defender la verdad histórica de las garantías sociales no es nostalgia ni partidismo: es higiene democrática. Es restituirles la autoría a quienes verdaderamente la merecen —al pensamiento social católico de Rerum Novarum, a la tradición conservadora-reformista de Bismarck, al republicanismo socialcristiano de Calderón Guardia, a la mediación pastoral de Sanabria, a la socialdemocracia liberacionista de Figueres y de Monge— y dejar al comunismo en el lugar histórico que le corresponde: el de un aliado táctico secundario en un episodio puntual, levantado en armas contra el voto popular en 1948 y, por esa misma razón, constitucionalmente proscrito durante un cuarto de siglo.
La diputada que ondea simbología comunista en el plenario tiene, por supuesto, todo el derecho legal de hacerlo, en una República que garantiza la libertad ideológica. Lo que no tiene —lo que nadie tiene— es derecho a una historia inventada. Esa, los costarricenses no se la debemos.
Y termino con la frase que más le duele al mito, parafraseando a Santayana: el que no quiere conocer la historia está condenado a revivirla.
