instituciones públicas

Lo más importante para esta navidad y año nuevo: Tenemos que proteger más a Costa Rica

Posted on diciembre 10, 2025 by Redacción

Nuestra democracia es única, es una democracia de exportación. Pero la violencia y la polarización no combina con nuestro estilo de vida y nuestras tradiciones, menos con la Costa Rica del pura vida. Nuestro país es una democracia muy frágil contra la violencia y la polarización, contra el narcotráfico, el sicariato y los femicidios. Está claro que no combina nuestra Costa Rica del pura vida con la violencia y la polarización. Tenemos que proteger más a Costa Rica. Y la solución es muy sencilla: Solo necesitamos eficiencia en nuestras instituciones públicas y en general en los 3 poderes de la República. Con eficiencia y buenos controles en todas las instituciones públicas y en los 3 Poderes de la República, nos beneficiamos todos los costarricenses. Sin eficiencia y sin buenos controles, se benefician unos pocos en detrimento de la gran mayoría de costarricenses. Para eso es un cambio de gobierno. Hay que hacer lo que hay que hacer. No puede ser que todas las sanciones que hay que ejecutar para defender al Estado y por ende a sus habitantes, a todos los demás costarricenses, tarden años y años y hasta prescriben: la trocha, el cementazo, el caso cochinilla, el caso diamante, ahora en este gobierno el caso barrenador y otros casos, los privilegios de las convenciones colectivas del sector público, el combustible de los diputados y otros funcionarios públicos, las pensiones de lujo, los pagos de más dizque por errores en las planillas del ministerio de educación y otras instituciones públicas, las repúblicas independientes, el abandono de la educación pública primaria y secundaria por privilegiar al FEES, carreteras y hospitales en lento proceso, en fin.

¿Por dónde empezamos, quién arregla a quién? Para eso es un cambio de gobierno. Para que el nuevo gobierno arregle lo que haya que arreglar. Todos esos funcionarios también tienen montones de asesores que los pagamos todos los costarricenses. El problema son las personas, no las instituciones ni la institucionalidad. Para tener malos gobiernos no hemos necesitado elegir partidos con mayoría legislativa. La gran mayoría de los problemas de Costa Rica se resolverían muy fácilmente si todas las auditorías internas, contralorías y demás instituciones de control de gasto público, por fin comprendieran que su trabajo es muy importante y necesario para nuestro país, aunque sus salarios y privilegios sean pagados por cada institución pública, su responsabilidad inicial y final es por y para Costa Rica, porque de lo contrario, nunca van a alcanzar ni todos los impuestos ni la enorme e inmanejable deuda pública para cubrir tantas y tantas fallas en el control de los gastos. Con más eficiencia no se perderían miles de millones de las bóvedas de un banco nacional. Con más eficiencia no habría tanta facilidad para evadir los controles en las adjudicaciones de tantas licitaciones públicas. Con más eficiencia los expedientes judiciales no estarían compitiendo en tardanza, con las listas de espera de la CCSS, etc, etc, etc. Para tener malos gobiernos no hemos necesitado elegir partidos con mayoría legislativa. El quiebre del voto que hacemos tradicionalmente los costarricenses es porque no confiamos en nuestros gobernantes y en los 3 poderes deben conseguir las mayorías necesarias mediante acuerdos entre todos los diversos partidos políticos.

Está claro que sí, si podemos subir a las grandes ligas de los países más desarrollados. Inclusive a nuestro estilo, a la tica, con nuestra democracia del pura vida. Pero la mayoría legislativa de un solo partido puede cambiarlo todo. ¿Para bien o para mal? En realidad, solo necesitamos conseguir pocas cosas: Ocupamos que el TSE por fin lleve a cabo mejoras en todos los procesos electorales de nuestro país. Es necesario bajar el abstencionismo, pero eso solo va a ocurrir, si los costarricenses vemos cambios positivos en la forma de escoger a todos los candidatos a diputados y a puestos públicos. Que se implementen también más y mejores controles y sanciones a los partidos y a los candidatos que incumplan los más y mejores requisitos que deben exigirse. Ya no es suficiente seguir garantizando solo el recuento de los cada vez menos votos. De la Sala IV ocupamos que actualice y mejore la redacción e interpretación única y correcta de todo el articulado de la Constitución vigente y de nuestras leyes en general. Tampoco es necesaria otra Constitución Política. Para que por fin, los beneficiados sean toda Costa Rica y todos los costarricenses. Y finalmente, que cada institución pública haga todo lo que se supone tiene que hacer: que la Contraloría controle, que la Defensoría nos defienda, que la CCSS atienda a todos los que aún seguimos vivos, o sea, no más listas de espera. En fin, que cada institución pública haga su parte, con mucha más eficiencia, para llegar pronto a las grandes ligas, para beneficio de todos los costarricenses. La eficiencia es el motor del mundo. Nuestra ineficiencia en la justicia y en todo lo demás, fomenta la injusticia y la violencia.

