¿Trescientos años de nada, señor presidente?

» Por Francisco Vargas Leitón - Ex Intendente, Concejo Municipal de Distrito Monte Verde

Diciembre de 2010.

Bajo sentencia Constitucional, el ente contralor suprime la autonomía presupuestaria que en la práctica ostentaban los 8 Concejos Municipales de Distrito de Costa Rica, a saber, Tucurrique, Cervantes, Peñas Blancas, Colorado, Lepanto, Cóbano, Paquera, Monte Verde y dispuso que esa función era competencia única de la Municipalidad Madre.

Tal resolución fue un “golpe de vida” a esas instituciones distritales que hasta ese momento y por muchos años, venían funcionado muy bien. En el más estricto sentido de la palabra, se desempeñan como verdaderas figuras de Gobierno Local. Así funcionaban desde su creación y así claramente lo entienden y lo han visto siempre sus pobladores.

Su vocación y accionar no se diferencia en nada a la función propia de una municipalidad.
Su autoridad y representación comunal nunca ha sido cuestionada porque los consagra el derecho constitucional del voto popular. En pocas palabras son manifestación de la voluntad del Soberano y expresión del Cuarto Poder de la República que enuncia el Art. 9 de nuestra Magna Carta, NO de ninguna otra cosa. La Intendencia y el Concejo Municipal son electos bajo sufragio popular, lo que les concede y les acredita exactamente los mismos deberes y las mismas responsabilidades que tiene la Municipalidad.  Así han funcionado siempre y esa es su indiscutible realidad local pues representan todo el quehacer municipal en estos pueblos.

La Constitución Política y la ley así los definió por una condición de distanciamiento con su cabecera de cantón, pero no sólo un alejamiento físico como en forma general se ha entendido, sino, sobre todo, de un abandono administrativo por parte de su municipalidad madre, es decir, se encontraban en el olvido y era casi nula la intervención y la prestación de servicios municipales. De ahí que les fue otorgada la administración y la responsabilidad de brindar todos los servicios públicos municipales  y el de velar por los intereses, bienestar y desarrollo en su distrito, ya no la Municipalidad Madre.

Sin embargo, desde aquella fecha,  su accionar  comunal se convertiría en  penosa tragedia al perder la potestad que tenían de acordar y remitir al ente contralor su presupuesto municipal  sin que mediara entonces cuestionamiento  alguno por parte de la Contraloría General de la República.

Esta  sentencia lo  cambió todo; fue  similar a decirles: “Ustedes son mayor de edad y les obligan todas  las responsabilidades, PERO NO PUEDEN administrar su propio presupuesto”.  O sea, le alcanzan iguales obligaciones que a la municipalidad, pero no poseen autonomía presupuestaria.  Ciertamente aquello fue una guillotina sobre su cabeza.

A partir de ahí se crea entonces una figura totalmente atípica y desconocida. Una extraña entidad pública que nadie podría explicar qué era. Con mucha verdad, bien lo ilustró un reconocido jurista en derecho constitucional:  “aquello era un verdadero ornitorrinco”, y en el propio seno del Poder Legislativo se grabó como lápida la expresión del Legislador:  ‘no sabemos en realidad qué son…”. Era un dilema indescifrable al sistema jurídico y al derecho constitucional. A pesar de grandes luchas y esfuerzo, el Poder Legislativo no encontraba la manera de darles su lugar. Parecía un esfuerzo inútil, sus intentos resultaban infructuosos y finalmente sepultados por el rechazo de la instancia constitucional, aun cuando la misma se manifestó abiertamente dividida en la votación de sus propios Magistrados.

Ya no parecía existir esperanza; toda gestión estaba agotada. Pero así como la vida democrática es dinámica y activa, surge con fuerza propia una alternativa que aún cuando no era su intención original, muy rápidamente se abre camino sin objeción:  La declaratoria de cantón. El voto unánime del cantonato de Monte Verde es la prueba fehaciente de ello.

Entonces, se hace necesaria la aclaración que el cantonato de los Concejos Municipales de Distrito NO son parte de ningún “picadillo” o que pretenden debilitar la división territorial administrativa, porque en pocas palabras ya están ahí.

