Un llamado al señor ministro Nogui Acosta: ¿Es el aumento del IVA la solución?

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La reciente propuesta del ministro de Hacienda, Nogui Acosta, de aumentar el Impuesto al Valor Agregado (IVA) del 13% al 23% para cumplir con el mandato constitucional de asignar el 8% del Producto Interno Bruto (PIB) a la educación plantea un serio dilema sobre cómo financiar la educación sin afectar aún más la ya golpeada economía costarricense. Aunque la educación es un derecho fundamental y su financiamiento es esencial, recurrir a una medida como el aumento del IVA podría tener efectos perjudiciales para la mayoría de la población, especialmente para aquellos que ya enfrentan dificultades económicas. Subir el IVA significaría un encarecimiento de los productos básicos, desde alimentos como papas y tomates hasta otros bienes de consumo diario, lo que haría aún más difícil para las familias más vulnerables acceder a lo que hoy consideran bienes esenciales.

El impacto sobre las clases medias y bajas sería directo e inmediato, ya que la subida de impuestos afectaría directamente el poder adquisitivo de las personas. En un país donde el costo de vida ya ha aumentado considerablemente y donde las familias luchan para cubrir sus necesidades más básicas, el incremento en el IVA podría resultar en una carga adicional que solo agravaría la situación económica. En lugar de mejorar la calidad de vida de los costarricenses, esta medida podría afectar el consumo interno, el cual es un motor fundamental de la economía. Si las personas tienen menos dinero para gastar, el efecto sobre el mercado será inevitable: menor demanda de productos y servicios, lo que afectaría negativamente a las pequeñas y medianas empresas, un sector vital para la economía del país.

A lo largo de los últimos años, las familias costarricenses han tenido que lidiar con una inflación creciente, una falta de reactivación económica y el estancamiento de muchos emprendimientos. El hecho de que el ministro Acosta considere el aumento del IVA como una de las pocas opciones para financiar la educación refleja una falta de alternativas más equilibradas y sostenibles para abordar los problemas fiscales del país. Limitarse a un aumento impositivo sin considerar otras reformas estructurales más profundas podría resultar en un círculo vicioso, donde el aumento de impuestos termine por ahogar aún más a la economía. Subir el IVA sin tener en cuenta una política de reactivación económica y de fomento al emprendimiento solo incrementaría las dificultades de aquellos que intentan salir adelante en este contexto adverso.

Existen alternativas más equitativas que podrían explorarse antes de recurrir a una subida de impuestos tan drástica. Mejorar la eficiencia del gasto público, eliminando el despilfarro y corrigiendo las ineficiencias dentro del aparato estatal, sería un paso fundamental. Costa Rica tiene que aprender a administrar mejor sus recursos antes de pedirle más sacrificios a los ciudadanos. La lucha contra la evasión fiscal es otra de las medidas que podrían generar recursos sin necesidad de recurrir a la presión sobre el consumo. Mejorar la recaudación fiscal a través de una mayor justicia en la distribución de la carga tributaria no solo aumentaría los ingresos del Estado, sino que también sería una forma más equitativa de distribuir el peso fiscal entre los diferentes sectores de la sociedad.

Además, se requiere una reforma fiscal que no dependa exclusivamente de aumentar los impuestos. Se necesitan políticas que promuevan la inversión y la competitividad, que fomenten la creación de empleo y la reactivación económica, especialmente a través del apoyo a las pequeñas empresas y los emprendimientos. En un país con altos niveles de desempleo y una creciente informalidad laboral, cualquier propuesta fiscal debe ir acompañada de medidas que incentiven la creación de empleo formal y la inversión productiva. Si el gobierno no se enfoca en la reactivación económica y en el fortalecimiento del sector privado, cualquier aumento impositivo podría resultar fatal para los sectores más vulnerables y, en lugar de generar desarrollo, profundizaría las desigualdades existentes.

En conclusión, aunque el financiamiento de la educación debe ser una prioridad nacional, un aumento drástico del IVA no parece la solución más adecuada. En lugar de centrarse únicamente en aumentar los impuestos, el gobierno debe enfocarse en mejorar la eficiencia del gasto público, combatir la evasión fiscal y promover políticas que fomenten la inversión y la creación de empleo. La clave está en encontrar un equilibrio entre garantizar una educación de calidad para todos y proteger el bienestar económico de las familias costarricenses. Soluciones más sostenibles y equitativas, que no recaigan únicamente sobre los más vulnerables, son necesarias para lograr un futuro próspero y justo para todos.

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