La nueva normalidad en nuestras elecciones nacionales

Posted on noviembre 11, 2025 by Redacción

De conformidad con los últimos períodos de elecciones nacionales pareciera que la preferencia de los costarricenses, ojalá sabiduría, es que no haya ningún candidato con más del 40% de los votos en la primera ronda. De tal manera que sea necesaria una segunda ronda con los 2 candidatos más cercanos a ese 40%. Así como ha sido también preferencia de los costarricenses que ningún partido político obtenga la mayoría absoluta de 38 o más diputados. Hasta esta fecha, pareciera que el resultado de las encuestas se parece mucho a esta tendencia de preferencia de los electores costarricenses. Somos una maravilla de democracia. Tenemos nuestra democracia a la tica. La democracia del pura vida. Es una marca país. Una democracia de exportación. Sin embargo, pasan los años y no ha habido forma de controlar y enderezar el rumbo de la clase política, básicamente porque la Defensoría, el TSE y la Sala IV ayudan demasiado poquito a Costa Rica. Y bueno, es porque además, nos falta corregir un pequeño defecto: tenemos ineficiencia en los 3 Poderes de la República. Claro, con 200 años de antigüedad, puede ser que ya llegamos a la edad de los nuncas.

Pero, no hay problema, también tenemos 200 años de experiencia. La solución es muy sencilla. Solo requerimos que las instituciones públicas hagan por fin, todo lo que se supone tienen que hacer: Que la Contraloría realmente controle, que la Defensoría realmente nos defienda, que la CCSS y el Poder Judicial por fin, bajen a niveles razonables las listas de espera en atención de pacientes y resolución de casos judiciales en trámite. Que la prioridad en nuestra educación pública, por fin sea la primaria y la secundaria, en fin, que cada institución pública haga bien su parte del trabajo. A estas alturas del siglo XXI no podemos afirmar que los tres Poderes, el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial estén funcionando bien, porque a diario nos enteramos que hay problemas por todas partes. A los costarricenses nos está funcionando mejor la opción de las redes sociales. Recordemos que para estas últimas elecciones presidenciales la votación de los costarricenses significó entre otras cosas, la extinción de varios partidos políticos como el PAC y el PASE, principalmente. También hemos conseguido variantes favorables para la no reelección de diputados y alcaldes, después de años y años permitiendo ver a los mismos partidos y políticos de siempre, como diputados y alcaldes repitentes. Pero en el TSE tienen que haber más y mejores ideas porque no podemos seguir con estos vergonzosos niveles de abstencionismo. También para las últimas elecciones municipales la votación de los costarricenses significó la pérdida de la mitad de las alcaldías para un partido y, el crecimiento exponencial en la obtención de alcaldías para otros partidos.

La gran mayoría de los problemas de Costa Rica se resolverían muy fácilmente si todas las auditorías internas, contralorías y demás instituciones de control de gasto público, por fin comprendieran que su trabajo es muy importante y necesario para nuestro país, aunque sus salarios y privilegios sean pagados por cada institución pública, su deber inicial y final es por Costa Rica, porque de lo contrario, nunca van a alcanzar ni todos los impuestos ni la enorme e inmanejable deuda pública para cubrir tantas y tantas fallas en el control de los gastos. Con más eficiencia no se perderían miles de millones de las bóvedas de un banco nacional. Con más eficiencia no habría tanta facilidad para evadir los controles en las adjudicaciones de tantas licitaciones públicas. Con más eficiencia los expedientes judiciales no estarían compitiendo en tardanza de resolución, con las listas de espera de atención de la CCSS, etc, etc, etc. Necesitamos más y mejores ideas y más y mejores decisiones para que los procesos electorales también sean reflejo de una democracia moderna y no la misma Costa Rica de hace 200 años con autosalarios y autoprivilegios burocráticos desproporcionados para lo poquito que ayudan a nuestro país. El quiebre del voto que hacemos tradicionalmente los costarricenses que ojalá sea sabiduría, es porque no confiamos en nuestros gobernantes y en los 3 poderes deben conseguir las mayorías necesarias mediante acuerdos entre los diversos partidos políticos.

El pilar que le falta a nuestra democracia del pura vida es la eficiencia en el sector público

Posted on noviembre 9, 2025 by Redacción

La eficiencia es el motor del mundo. Nuestra ineficiencia de la justicia y en todo lo demás, fomenta la injusticia y la violencia. Con eficiencia y buenos controles en todas las instituciones públicas y en los 3 Poderes de la República, nos beneficiamos todos los costarricenses. Sin eficiencia y sin buenos controles, se benefician unos pocos en detrimento de la gran mayoría de costarricenses. Para eso es un cambio de gobierno. Hay que hacer lo que hay que hacer. No puede ser que todas las sanciones que hay que ejecutar para defender al Estado y por ende a sus habitantes, a todos los demás costarricenses, tarden años y años y hasta prescriben: la trocha, el cementazo, el caso cochinilla, el caso diamante, ahora en este gobierno el caso barrenador y otros casos, los privilegios de las convenciones colectivas del sector público, el combustible de los diputados y otros funcionarios públicos, las pensiones de lujo, los pagos de más dizque por errores en las planillas del ministerio de educación y otras instituciones públicas, las repúblicas independientes, el abandono de la educación pública primaria y secundaria por privilegiar al FEES, carreteras y hospitales en lento proceso, en fin. La eficiencia es el motor del mundo. Nuestra ineficiencia de la justicia fomenta la injusticia y la violencia. Nuestra justicia no avanza porque hay inmunidad. Pero tampoco avanza si no hay inmunidad. El problema son las personas, no las instituciones ni la institucionalidad.

