La semana pasada, la Asamblea Legislativa dio una clara señal de repudio a la dictadura de Maduro en Venezuela, rechazando la intensión de dos legisladores del Frente Amplio, de realizar una actividad de apoyo al régimen, con la presencia de varios representantes de la Asamblea Constituyente de dicho país y más aún, pretendiendo utilizar las instalaciones del Primer Poder de la República para ello.
Debe recordarse que la Asamblea Constituyente, es la más reciente pieza del rompecabezas colocado por la dictadura venezolana para legitimar su régimen, desconociendo y suplantando la autoridad delegada por la ciudadanía en la Asamblea Nacional hace dos años al asumir poderes plenipotenciarios que van más allá de la redacción de una nueva Carta Magna.
Debe recordarse además que esta Asamblea es producto de una elección efectuada con la complicidad un Tribunal Electoral y una Defensoría del Pueblo que una y otra vez han mostrado sumisión absoluta al régimen y cuyos resultados han sido claramente cuestionados por tirios y troyanos. Y es tal la osadía de dicho órgano, que ha prohibido la participación de cualquier otra fuerza política, siendo que sus integrantes son en su totalidad afines al chavismo.
Sus primeras decisiones no han dejado duda alguna. Primero “ratificaron” a Maduro como Presidente y destituyeron a la Fiscal General Luisa Ortega, quien se ha convertido en una legitima crítica del régimen, pero no contentos con ello, han girado órdenes de captura en su contra. La conformación de una “comisión de la verdad” que busca investigar a los líderes de las protestas antigubernamentales, y “revisar” a los candidatos de oposición que participarán en las elecciones regionales a realizarse en octubre, es el tercer acto de esta parodia que tiene sumido al pueblo venezolano en una crisis de proporciones descomunales.
No es casualidad que países como Colombia, Panamá, Perú, Argentina, Brasil, Paraguay, México, Costa Rica, Chile, Reino Unido, Estados Unidos y la Unión Europea hayan desconocido este órgano y sus arbitrarias decisiones. Tampoco es casualidad que la Organización de Estados Americanos, el Parlamento Europeo y decenas de organizaciones no gubernamentales de derechos humanos, se hayan sumado a esta decisión.
Por todo ello, y por encima de nuestras diferencias político partidistas, todas las fuerzas representadas en la Asamblea Legislativa, con excepción del Frente Amplio, votamos en forma unánime una moción para declarar “non gratos” a estos personajes.
Con ello dejamos claro que nuestra vocación democrática se mantiene intacta y que no hay, ni habrá espacio para admitir manipulaciones espurias como la que pretendieron hacer la semana pasada.
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