San José, 02 nov (elmundo.cr) – El jefe de fracción del Frente Amplio, José María Villalta, señaló que “hay asuntos que en un país no admiten improvisación, porque de ello depende la vida de las personas. La salud pública es el primero de ellos”.
Villalta recalcó que “cuando un costarricense llama a una ambulancia, cuando espera una cirugía, cuando confía en que la Caja va a estar ahí, está confiando en que el Estado va a actuar con rigor, con transparencia y con sentido del deber”.
“Este gobierno la está destruyendo, no por un error aislado, sino por una forma de gobernar que tiene dos caras. Por un lado se debilita deliberadamente lo público, se desfinancia, se recorta, se deja de pagar. Por el otro, en el espacio que deja ese debilitamiento, se abren paso los contratos directos, los favores, la protección de los cercanos, los chorizos”, agregó.
El frenteamplista insistió en que “desmantelamiento y corrupción no son dos problemas distintos, son el mismo proyecto, dos caras de la misma moneda”.
“Según los estados financieros de la Caja, el Estado le adeuda a la Caja Costarricense del Seguro Social 4,46 billones de colones, y el 99.9% de esa deuda no tiene ni siquiera un arreglo de pago. Solo por atender a las personas sin capacidad de pago, entre 2022 y junio de 2025, la Caja le cobró al Estado 467 mil millones de colones”, indicó.
Villalta indicó que “el Estado pagó solo 2.400 millones, es decir, el 0,5% del monto adeudado. Mientras tanto, hay más de 1,4 millones de casos en listas de espera, y según datos de la propia institución, 5.793 personas fallecieron entre 2023 y enero de 2025, mientras esperaban una cirugía”.
“Y cuando por fin aparecen los recursos, se los quitan. En el presupuesto de 2027, el gobierno propuso 162 mil millones para atender a las personas sin capacidad de pago, pero en la Comisión de Hacendarios se aprobó una moción que le quitó 159 mil millones, el 98% de esa partida”, criticó.
Villalta explicó que el Poder Ejecutivo le adeuda 3.300 millones de colones a la Cruz Roja, que anunció el cierre de sedes en San Pablo y San Rafael de Heredia, esto mientras el benemérito Cuerpo de Bomberos adquirió 40 ambulancias por 6.500 millones de colones sin licitación pública.
“Se invocó un procedimiento de urgencia y se invitó a un único oferente, un consorcio extranjero que nunca le había vendido una ambulancia al Estado, pero que ya había obtenido otros contratos con este gobierno y con el anterior. Su representante es el mismo empresario que provee las tobilleras electrónicas al Ministerio de Justicia, un contrato por el que hoy le reclama más dinero al Estado”, comentó.
Villalta sostuvo que “dos empresas nacionales con trayectoria en este mercado quedaron excluidas. Una de ellas ofrecía un precio más de mil millones de colones menor. Y el fundamento para prescindir de esta licitación, una simple instrucción de la Presidencia de la República”.
“Observen el patrón. Primero se deja a la Cruz Roja sin los recursos que le corresponden. Después se anuncia como solución a la crisis una compra millonaria sin concurso. Con lo invertido en esa sola compra se podrían sostener más de 50 comités de la Cruz Roja durante un año completo”, aseveró.
“El desmantelamiento crea la urgencia, la urgencia justifica el contrato directo y el contrato directo beneficia a quien ya tenía las puertas abiertas. Ese procedimiento no es nuevo, lo vimos en otros contratos de la Caja en años anteriores, como el de los aceleradores lineales, y es la puerta para la corrupción”, concluyó.