Está claro que nuestras instituciones adolecen de muchos defectos, pero es que si de defectos se trata, también los 3 poderes de la República tienen muchos defectos. Entonces, por dónde empezamos, ¿quién arregla a quién? Es el poder ejecutivo quien nombra a sus ministros y viceministros, también es el poder ejecutivo quien nombra juntas directivas y presidentes de instituciones públicas, embajadores y un sin número más de funcionarios públicos. Los partidos políticos son quienes escogen a los futuros diputados. Los diputados son quienes eligen y reeligen a magistrados y jueces del poder judicial hasta por 8 larguísimos años. Entre otros muchos temas pendientes también debe resolverse la prohibición para la no existencia de diputados de partidos, que luego se declaran independientes, que estuvieron de moda en las elecciones anteriores y que, en este nuevo gobierno, otra vez ya se han presentado varios casos. No podemos seguir con los mismos procesos electorales de hace 200 años. También se prevendrían y se evitarían muchos otros problemas, si la Sala IV por fin tuviera entre sus prioridades, estar actualizando diariamente todo lo relativo a nuestra Constitución Política: la interpretación correcta y las mejoras necesarias de artículos como los relativos a las convenciones colectivas y al 8% del PIB imposible e innecesario para financiar a la educación pública, por ejemplo, si va a seguir siendo prioridad el FEES en detrimento de la educación pública primaria y secundaria. Ya hace varios años se permitió la innecesaria reelección presidencial, así que sí se puede modificar todo lo que sea necesario, para beneficio del Estado y de todos los demás costarricenses. El quiebre del voto que hacemos tradicionalmente los costarricenses es porque no confiamos en nuestros gobernantes y en los 3 poderes deben conseguir las mayorías necesarias mediante acuerdos entre los diversos partidos políticos.

Ya no es suficiente que el TSE siga solo garantizando el conteo de los cada vez menos votos de nuestras elecciones nacionales. Ya no es suficiente que la Asamblea Legislativa siga produciendo leyes con una gran cantidad de portillos que las hacen ineficientes. Ya no es suficiente que el Poder Judicial insista en seguir compitiendo con la CCSS alargando las interminables listas de espera, en este caso, de resolución de expedientes judiciales. Ya no es suficiente que la Defensoría de los Habitantes insista en hacer estudios para solo emitir opiniones y recomendaciones que nadie le hace caso. Ya no es suficiente que la Sala IV insista en seguir esperando que seamos los demás costarricenses los que les digamos lo que tienen que hacer para que nuestras leyes y los artículos constitucionales cumplan con su obvio propósito de defender a Costa Rica y a todos los costarricenses. Las personas que tienen el honor de recibir sus salarios, honorarios y privilegios en todas esas instituciones también son ciudadanos costarricenses, que con más conocimiento de causa, saben qué hay que hacer y cómo hacerlo para cumplir con la misión y la visión original en la creación de esas instituciones. Ya no es suficiente para estas instituciones públicas solo cumplir y celebrar aniversarios. Es obvio que la eficiencia requiere de mucha capacidad o mucha experiencia y, para obtener buenos resultados para el país y por ende, para todos los costarricenses, también se requiere patriotismo.

Hay que recordar que para las elecciones anteriores del 2022 nos dijeron que de por si, los ticos básicos, sea lo que sea que nos digan, todo nos lo creemos. De conformidad con los niveles de tecnología actuales y las facilidades de acceso a diversidad de fuentes de información, deberíamos hacer todo lo posible para no volver a ganarnos esa baja calificación. Está claro que la imperfección de nuestras leyes obviamente procede de la obvia imperfección de los legisladores que humildemente elegimos cada 4 años. No puede pretenderse que leyes perfectas sean el resultado de esos nuestros legisladores de turno. Diputados nuevos unos y repitentes otros, pero primeramente elegidos internamente en cada partido político por unas cuantas decenas de sus familiares y partidarios, antes de que todos los demás costarricenses podamos votar por alguno o por ninguno de ellos. El Tribunal Supremo de Elecciones debería exigir más y mejores requisitos a los partidos para seleccionar mejor a sus candidatos a diputados. Al final del día, son diputados escogidos por los partidos políticos, pero terminan siendo padres de la Patria. Casi nada. La mayoría legislativa de un solo partido puede cambiarlo todo. ¿Para bien o para mal? Son inventos nuestros o es que estamos intentando hacer aportes nuevos al concepto de la democracia: las candidaturas a diputado tienen precio? Y los requisitos? Y los valores? Y el patriotismo? El pilar que le falta a nuestra democracia del pura vida es la eficiencia en todo el sector público.

24 años y no se ha resuelto el juicio de un expresidente: El problema es nuestra justicia lenta e incumplida

Posted on noviembre 6, 2025 by Redacción

Está claro que la imperfección de nuestras leyes obviamente procede de la obvia imperfección de los legisladores que humildemente elegimos cada 4 años. No puede pretenderse que leyes perfectas sean el resultado de esos nuestros legisladores de turno. Diputados nuevos unos y repitentes otros, pero primeramente elegidos internamente en cada partido político por unas cuantas decenas de sus familiares y partidarios, antes de que todos los demás costarricenses podamos votar por alguno o por ninguno de ellos. El Tribunal Supremo de Elecciones debería exigir más y mejores requisitos a los partidos para seleccionar mejor a sus candidatos a diputados. Al final del día, son diputados escogidos por los partidos políticos, pero terminan siendo padres de la patria. Casi nada. La mayoría legislativa de un solo partido puede cambiarlo todo. ¿Para bien o para mal? No hemos necesitado elegir mayorías legislativas de ningún partido para tener malos gobiernos. Por el contrario, necesitamos que por fin, todos los funcionarios públicos y todas las instituciones públicas hagan todo lo que se supone tienen que hacer. Obvio. Pero siguiendo los procedimientos y leyes establecidas. Lo contrario es anarquía. Muy importante el tema este de defender la institucionalidad de nuestro país. Pero también es muy necesario fortalecer los controles internos y externos para que todas nuestras instituciones públicas sigan cumpliendo con sus objetivos, propósitos y metas para las que fueron creadas, en beneficio de todos los costarricenses. Hace muchos años todas las instituciones públicas se preocuparon por definir y poner por escrito, la visión y la misión de cada institución. Ojala que tanto esa visión como la misión sean objeto de actualización, seguimiento y evaluación de cumplimiento, por lo menos anualmente.

