Costa Rica repite el mismo error por vigésimo año consecutivo: aprobar presupuestos que no puede pagar. El pasado 31 de agosto, el Ministerio de Hacienda presentó ante la Asamblea Legislativa su proyecto de Presupuesto Nacional para el año 2026, y aunque lo han disfrazado de “prudente”, los números no mienten. El monto total asciende a ₡12,797 billones, un incremento del 3,1% respecto al año anterior, y lo más alarmante: ₡4,87 billones de ese monto serán financiados con deuda.
Sí, leyeron bien. Casi 4 de cada 10 colones del presupuesto serán prestados. No producidos, no generados por mayor eficiencia, no ahorrados. Prestados. A pagar con intereses. A pagar con impuestos. A pagar con su futuro. Y si esto fuera una excepción aislada, podríamos aceptarlo como un sacrificio coyuntural. Pero no lo es. Es la norma. El financiamiento con deuda se ha convertido en la columna vertebral del modelo fiscal costarricense, no como puente hacia el desarrollo, sino como muleta para sostener un aparato estatal obeso, ineficiente y politizado.
El presupuesto destina el 42% únicamente al pago del servicio de la deuda, es decir, ni siquiera estamos gastando para mejorar el país: estamos pagando por haber gastado mal en el pasado. A esto se suman aumentos de ₡200.000 millones en educación (que sigue secuestrada por sindicatos y burocracia), ₡109.000 millones para “protección social”, que no combate la pobreza pero sí mantiene vivas decenas de instituciones duplicadas, y ₡50.000 millones adicionales para seguridad pública, en un país donde la inseguridad sigue aumentando a pesar del gasto.
¿Y el alivio para el contribuyente? No existe. No hay recorte de instituciones, ni disminución de impuestos, ni mejoras en eficiencia. Solo más gasto, más promesas, más Estado. Hacienda presume que “solo” aumentó el presupuesto un 3,1%, como si eso fuera muestra de austeridad. Pero si el país no está creciendo a ese ritmo (y no lo está), ese aumento no es sostenible ni neutral. Es simple: si nosotros ganamos igual o menos que antes, no podemos gastar más sin endeudarnos. Pero el Estado sí lo hace, porque no gasta su plata: gasta la nuestra. Y peor aún, lo hace sin pedirnos permiso. Se endeuda en nuestro nombre. Nos cobra impuestos sin preguntarnos. Y se da el lujo de llamar a eso “responsabilidad fiscal”.
Y aquí viene el golpe final. El gobierno quiere endeudarse por ₡4,87 billones. Si dividimos esa cifra entre la población total proyectada para 2025, unos 5,36 millones de habitantes, el resultado es inapelable: ₡909.000 de deuda nueva por cada costarricense. Ahora bien, si miramos únicamente a los menores de 35 años (que somos alrededor de 3,04 millones de personas, es decir, más de la mitad del país), la carga se multiplica: ₡1,6 millones por cada joven.
Matemática simple: ₡4.870.000.000.000 ÷ ₡3.040.000 = ₡1.601.316. Eso significa que cada bebé que nace en Costa Rica lo hace con una hipoteca de ₡1,6 millones sobre sus hombros. No es metáfora, es aritmética pura. Y mientras las autoridades hacendarias celebran su “prudencia fiscal”, lo que están haciendo en realidad es condenar a toda una generación a nacer ya endeudada.
Las consecuencias de este modelo de financiamiento son profundas. Primero, porque el exceso de endeudamiento público genera un fenómeno conocido como “crowding out”: el Estado absorbe una parte desproporcionada del crédito interno, desplazando al sector privado, encareciendo el costo del dinero e inhibiendo la inversión productiva. Segundo, porque deteriora la credibilidad fiscal del país. Las calificadoras de riesgo penalizan este tipo de comportamiento con rebajas en la nota soberana, lo que a su vez encarece aún más el endeudamiento futuro. Se entra en un círculo vicioso: más deuda, más intereses, menos margen, más deuda.
Tercero, porque limita la acción de la política monetaria. Altos niveles de deuda pública reducen el margen de maniobra del Banco Central, sobre todo cuando las tasas deben mantenerse bajas artificialmente para sostener la carga de intereses. Esto no solo compromete la independencia del ente emisor, sino que puede derivar en mayor inflación. Y cuarto, porque genera una transferencia de carga entre generaciones: quienes toman las decisiones no serán quienes paguen sus consecuencias. Es una inequidad fiscal estructural.
El problema de fondo no es el endeudamiento en sí mismo, sino en qué se usa la deuda. En Costa Rica, más del 85% del presupuesto está comprometido en gasto rígido: salarios, transferencias, pensiones y deuda. Se está endeudando no para invertir, sino para pagar planillas, sostener burocracia, alimentar instituciones ideologizadas y mantener privilegios políticos. Y como si fuera poco, el espacio fiscal se agota. La presión tributaria ya tocó techo. La recaudación del IVA y del impuesto sobre la renta no crece como espera Hacienda porque se ha alcanzado el techo de la curva de Laffer: subir impuestos más allá de cierto punto no aumenta la recaudación, la reduce. Desincentiva la inversión, empuja a la informalidad y estimula la evasión.
Mientras el aparato público sigue creciendo, el sector productivo se asfixia. Costa Rica es uno de los países con más instituciones públicas per cápita del continente. Muchas de ellas cumplen funciones duplicadas, tienen bajo rendimiento o responden más a intereses políticos que al bienestar colectivo como lo mencioné en mi decimotercero artículo: “No faltan recursos, sobran instituciones”. No se puede hablar de responsabilidad fiscal mientras se mantenga esta estructura. No se puede hablar de sostenibilidad mientras cada presupuesto dependa de deuda para operar. Y no se puede hablar de equidad mientras se cargue a cada nuevo costarricense con ₡1,6 millones de pasivo público antes de que siquiera emita su primer voto.
La única salida real no es cosmética. No basta con celebrar que el presupuesto “solo” aumentó un 3,1%. Si no recaudamos suficiente para financiarlo (y no lo estamos haciendo), ese aumento es insostenible. Es como administrar una casa donde el 85% de los ingresos se van en pagar deudas, salarios fijos y facturas de servicios, y aún así seguir pidiendo préstamos para cambiar el televisor. A eso no se le puede llamar prudencia. A eso se le llama insolvencia anunciada.
Costa Rica necesita un rediseño fiscal profundo. No más parches, no más deuda silenciosa, no más excusas. Es momento de hacer lo que es urgente: reducir el tamaño del Estado, recortar lo innecesario, fusionar instituciones duplicadas, eliminar privilegios, contener el gasto corriente y devolverle poder financiero al ciudadano. El problema no es coyuntural ni propio de un gobierno en particular: es una falla estructural de Hacienda, que ha convertido el endeudamiento en política de Estado. Mientras esa raíz no se arranque, cualquier presidente (de cualquier partido) seguirá administrando lo mismo: deuda, gasto rígido y asfixia a nuestro país.
Porque si no lo hacemos ahora, no solo estaremos condenando a las próximas generaciones a pagar nuestra cuenta. Estaremos admitiendo, como país, que renunciamos a vivir con responsabilidad económica. Y ese precio (el de la decadencia sostenida) será mucho más alto que ₡1,6 millones por cabeza. Hay que empezar a exigir presupuestos que bajen. Que recorten. Que sanen. Que liberen. Porque solo así podremos tener un país donde el futuro no se pague a plazos, ni con intereses, ni con servidumbre fiscal. Un país donde el dinero, la decisión y el futuro vuelvan a estar en manos de quienes trabajamos, producimos y creamos: nosotros.
