En política deberíamos conservar la capacidad de reconocer las buenas ideas, independientemente de quién las proponga. Costa Rica no puede vivir en una dinámica en la que las diferencias partidarias rompan todos los puentes del diálogo y una iniciativa se juzgue por su origen antes que por sus efectos. Desde esa perspectiva, considero que la propuesta de la presidenta Laura Fernández de fortalecer el Régimen No Contributivo de Pensiones (RNC) mediante el traslado del 0,25% que actualmente capitaliza al Banco Popular merece ser estudiada con seriedad y, en principio, apoyada.
La razón principal es sencilla: el RNC protege a personas que, al llegar a la vejez o enfrentar condiciones de alta vulnerabilidad, no cuentan con una pensión contributiva suficiente o nunca pudieron consolidarla. Para muchas de ellas, particularmente quienes viven en pobreza, esa transferencia no es un complemento; es el ingreso que les permite comprar alimentos, medicinas o atender necesidades básicas. Por eso, fortalecer este régimen significa colocar recursos públicos donde pueden producir un efecto social inmediato y profundamente humano.
La propuesta adquiere todavía más importancia cuando observamos el cambio demográfico que enfrenta el país. Las proyecciones oficiales del INEC muestran que en 2024 cerca de 11 de cada 100 habitantes tenían 65 años o más, mientras que para 2050 serán alrededor de 25 de cada 100. Es decir, en poco más de dos décadas una de cada cuatro personas en Costa Rica será adulta mayor. Este proceso de envejecimiento, advertido también desde hace años por el Centro Centroamericano de Población de la Universidad de Costa Rica, obligará a transformar nuestras políticas de pensiones, salud, cuidados, vivienda, accesibilidad y protección social. El 2050 puede parecer lejano, pero en política pública está a la vuelta de la esquina.
Los números permiten dimensionar el alcance de la iniciativa. Los estados financieros auditados del Banco Popular reportaron para 2025 alrededor de ₡37.507 millones provenientes del aporte patronal del 0,25% que permanece como fuente de capitalización de la institución. Si esos recursos se dirigieran al RNC, representarían una fuente permanente de financiamiento social de gran relevancia. Como ejercicio meramente aritmético y no actuarial, tomando como referencia una pensión ordinaria de ₡82.000 mensuales y trece pagos al año, esa suma equivale al costo aproximado de unas 35.000 pensiones. La cifra sirve para entender la magnitud del impacto potencial: detrás de cada número puede haber una persona adulta mayor que hoy espera una respuesta del Estado.
Expreso esta posición también desde la experiencia. Tuve el honor de servir como Ministro de Desarrollo Humano e Inclusión Social y como Secretario Técnico del Diálogo Nacional de Pensiones de Costa Rica. Esas responsabilidades me permitieron conocer de cerca las fortalezas y debilidades de nuestro sistema de protección social, así como la enorme complejidad de construir reformas sostenibles. Aprendí que las decisiones en materia de pensiones deben descansar en rigurosidad técnica, sostenibilidad financiera y diálogo social, pero también que un país no puede esperar a que una crisis sea inevitable para comenzar a actuar. Estoy consciente de que es necesario avanzar mucho más en las reformas del Sistema Nacional de Pensiones, para garantizar que las nuevas generaciones no pierdan la esperanza de obtener una pensión en el futuro.
Apoyar esta propuesta no significa desconocer la importancia histórica y económica del Banco Popular. El 0,25% constituye una fuente real de capitalización y cualquier reforma responsable debe acompañarse de estudios de suficiencia patrimonial, riesgos y sostenibilidad. La discusión no debería plantearse como Banco Popular versus personas adultas mayores. El reto es determinar cómo mantenemos una institución financiera sólida y, al mismo tiempo, generamos los recursos necesarios para proteger a miles de costarricenses que llegarán a la vejez sin una pensión contributiva. Si los estudios técnicos aconsejan gradualidad, medidas compensatorias o salvaguardas financieras, deberán incorporarse.
Pero tampoco debemos creer que esta medida, por importante que sea, resolverá por sí sola los problemas de la política social costarricense. El país necesita asumir como meta de corto y mediano plazo la modernización y transformación integral del sector social. Persisten fragmentación institucional, duplicidades, trámites innecesarios y dificultades para articular programas que deberían tener como centro a las personas y no a las instituciones. Necesitamos fortalecer la rectoría social, mejorar la interoperabilidad de los sistemas de información, mantener y fortalecer el SINIRUBE, que tanto trabajo nos costó y simplificar procesos, evaluar resultados y garantizar que los recursos lleguen efectivamente a quienes los necesitan.
Fortalecer el Régimen No Contributivo sería, entonces, un avance importante dentro de una agenda mayor. Costa Rica requiere prepararse desde ahora para una sociedad que envejece rápidamente y en la que la protección de la población adulta mayor será uno de los grandes desafíos nacionales. La respuesta no puede reducirse a administrar la urgencia; debe consistir en construir una política social moderna, integrada y sostenible.
Finalmente, este debate ofrece una oportunidad para recuperar algo que nuestra democracia necesita con urgencia: la capacidad de dialogar, una visión de centro y reconocer méritos sin importar de dónde provengan. Una oposición responsable debe fiscalizar y señalar errores, pero también debe tener la libertad de respaldar una propuesta cuando considera que beneficia al país. Del mismo modo, quien gobierna debe escuchar las observaciones técnicas y políticas de quienes piensan diferente. No podemos vivir en un país donde se rompen los puentes del diálogo y no somos capaces de reconocer las buenas ideas, vengan de donde vengan.
Si una política puede ampliar la protección de personas que vivieron en pobreza, trabajaron durante años en la informalidad, realizaron labores domésticas no remuneradas o simplemente no lograron reunir las condiciones para obtener una pensión contributiva, merece una discusión seria y sin prejuicios. Por eso considero que la propuesta de fortalecer el RNC con estos recursos merece apoyo, acompañada de los estudios y salvaguardas necesarios. Porque al final, una pensión para quien no tiene nada no es solamente una transferencia económica: es dignidad.
Datos de referencia: proyecciones de población del INEC; Centro Centroamericano de Población de la UCR; estados financieros auditados 2025 del Banco Popular; información institucional del Régimen No Contributivo.