Ahora resulta que gobernar, en el presente, significa estar planeando un futuro gobierno y encima de eso, depender de la obtención, casi nada, de 38 o más diputados, para ser y hacer un supuesto gobierno exitoso. Suponíamos que un cambio de gobierno significaba que el nuevo equipo de gobierno traía un nuevo y completo plan de gobierno para arreglar todo lo que había que arreglar y hacer todo lo que había que hacer, que no habían hecho o habían dejado de hacer los últimos gobiernos. Pero no, por lo visto, gobernar en el presente, significa estar planeando qué hacer en un futuro próximo gobierno y, dependiendo de si se obtiene mayoría absoluta de diputados, casi nada. El quiebre del voto que hacemos tradicionalmente los costarricenses es porque no confiamos en nuestros gobernantes y en los 3 poderes deben conseguir las mayorías necesarias mediante acuerdos entre los diversos partidos políticos. No puede ser que todas las sanciones que hay que ejecutar para defender al Estado y por ende a sus habitantes, a todos los demás costarricenses, tarden años y años y hasta prescriben: la trocha, el cementazo, el caso cochinilla, el caso diamante, ahora el caso barrenador y otros casos en este gobierno, los privilegios de las convenciones colectivas del sector público, el combustible de los diputados y otros funcionarios públicos, las pensiones de lujo, los pagos de más dizque por errores en las planillas del ministerio de educación y otras instituciones públicas, las repúblicas independientes, el abandono de la educación pública primaria y secundaria por privilegiar al FEES, carreteras y hospitales en lento proceso, en fin. El problema es nuestra justicia lenta e incumplida. Son las personas, no nuestras instituciones ni nuestra institucionalidad. Necesitamos mucha más acción y mucha menos polarización.

No puede ser que Costa Rica ocupe el último lugar de la OCDE en desarrollo digital del sector público pero el primer lugar en privilegios salariales para dicho sector público. También se prevendrían y se evitarían muchos otros problemas si el TSE por fin tuviera entre sus prioridades, estar actualizando diariamente todos lo relativo a nuestros procesos electorales: no más reelección de diputados ni de ningún funcionario público, no más candidatos con doble postulación para presidente y para diputado, disminuir la cantidad de diputados, establecer y exigir más y mejores requisitos a los candidatos, a los partidos, en fin., etc, etc, etc. El problema de Costa Rica es la justicia lenta e incumplida. El problema son las personas, no nuestras instituciones ni nuestra institucionalidad. Ahora resulta que gobernar, en el presente, significa estar planeando un futuro gobierno y encima de eso, depender de la obtención, casi nada, de 38 o más diputados, para ser y hacer un supuesto gobierno exitoso. El quiebre del voto que hacemos y seguiremos haciendo tradicionalmente los costarricenses, es porque no confiamos en nuestros gobernantes y en los 3 poderes deben conseguir las mayorías necesarias mediante acuerdos entre los diversos partidos políticos. Necesitamos mucha más acción y mucha menos polarización.

En la Asamblea Legislativa, los diputados tienen mucho que hacer, mucho que arreglar, mucho que corregir. Empezando por recordar que según el TSE, los diputados electos, representan a las diferentes comunidades del país, excepto los mal llamados diputados nacionales, que son escogidos a dedo por el candidato presidencial, que antes era uno y ahora el PUSC quiere que sean dos. Lo importante es que tengamos trabajo productivo en beneficio de nuestro país y en beneficio de todos los costarricenses. No puede ser que los diputados sigan reeligiendo hasta por 8 larguísimos años a magistrados y jueces en el poder judicial, habiendo miles de costarricenses hasta con más requisitos y hasta con más deseos de servir a la patria, para esos mismos puestos. Desde la antigüedad siempre se nos ha insistido con el cuento de que la justicia es ciega. La verdad es que en la actualidad y con tantos avances en todos los campos de las ciencias y las tecnologías, ya no se justifica que la justicia siga siendo ciega y, menos en un pequeñísimo país como Costa Rica, de escasísimos recursos económicos. Está claro que todas nuestras instituciones adolecen de muchos defectos, pero es que si de defectos se trata, también los 3 poderes de la República tienen muchos defectos. Entonces, por dónde empezamos, quién arregla a quién? Es el poder ejecutivo quien nombra a sus ministros y viceministros, también es el poder ejecutivo quien nombra juntas directivas y presidentes de instituciones públicas, embajadores y un sin número más de funcionarios públicos. Los partidos políticos son quienes escogen a su conveniencia a los futuros diputados. Los diputados son quienes eligen y reeligen a magistrados y jueces del poder judicial hasta por 8 larguísimos años. Por dónde empezamos, quien arregla a quien? Para eso es un cambio de gobierno. Para que el nuevo gobierno arregle lo que haya que arreglar. Todos esos funcionarios también tienen montones de asesores que los pagamos todos los costarricenses.

