San José, 6 mar (elmundo.cr) – La Cámara Costarricense de la Construcción (CCC) condena enérgicamente la decisión del gobierno de Nicaragua de cancelar la personería jurídica del Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep) y de todas las cámaras que lo integraban, entre ellas la Cámara Nicaragüense de la Construcción (CNC).
El director ejecutivo de la CCC, Randall Murillo Arce, hizo un llamado a las cámaras empresariales y a sus cúpulas a unirse con el objetivo de exhortar a los sistemas políticos a respetar las libertades constitucionales existentes en los países democráticos.
Este lunes mediante el diario oficial nicaragüense, La Gaceta, el Ministerio de Gobernación de ese país hizo oficial la resolución de cancelar la personería jurídica del Cosep.
Mediante el argumento de que no se completó el proceso de convalidación de registro, estipulado por una ley aprobada el año anterior; sin embargo, tanto el presidente como el vicepresidente del Cosep, forman parte de los más de 200 presos políticos que fueron desterrados de Nicaragua, a inicios de febrero.
“En cualquier país el sector empresarial es clave para el desarrollo económico, al mejorar las condiciones de vida de la población gracias a la generación de empleo y a la provisión de productos y servicios que contribuyen a la economía, por eso lamentamos la situación que hoy vive Nicaragua”, concluyó Murillo.
San José, 4 abr (elmundo.cr) – La Cámara Costarricense de la Construcción (CCC) felicitó a Rodrigo Chaves a quien los costarricenses eligieron como el nuevo presidente de la República.
La CCC hace un respetuoso llamado al presidente electo y a su equipo de trabajo, para que una vez que asuma el mandato se tomen las medidas urgentes que se requieren para promover la reactivación del sector y con ello la del país.
Para el sector construcción hay siete temas que deben ser prioritarios en la agenda de trabajo del próximo gobierno y que deben implicar acciones claras desde los primeros días de la nueva administración:
Facilitar el acceso al crédito para vivienda de clase media.
Garantizar la disponibilidad del agua para el desarrollo futuro del país.
Estimular la ejecución de obra pública.
Impulsar reformas en la gestión de obra pública.
Profundizar y acelerar la mejora regulatoria para el sector.
Frenar la participación desleal del ICE y UNOPS en actividades de consultoría, diseño y construcción de obras públicas.
Reducción y eficiencia del gasto público.
El presidente de la Cámara Costarricense de la Construcción, Carlos Trejos, señaló que “como lo hemos manifestado desde que comenzó la campaña electoral, el sector construcción está en la mejor disposición para trabajar en conjunto con las nuevas autoridades, porque sabemos que la reactivación económica requiere del trabajo de todos, tanto sector público como privado”.
“El país debe generar un círculo virtuoso de crecimiento económico, generación de empleo y recuperación económica. Para eso, es primordial estimular la obra privada e impulsar el desarrollo eficiente de obra pública. Debemos potenciar el impacto positivo de la construcción en la economía a partir de los múltiples encadenamientos que genera”, agregó.
San José, 4 dic (elmundo.cr) – Los representantes de la Cámara Costarricense de la Construcción (CCC), avalaron el anuncio del presidente de la República, Carlos Alvarado de acudir al Fondo Monetario Internacional (FMI) para solicitar ayuda económica.
“Siempre y cuando las medidas que se adopten no incluyan nuevos impuestos para el sector productivo y los consumidores”, advirtió Randall Murillo, director Ejecutivo de la entidad.
Murillo aseguró que la CCC ve con buenos ojos que se inicie un diálogo con el FMI, siempre y cuando se base en los criterios que se definieron en las mesas del Diálogo Nacional y en los consensos que se lograron.
Además, señaló que a raíz de la lectura del comunicado de prensa de Casa Presidencial, concluye que el gobierno va a agregar sus propias iniciativas para cubrir el faltante que se necesita para alcanzar la meta.
Indicó que en ese sentido “hacemos un llamado, a sabiendas de que la construcción y la economía en general, siguen enfrentando condiciones críticas, para que no se aprueben nuevos impuestos”.
Los empresarios aseguran que no pueden tolerar más impuestos, sino que se debe buscar la forma de cubrir los faltantes, ahorrando costos, haciendo recortes, o cualquier otro tipo de acción.
De hacerlo, sería lapidario para la construcción y para la economía del país, aseveró la Cámara.
San José, 16 set (elmundo.cr) – La Cámara Costarricense de la Construcción (CCC) ha remitido una carta al presidente de la República, Carlos Alvarado, señalando que consideran urgente que el gobierno intervenga el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA).
Lo anterior, con el propósito de mejorar y garantizar el abastecimiento de agua para las comunidades y asegurar la disponibilidad del recurso hídrico necesario para el crecimiento del país. Asimismo, la CCC insta al mandatario a adoptar medidas prontas y concretas.
Según lo señaló la Cámara, fue mediante la prensa que se dieron cuenta que Alvarado decidió apoyar la contratación de una asesoría externa para reestructurar dicha institución y su disponibilidad personal para buscar recursos de cooperación con el propósito de que se contrate una consultoría de alto nivel con esa meta.
