Costa Rica enfrenta un momento crítico en materia de seguridad. El incremento sostenido de homicidios, ajustes de cuentas y casos de sicariato amenaza con desdibujar la imagen de paz y estabilidad que históricamente ha caracterizado al país. Las estadísticas recientes reflejan una realidad que ya no se puede ignorar: el crimen organizado está ganando terreno y la ciudadanía vive con miedo.
El gobierno debe asumir con determinación su papel en esta crisis. No basta con declaraciones o medidas parciales; se requieren políticas integrales que fortalezcan la investigación policial, y la modernización del sistema judicial que garantice una respuesta rápida y efectiva ante los delitos violentos. Las fuerzas de seguridad necesitan recursos, tecnología y respaldo político para combatir frontalmente las estructuras criminales.
Por su parte, el Poder Legislativo tiene la obligación de actuar con responsabilidad y urgencia. Es imperativo aprobar leyes que cierren los vacíos legales que hoy permiten que asesinos y delincuentes reincidan o eludan la justicia. La sociedad exige castigo ejemplar y proporcional: quien comete homicidios o participa en redes de sicariato debe enfrentar penas severas y efectivas, sin privilegios ni atenuantes.
La seguridad ciudadana no puede seguir siendo rehén de cálculos políticos o de discursos complacientes. Es hora de decisiones valientes, de coordinación institucional y de un compromiso real con la protección de la vida. Costa Rica no puede resignarse a convivir con temor.
El país se desangra lentamente, mientras el gobierno mira con indiferencia y el crimen organizado avanza sin freno. Cada semana se suman nuevas víctimas, ajustes de cuentas y ejecuciones que ya no sorprenden a nadie. El sicariato, antes impensable en nuestra sociedad, se ha convertido en parte del panorama cotidiano. Costa Rica está perdiendo su paz, y lo peor es que las autoridades parecen resignadas.
El discurso oficial se repite: promesas de planes integrales, mesas de trabajo y estrategias que nunca llegan a concretarse. Mientras tanto, las bandas criminales reclutan jóvenes, las armas circulan con libertad y la impunidad reina. El Estado no puede seguir actuando como si se tratara de un problema pasajero. Estamos ante una emergencia nacional.
El Poder Ejecutivo debe asumir su responsabilidad y actuar con firmeza. Se necesita más que palabras: inteligencia policial, presencia en los barrios, tomados por el horror y una política criminal que devuelva la autoridad al Estado. Pero también el Poder Legislativo debe reaccionar. Es inaceptable que, por intereses partidarios o cálculos políticos, se frenen leyes urgentes para castigar con rigor a los asesinos, narcotraficantes y sicarios que están destruyendo nuestro tejido social.
Por último, el pueblo costarricense exige acción, no excusas. Cada homicidio sin justicia es una derrota del Estado. Costa Rica no puede seguir siendo un paraíso para el crimen ni un infierno para los ciudadanos honrados. Ha llegado la hora de decisiones valientes, de una política de seguridad real y sin concesiones. El tiempo de la complacencia se acabó.