Con eficiencia y buenos controles nos beneficiamos todos los costarricenses. La eficiencia es el motor del mundo

Posted on octubre 27, 2025 by Redacción

En Costa Rica no podemos seguir mal interpretando nuestras humildes leyes, dado que los recursos económicos de nuestro país solo provienen de dos únicas fuentes: de los diversos impuestos a las personas físicas y jurídicas y de la inmanejable e impagable deuda pública, con la enormidad también de sus intereses. Ahora resulta que también para mejorar la razón financiera de la deuda pública con el PIB, en el Ministerio de Hacienda han encontrado que es más fácil obtener una buena razón financiera, entre otras cosas, reduciendo la inversión social en la educación pública primaria y secundaria, reduciendo también el presupuesto en seguridad y no pagando la enormidad de deuda que existe desde hace muchos años con la Caja Costarricense del Seguro Social. Excelente que el nuevo gobierno nos informe de todo lo malo que han hecho los gobiernos anteriores. Pero solo con informarnos no es suficiente. La mayoría de costarricenses sabemos mucho de todo lo malo que han hecho y dejado de hacer, todos los anteriores gobiernos. Pero el cambio de gobierno precisamente es para que su plan de gobierno venga a corregir todo lo malo anterior y, además, que imponga nuevas y mejores leyes para prevenir que no volvamos a tener malos gobiernos. Para eso es un cambio de gobierno. Pero el nuevo gobierno también está claro que no es solo el nuevo presidente. Todos los diputados son también parte del nuevo gobierno y deberían estar corrigiendo todo lo malo de los gobiernos anteriores y estableciendo nuevas y mejores leyes para prevenir que no volvamos a tener malos gobiernos. El quiebre del voto que hacemos tradicionalmente los costarricenses es porque no confiamos en nuestros gobernantes y en los 3 poderes deben conseguir las mayorías necesarias mediante acuerdos entre los diversos partidos políticos.

Hay que recordar que para las elecciones anteriores del 2022 nos dijeron que de por si, los ticos básicos, sea lo que sea que nos digan, todo nos lo creemos. De conformidad con los niveles de tecnología actuales y las facilidades de acceso a diversidad de fuentes de información, deberíamos hacer todo lo posible para no volver a ganarnos esa baja calificación. Está claro que la imperfección de nuestras leyes obviamente procede de la obvia imperfección de los legisladores que humildemente elegimos cada 4 años. No puede pretenderse que leyes perfectas sean el resultado de esos nuestros legisladores de turno. Diputados nuevos unos y repitentes otros, pero primeramente elegidos internamente en cada partido político por unas cuantas decenas de sus familiares y partidarios, antes de que todos los demás costarricenses podamos votar por alguno o por ninguno de ellos. El Tribunal Supremo de Elecciones debería exigir más y mejores requisitos a los partidos para seleccionar mejor a sus candidatos a diputados. Al final del día, son diputados escogidos por los partidos políticos, pero terminan siendo padres de la Patria. Casi nada. La mayoría legislativa de un solo partido puede cambiarlo todo. ¿Para bien o para mal? Son inventos nuestros o es que estamos intentando hacer aportes nuevos al concepto de la democracia: las candidaturas a diputado tienen precio? Y los requisitos? Y los valores? Y el patriotismo? Recordemos que el orden de escogencia de los diputados lo hace cada partido a su conveniencia, por unas cuantas decenas de sus partidarios y familiares. El TSE debería exigir más y mejores requisitos a los partidos para sus candidatos a padres y madres de la Patria. Eso ayudaría en algo para motivar a los votantes a disminuir el creciente abstencionismo en nuestras elecciones nacionales.

Ya el agua tibia había sido descubierta: El problema son las personas, no las instituciones ni la institucionalidad

Posted on octubre 19, 2025 by Redacción

La eficiencia es el motor del mundo. Nuestra ineficiencia en la justicia y en todo lo demás, fomenta la injusticia y la violencia. Con eficiencia y buenos controles en todas las instituciones públicas y en los 3 Poderes de la República, nos beneficiamos todos los costarricenses. Sin eficiencia y sin buenos controles, se benefician unos pocos en detrimento de la gran mayoría de costarricenses. Para eso es un cambio de gobierno. Hay que hacer lo que hay que hacer. No puede ser que todas las sanciones que hay que ejecutar para defender al Estado y por ende a sus habitantes, a todos los demás costarricenses, tarden años y años y hasta prescriben: la trocha, el cementazo, el caso cochinilla, el caso diamante, ahora en este gobierno el caso barrenador y otros casos, los privilegios de las convenciones colectivas del sector público, el combustible de los diputados y otros funcionarios públicos, las pensiones de lujo, los pagos de más dizque por errores en las planillas del ministerio de educación y otras instituciones públicas, las repúblicas independientes, el abandono de la educación pública primaria y secundaria por privilegiar al FEES, carreteras y hospitales en lento proceso, en fin. La eficiencia es el motor del mundo. Nuestra ineficiencia en la justicia y en todo lo demás, fomenta la injusticia y la violencia. No más gobiernos de violencia y polarización, solo necesitamos eficiencia. El problema son las personas, no las instituciones ni la institucionalidad.