«Si bien se comparte la intención de que el AyA se transforme una institución moderna, que atienda con eficiencia y eficacia las necesidades de los usuarios y los retos que plantea el desarrollo del país, preocupa que para lograrlo sea la propia la Junta Directiva de la institución la que designe una comisión interna para de plantear los términos de referencia de la contratación», advirtió la Cámara Costarricense de la Construcción.
Por su parte, para la CCC, para que un proceso como el esbozado pueda tener los resultados que se pretenden, es necesario involucrar desde el planteamiento inicial de la consultoría y la definición de los objetivos de la misma, a los usuarios, que somos los que padecemos día a día los problemas de falta de agua y resultamos afectados por los excesos tramitológicos y la lentitud de resolución de las gestiones que se realizan, así como a expertos en el tema que brinden mayor amplitud de visión sobre las áreas de mejora a nivel institucional.
Por lo expuesto anteriormente, la Cámara instó a Alvarado a revalorar la manera en que se llevará a cabo el proceso de reestructuración planteado, de modo que la definición de los términos de referencia de la contratación de la asesoría externa especializada se realice a partir de la conformación de un grupo de expertos, externos a AyA y conocedores de su problemática, para que este esfuerzo resulte provechoso. De lo contrario, es altamente probable que los recursos que se inviertan no rindan los frutos esperados.
Finalmente, advirtió que «agradezco su atención y su apoyo para que se puedan solventar realmente los problemas de gestión y planificación que afectan el funcionamiento del AyA, en beneficio del país y sus habitantes».
San José, 10 jul (elmundo.cr) – La Cámara Costarricense de la Construcción (CCC) hace un llamado a la población en general, a acatar de manera estricta las medidas anunciadas hoy por el Gobierno, referentes al cierre de actividades en el Gran Área Metropolitana, con el objetivo de tratar de frenar el rápido avance de los contagios por COVID-19.
“No obstante que reconocemos la gravedad de las circunstancias y la necesidad de tomar medidas, consideramos que la construcción es una actividad esencial que no debe cerrar, ya que se afectan los medios de subsistencia de miles de trabajadores, precisamente los que tienen una situación económica más vulnerable”, agregó.
La Cámara intó al Gobierno a que estas medidas, que provocan el cierre de las construcciones y la consecuente pérdida de empleos, se mantengan solamente durante el periodo ya anunciado, para evitar mayor impacto en la actividad económica.
Desde la CCC, “como representantes del sector formal de la construcción, desde el inicio de la crisis sanitaria hemos impulsado que en las obras se mantengan estrictos protocolos de limpieza y protección a los trabajadores para prevenir los contagios”.
Sin embargo, indican que resulta difícil controlar las actividades de los trabajadores en sus horas de descanso, ya que muchos residen en sitios de alta transmisión del virus y muchas veces no cuentan con las condiciones adecuadas para protegerse en sus hogares o en su desplazamiento hacia los sitios de trabajo.
“Esperamos que las medidas tomadas por el gobierno surtan efecto rápidamente y se logre la contención del virus, para lo cual se requiere la colaboración de todos los habitantes del país para proteger su salud y la de los demás, de manera que se puedan reabrir pronto las actividades económicas para evitar un mayor daño sobre las familias y las empresas”, concluyen.
San José, 16 ago (elmundo.cr) – La Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia –conocida popularmente como la Sala IV– rechazó una acción de inconstitucionalidad presentada por la Cámara Costarricense de la Construcción, en contra de las contrataciones entre instituciones públicas y con entes internacionales, al considerar que es una práctica “monopolística” por parte del Estado.
Así lo adoptó la mayoría de los Magistrados mediante la sentencia 11357-2017 del pasado 19 de julio y hecha pública la semana anterior por parte de la Sala Constitucional.
La acción pretendía anular por “inconstitucional” el artículo 2, incisos b) y c) de la Ley de Contratación Administrativa, que disponen que se excluyen de los procedimientos de concursos los acuerdos celebrados con otros Estados o con sujetos de derecho público internacional, así como la actividad contractual desarrollada entre entes de derecho público.
Datos suministrados por la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado (Uccaep) arrojan que entre el año 2012 y el 2016, se realizaron 46 contrataciones directas de servicios de telecomunicaciones y tecnología a empresas del Estado, incluidas Radiográfica Costarricense S.A. (Racsa), el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) y la Empresa de Servicios Públicos de Heredia (ESPH).
A criterio del gremio empresarial, tales contrataciones, al evitar las licitaciones y presentación de otras ofertas, puede encarecer el costo final de los proyectos.
En su argumentación ante la Sala, la Cámara de la Construcción dijo que las normas que permitían tales contrataciones violentan el artículo 182 de la Constitución Política y los principios de libre concurrencia, igualdad de participación y de igualdad de participación en materia de contratación administrativa.
Sin embargo, la mayoría de los Magistrados no compartió tales criterios y rechazaron la acción, recordando que en el año 2015 ya habían resuelto una acción similar, donde declararon que las normas denunciadas no violentan la Constitución Política.
“La excepción regulada en el inciso b), del artículo 2, de la Ley de Contratación Administrativa resulta acorde con el Derecho de la Constitución, no solo porque está creada a través de una ley formal, sino también, por la especial naturaleza de esos actos, los cuales se originan en relaciones de Derecho Público Internacional, cuyo ordenamiento autónomo se rige por reglas y principios diferentes y, en el que un Estado no puede imponer a otro, las reglas del ordenamiento jurídico interno”, dice la sentencia.
Según los jueces constitucionales, una de las características propias de este tipo de relaciones es la de cooperación internacional y la reciprocidad, lo cual produce una serie de ventajas y condiciones que propician la satisfacción eficiente y oportuna del interés público. “Bajo tales circunstancias y al no existir nuevos elementos de juicio que hagan variar el criterio vertido en la sentencia de cita, se impone rechazar por el fondo la acción en cuanto a este extremo”, agrega el fallo.
Por otro lado, al analizar el inciso c) de dicho artículo, que exonera de la Ley de Contratación Administrativa a los acuerdos entre entes de derecho público, la Sala indicó que el legislador, a través de una ley formal, creó una excepción a los procedimientos de contratación pública, en atención a la naturaleza de los sujetos que intervienen y, concretamente, respecto de lo que se llama la contratación interadministrativa.
“En definitiva, se trata de un supuesto más de contratación administrativa libre de procedimientos que además de estar contemplada expresamente en la ley, tiene sustento en principios generales del Derecho Constitucional. En virtud de lo expuesto, estima esta Sala que el inciso c) en cuestión, resulta acorde con el Derecho de la Constitución, por lo que se impone el rechazo por el fondo de la acción en cuanto a este extremo”, agrega la sentencia.
EL VOTO
Magistrado Ernesto Jinesta (Presidente): Rechaza la acción de inconstitucionalidad por el fondo.
Magistrado Fernando Cruz Castro: Rechaza la acción de inconstitucionalidad por el fondo.
Magistrado Paul Rueda: Rechaza la acción de inconstitucionalidad por el fondo.
Magistrado Luis Fernando Salazar: Rechaza la acción de inconstitucionalidad por el fondo.
Magistrado Fernando Castillo: Rechaza la acción de inconstitucionalidad por el fondo.
Magistrada Nancy Hernández: Salva el voto y ordena dar curso a la acción de inconstitucionalidad.
Magistrado Ronald Salazar Murillo: Rechaza la acción de inconstitucionalidad por el fondo.
Ampliación Puente sobre el Río Virilla , Autopista General Cañas. Fotos por: Roberto Carlos Sánchez.
San José, 16 may (elmundo.cr) – La Cámara Costarricense de la Construcción (CCC) reitera su preocupación frente a la inoperancia de las instituciones de Gobierno para gestionar la obra pública.
Para la Cámara los procesos de gestión que lleva adelante el MOPT- CONAVI y particularmente los que se realizan a través la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS) están empañados por múltiples cuestionamientos y poca transparencia.
Según la Cámara la insistencia en involucrar a UNOPS solo viene a sumar burocracia y costos.
“Como gremio, estamos muy preocupados por el rumbo que ha tomado la gestión de las obras de infraestructura vial más urgentes que tiene el país, recurriendo a soluciones que no son solución y que, continúan naufragando en una maraña de atrasos, mala gestión institucional, altos costos y ahora, hasta la intermediación onerosa de un organismo internacional”, indicaron.
Jorge Arturo González, presidente de la CCC señaló que “no es posible que nuestro país que cuenta con la calidad profesional y los recursos financieros disponibles, se dé el lujo de no ejecutar obra, por la ineficiencia de las instituciones llamadas a gestionar estas proyectos urgentes y postergar esa reingeniería interna que se requiere”.
Desde la Cámara de la Cámara Costarricense de la Construcción se considera que no se puede justificar el trabajo -de por sí atrasado ya- de UNOPS, con la argumentación de que las obras asignadas a estas oficina son proyectos de gran envergadura, cuando lo contratado para ejecutar son: supervisiones, diseños o construcción de puentes o pasos a desnivel, para cuya atención están más que calificadas los profesionales nacionales, quienes incluso destacan y dan cátedra en ejecución de obras mayores en proyectos de infraestructura en Panamá y Colombia, entre otros países de la región.
En el tema de contratación y ejecución de obras, la Cámara reitera y desmiente una vez más el argumento de que los atrasos se deben a las apelaciones de las empresas, o por la acción de la Contraloría General de la República. Lo cierto del caso es que los retrasos responden a una clara y ya demostrada incapacidad de planificación y gestión el MOPT-CONAVI.
Por lo anterior esta Cámara, una vez más hace un llamado al gobierno, y a la ciudadanía para que se reclame a los jerarcas a cargo tomar acciones urgentes y no posponer más las reformas de fondo que requiere el Estado para gestionar obra pública. Es hora de que se asignen las responsabilidad a quien le compete.
Además, mencionan, con esas contrataciones estamos incurriendo en duplicación de funciones y sobrecostos, que impactan el valor final de las obras, y limitan la capacidad del estado para desarrollar otras.