Hay que recordar que para las elecciones anteriores del 2022 nos dijeron que de por si, los ticos básicos, sea lo que sea que nos digan, todo nos lo creemos. De conformidad con los niveles de tecnología actuales y las facilidades de acceso a diversidad de fuentes de información, deberíamos hacer todo lo posible para no volver a ganarnos esa baja calificación. Está claro que la imperfección de nuestras leyes obviamente procede de la obvia imperfección de los legisladores que humildemente elegimos cada 4 años. No puede pretenderse que leyes perfectas sean el resultado de esos nuestros legisladores de turno. Diputados nuevos unos y repitentes otros, pero primeramente elegidos internamente en cada partido político por unas cuantas decenas de sus familiares y partidarios, antes de que todos los demás costarricenses podamos votar por alguno o por ninguno de ellos. El Tribunal Supremo de Elecciones debería exigir más y mejores requisitos a los partidos para seleccionar mejor a sus candidatos a diputados. Al final del día, son diputados escogidos por los partidos políticos, pero terminan siendo padres de la Patria. Casi nada. La mayoría legislativa de un solo partido puede cambiarlo todo. ¿Para bien o para mal? Son inventos nuestros o es que estamos intentando hacer aportes nuevos al concepto de la democracia: las candidaturas a diputado tienen precio? Y los requisitos? Y los valores? Y el patriotismo? Existe la tal red de cuido o lo que existe solo es ineficiencia y ausencia de patriotismo en todos los funcionarios públicos correspondientes?

La eficiencia es el motor del mundo. La ineficiencia de la justicia fomenta la injusticia

Posted on septiembre 19, 2025 by Redacción

Con eficiencia y buenos controles en todas las instituciones públicas y en los 3 Poderes de la República, nos beneficiamos todos los costarricenses. Sin eficiencia y sin buenos controles, se benefician unos pocos en detrimento de la gran mayoría de costarricenses. Para eso es un cambio de gobierno. Hay que hacer lo que hay que hacer. No puede ser que todas las sanciones que hay que ejecutar para defender al Estado y por ende a sus habitantes, a todos los demás costarricenses, tarden años y años y hasta prescriben: la trocha, el cementazo, el caso cochinilla, el caso diamante, ahora en este gobierno el caso barrenador y otros casos, los privilegios de las convenciones colectivas del sector público, el combustible de los diputados y otros funcionarios públicos, las pensiones de lujo, los pagos de más dizque por errores en las planillas del ministerio de educación y otras instituciones públicas, las repúblicas independientes, el abandono de la educación pública primaria y secundaria por privilegiar al FEES, carreteras y hospitales en lento proceso, en fin. La eficiencia es el motor del mundo. La ineficiencia de la justicia fomenta la injusticia.

Ya no es suficiente que el TSE siga solo garantizando el conteo de los cada vez menos votos de nuestras elecciones nacionales. Ya no es suficiente que la Asamblea Legislativa siga produciendo leyes con una gran cantidad de portillos que las hacen ineficientes. Ya no es suficiente que el Poder Judicial insista en seguir compitiendo con la CCSS alargando las interminables listas de espera, en este caso, de resolución de expedientes judiciales. Ya no es suficiente que la Defensoría de los Habitantes insista en hacer estudios para solo emitir opiniones y recomendaciones que nadie le hace caso. Ya no es suficiente que la Sala IV insista en seguir esperando que seamos los demás costarricenses los que les digamos lo que tienen que hacer para que nuestras leyes y los artículos constitucionales cumplan con su obvio propósito de defender a Costa Rica y a todos los costarricenses. Las personas que tienen el honor de recibir sus salarios, honorarios y privilegios en todas esas instituciones también son ciudadanos costarricenses, que con más conocimiento de causa, saben qué hay que hacer y cómo hacerlo para cumplir con la misión y la visión original en la creación de esas instituciones. Ya no es suficiente para estas instituciones públicas solo cumplir y celebrar aniversarios. La eficiencia es el motor del mundo. La ineficiencia de la justicia fomenta la injusticia.

Presupuesto 2026: hipotecando el futuro para pagar el pasado

Posted on septiembre 8, 2025septiembre 8, 2025 by Redacción

Costa Rica repite el mismo error por vigésimo año consecutivo: aprobar presupuestos que no puede pagar. El pasado 31 de agosto, el Ministerio de Hacienda presentó ante la Asamblea Legislativa su proyecto de Presupuesto Nacional para el año 2026, y aunque lo han disfrazado de “prudente”, los números no mienten. El monto total asciende a ₡12,797 billones, un incremento del 3,1% respecto al año anterior, y lo más alarmante: ₡4,87 billones de ese monto serán financiados con deuda.

Sí, leyeron bien. Casi 4 de cada 10 colones del presupuesto serán prestados. No producidos, no generados por mayor eficiencia, no ahorrados. Prestados. A pagar con intereses. A pagar con impuestos. A pagar con su futuro. Y si esto fuera una excepción aislada, podríamos aceptarlo como un sacrificio coyuntural. Pero no lo es. Es la norma. El financiamiento con deuda se ha convertido en la columna vertebral del modelo fiscal costarricense, no como puente hacia el desarrollo, sino como muleta para sostener un aparato estatal obeso, ineficiente y politizado.

El presupuesto destina el 42% únicamente al pago del servicio de la deuda, es decir, ni siquiera estamos gastando para mejorar el país: estamos pagando por haber gastado mal en el pasado. A esto se suman aumentos de ₡200.000 millones en educación (que sigue secuestrada por sindicatos y burocracia), ₡109.000 millones para “protección social”, que no combate la pobreza pero sí mantiene vivas decenas de instituciones duplicadas, y ₡50.000 millones adicionales para seguridad pública, en un país donde la inseguridad sigue aumentando a pesar del gasto.

¿Y el alivio para el contribuyente? No existe. No hay recorte de instituciones, ni disminución de impuestos, ni mejoras en eficiencia. Solo más gasto, más promesas, más Estado. Hacienda presume que “solo” aumentó el presupuesto un 3,1%, como si eso fuera muestra de austeridad. Pero si el país no está creciendo a ese ritmo (y no lo está), ese aumento no es sostenible ni neutral. Es simple: si nosotros ganamos igual o menos que antes, no podemos gastar más sin endeudarnos. Pero el Estado sí lo hace, porque no gasta su plata: gasta la nuestra. Y peor aún, lo hace sin pedirnos permiso. Se endeuda en nuestro nombre. Nos cobra impuestos sin preguntarnos. Y se da el lujo de llamar a eso “responsabilidad fiscal”.

Y aquí viene el golpe final. El gobierno quiere endeudarse por ₡4,87 billones. Si dividimos esa cifra entre la población total proyectada para 2025, unos 5,36 millones de habitantes, el resultado es inapelable: ₡909.000 de deuda nueva por cada costarricense. Ahora bien, si miramos únicamente a los menores de 35 años (que somos alrededor de 3,04 millones de personas, es decir, más de la mitad del país), la carga se multiplica: ₡1,6 millones por cada joven.

Matemática simple: ₡4.870.000.000.000 ÷ ₡3.040.000 = ₡1.601.316. Eso significa que cada bebé que nace en Costa Rica lo hace con una hipoteca de ₡1,6 millones sobre sus hombros. No es metáfora, es aritmética pura. Y mientras las autoridades hacendarias celebran su “prudencia fiscal”, lo que están haciendo en realidad es condenar a toda una generación a nacer ya endeudada.

Las consecuencias de este modelo de financiamiento son profundas. Primero, porque el exceso de endeudamiento público genera un fenómeno conocido como “crowding out”: el Estado absorbe una parte desproporcionada del crédito interno, desplazando al sector privado, encareciendo el costo del dinero e inhibiendo la inversión productiva. Segundo, porque deteriora la credibilidad fiscal del país. Las calificadoras de riesgo penalizan este tipo de comportamiento con rebajas en la nota soberana, lo que a su vez encarece aún más el endeudamiento futuro. Se entra en un círculo vicioso: más deuda, más intereses, menos margen, más deuda.

Tercero, porque limita la acción de la política monetaria. Altos niveles de deuda pública reducen el margen de maniobra del Banco Central, sobre todo cuando las tasas deben mantenerse bajas artificialmente para sostener la carga de intereses. Esto no solo compromete la independencia del ente emisor, sino que puede derivar en mayor inflación. Y cuarto, porque genera una transferencia de carga entre generaciones: quienes toman las decisiones no serán quienes paguen sus consecuencias. Es una inequidad fiscal estructural.

El problema de fondo no es el endeudamiento en sí mismo, sino en qué se usa la deuda. En Costa Rica, más del 85% del presupuesto está comprometido en gasto rígido: salarios, transferencias, pensiones y deuda. Se está endeudando no para invertir, sino para pagar planillas, sostener burocracia, alimentar instituciones ideologizadas y mantener privilegios políticos. Y como si fuera poco, el espacio fiscal se agota. La presión tributaria ya tocó techo. La recaudación del IVA y del impuesto sobre la renta no crece como espera Hacienda porque se ha alcanzado el techo de la curva de Laffer: subir impuestos más allá de cierto punto no aumenta la recaudación, la reduce. Desincentiva la inversión, empuja a la informalidad y estimula la evasión.

Mientras el aparato público sigue creciendo, el sector productivo se asfixia. Costa Rica es uno de los países con más instituciones públicas per cápita del continente. Muchas de ellas cumplen funciones duplicadas, tienen bajo rendimiento o responden más a intereses políticos que al bienestar colectivo como lo mencioné en mi decimotercero artículo: “No faltan recursos, sobran instituciones”. No se puede hablar de responsabilidad fiscal mientras se mantenga esta estructura. No se puede hablar de sostenibilidad mientras cada presupuesto dependa de deuda para operar. Y no se puede hablar de equidad mientras se cargue a cada nuevo costarricense con ₡1,6 millones de pasivo público antes de que siquiera emita su primer voto.

La única salida real no es cosmética. No basta con celebrar que el presupuesto “solo” aumentó un 3,1%. Si no recaudamos suficiente para financiarlo (y no lo estamos haciendo), ese aumento es insostenible. Es como administrar una casa donde el 85% de los ingresos se van en pagar deudas, salarios fijos y facturas de servicios, y aún así seguir pidiendo préstamos para cambiar el televisor. A eso no se le puede llamar prudencia. A eso se le llama insolvencia anunciada.

Costa Rica necesita un rediseño fiscal profundo. No más parches, no más deuda silenciosa, no más excusas. Es momento de hacer lo que es urgente: reducir el tamaño del Estado, recortar lo innecesario, fusionar instituciones duplicadas, eliminar privilegios, contener el gasto corriente y devolverle poder financiero al ciudadano. El problema no es coyuntural ni propio de un gobierno en particular: es una falla estructural de Hacienda, que ha convertido el endeudamiento en política de Estado. Mientras esa raíz no se arranque, cualquier presidente (de cualquier partido) seguirá administrando lo mismo: deuda, gasto rígido y asfixia a nuestro país.

Porque si no lo hacemos ahora, no solo estaremos condenando a las próximas generaciones a pagar nuestra cuenta. Estaremos admitiendo, como país, que renunciamos a vivir con responsabilidad económica. Y ese precio (el de la decadencia sostenida) será mucho más alto que ₡1,6 millones por cabeza. Hay que empezar a exigir presupuestos que bajen. Que recorten. Que sanen. Que liberen. Porque solo así podremos tener un país donde el futuro no se pague a plazos, ni con intereses, ni con servidumbre fiscal. Un país donde el dinero, la decisión y el futuro vuelvan a estar en manos de quienes trabajamos, producimos y creamos: nosotros.

Costa Rica un país donde la libertad de expresión se cae a pedazos

Posted on septiembre 5, 2025 by Redacción

En el año 2022 nuestro país se encontraba en el séptimo lugar, en cuanto a la libertad de expresión, opinión, comunicación y pensamiento, según el informe emitido por Reporteros sin Fronteras, actualmente estamos en el puesto treinta y seis, situación que es preocupante ya que se han descendido de forma exponencial.

Si bien es cierto los artículos 11, 26, 28 y 29 de nuestra carta magna permite que los funcionarios públicos deben ser objeto de fiscalización y fuertes críticas siempre y cuando no caiga en amenazas mayores, muchas veces los funcionarios públicos amenazan a los ciudadanos que los fiscalizan pese a tener los elementos necesarios para hacer los cuestionamientos necesarios.

En lo particular yo soy un ciudadano que me gusta fiscalizar la administración pública y con la Institución que más he sufrido amenazas, hasta censura ha sido el Ministerio de Seguridad Pública, pese a que le he enviado oficios y notas formales al señor ministro de dicha cartera, la respuesta que recibo prácticamente dan ganas de reírse para no llorar, donde prácticamente defiende a funcionarios administrativos y policiales que tiene a su cargo principalmente me refiero a mandos medios y altos, que no les gusta que les critique su nefasta gestión pese a que los números y estadísticas me respaldan, como decía mi profesor de matemáticas los números no mienten.

Ante este panorama puedo dar fe que si no se defiende ese derecho fundamental y constitucional podemos ir a la debacle; es una pena que nuestras instituciones públicas se les olvide que al fin y al cabo somos los ciudadanos del sector privado y productivo que les pagamos sus salarios con los impuestos que declaramos cada quince de cada mes de forma puntual y lo que recibimos a cambio es que nos amenacen, nos censuren e inclusive se enojen de que no los “ofenda”, por que hasta con esa expresiones me han salido; por eso si no cuidamos de nuestros derecho a la expresión Costa Rica se puede caer a pedazos, como lo está actualmente Cuba, Venezuela, Nicaragua, Corea del Norte, entre otras naciones autoritarias.

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El autor es Licdo en Administración de Empresas, experto en Seguridad, profesor universitario, fundador y propietario de Consultora FARM Soluciones

El problema es la justicia lenta e incumplida. Son las personas, no las instituciones ni la institucionalidad

Posted on agosto 2, 2025 by Redacción

Está claro que todas nuestras instituciones adolecen de muchos defectos, pero es que si de defectos se trata, también los 3 poderes de la República tienen muchos defectos. Entonces, por dónde empezamos, quien arregla a quien? Es el Poder Ejecutivo quien nombra a sus ministros y viceministros, también es el poder ejecutivo quien nombra juntas directivas y presidentes de instituciones públicas, embajadores y un sin número más de funcionarios públicos. Los partidos políticos son quienes escogen a los futuros diputados. Los diputados son quienes eligen y reeligen a magistrados y jueces del Poder Judicial hasta por 8 larguísimos años. Por dónde empezamos, quien arregla a quien? Para eso es un cambio de gobierno. Para que el nuevo gobierno arregle lo que haya que arreglar. Todos esos funcionarios también tienen montones de asesores que los pagamos todos los costarricenses. El problema es la justicia lenta e incumplida. Son las personas, no las instituciones ni la institucionalidad.

Por el contrario, necesitamos que por fin, todos los funcionarios públicos y todas las instituciones públicas hagan todo lo que se supone tienen que hacer. Obvio. Pero siguiendo los procedimientos y leyes establecidas. Lo contrario es anarquía. Muy importante el tema este de defender la institucionalidad de nuestro país.Pero también es muy necesario fortalecer los controles internos y externos para que todas nuestras instituciones públicas sigan cumpliendo con sus objetivos, propósitos y metas para las que fueron creadas, en beneficio de todos los costarricenses. Hace muchos años todas las instituciones públicas se preocuparon por definir y poner por escrito, la visión y la misión de cada institución. Ojala que tanto esa visión como la misión sean objeto de actualización, seguimiento y evaluación de cumplimiento, por lo menos anualmente.

No puede ser que todas las sanciones que hay que ejecutar para defender al Estado y por ende a sus habitantes, a todos los demás costarricenses, tarden años y años y hasta prescriben: la trocha, el cementazo, el caso cochinilla, el caso diamante, ahora el caso barrenador y otros casos en este gobierno, los privilegios de las convenciones colectivas del sector público, el combustible de los diputados y otros funcionarios públicos, las pensiones de lujo, los pagos de más dizque por errores en las planillas del ministerio de educación y otras instituciones públicas, las repúblicas independientes, el abandono de la educación pública primaria y secundaria por privilegiar al FEES, carreteras y hospitales en lento proceso, en fin. El problema es la justicia lenta e incumplida. Son las personas, no las instituciones ni la institucionalidad.