Lamentablemente es una vinculación errónea del Gobierno lo cual preocupa porque es desconocer una realidad comunal de amplia trayectoria nacional. Los Concejos Municipales de Distrito no entran en ninguna nueva tendencia que venga a desmembrar ni debilitar el territorio nacional porque hace mucho tiempo que existen y tienen vida propia. Desconocer eso es negar su identidad y se trata más bien de reconocer de una vez por todas, con nombre propio, algo que ya existe de hace décadas en esos distritos.

La declaratoria del cantón Monteverde es el claro ejemplo de ello. Así finalmente lo entendió el Legislativo cuando al unísono, sin contar siquiera un voto en contra, lo votaron a su favor. ¿Acaso se equivocaron en pleno el Primer Poder de la República y la Comisión Nacional de División Territorial Administrativa al validar y declarar a Monteverde cantón? En honor a la verdad NO.

Simplemente  se buscó  darle su verdadero nombre como Gobierno Local porque ya tenía  toda la infraestructura física -administrativa-operativa, necesaria para ello, al igual que los demás CMD, pero  que no tienen autonomía sobre el propio presupuesto, materia de carácter medular para su debido funcionamiento y aún así, con esa condena sobre sus hombros, deben liderar y hacer frente a toda la gestión municipal en sus comunidades  sin las condiciones óptimas para hacerlo.

¿No es eso injusto y una deuda hacia estos pueblos y a la propia democracia costarricense?  ¿No significan nada tantos años de sudor, lágrimas y fracasos, perosobretodo de esfuerzo, visión, valor, coraje y de admirables avances y desarrollo en estas comunidades?
Era evidente que el reiterado rechazo para normalizarlos dentro de la propia figura que ya tenían, sólo les dejaba a mano la opción última del cantonato.

¿Fue entonces obra de la casualidad declarar el cantonato de Monteverde y, con toda justicia, no hacerlo también con los demás CMD? ¿Por qué sólo Monteverde y ahora los demás no cuando han compartido exactamente iguales necesidades y las mismas aspiraciones de desarrollo?

No sabemos.  Lo cierto es que cuando en realidad SÍ la había -mediante proyecto de  ley 18.084,  Reforma Art. 172 Constitución Política, que finalmente fue rechazado por parte de  la Sala Constitucional-  no se les brindó otra salida, lo que en forma  irremediable conllevó  entonces a solicitar el cantonato como opción final.

Tucurrique, 53 años.
Cervantes, 54 años.
Peñas Blancas, 53 años
Colorado, 54 años.
Cobano, 38 años.
Lepanto, 34 años.
Paquera 22 años
Monteverde 22 años.

No se pretende acá  en absoluto demeritar el trabajo de otras comunidades que desean lo mismo,  pero no se debe equilibrar por igual la necesidad de los Concejos Municipales de distrito de convertirse a cantón como ya lo hizo Monteverde.

Nuestro Gobierno no puede ignorar 330 años de historia y vida  municipal que ya suman los CMD, donde cada uno de esos días reclama con justa causa y razón su  debido reconocimiento.

No son obra de la casualidad. Decir que su intención es hacer un picadillo el territorio nacional no es correcto. Pero necesitan manejar su propio presupuesto y sólo la declaratoria de cantón les puede dar eso. Su condición de arraigo y de pertenencia lo exige.

A lo mejor ya es hora de llamarlos por su verdadero nombre; talvez es momento no sólo de decirlo con voz populista frente a un electorado, sino de demostrar con hecho y derecho que verdaderamente creemos y confiamos en el poder del pueblo y que eso significa desprenderse un poquito del poder centralista que tanto ha tenido en abandono a las comunidades más vulnerables y alejadas del país.  Cerca de un 98% del presupuesto nacional reside aún en manos del Gobierno Central y tan solo un 2% en manos de los gobiernos locales. En Latinoamérica, uno de los países con mayor centralización de poder.

Ese sería el anhelo de un pueblo que ve con impotencia y desesperación como tanto presupuesto público se desvanece día a día ante sus ojos en manos de la inoperancia y la corrupción y muy poco llega a los lugares más alejados.

En igualdad de derechos constitucionales, concurren los mismos a un pueblo de la montaña, la costa y la llanura, que aquellos de la gran Meseta Central. ¿Realmente interesa escuchar la voz de los pueblos mayormente olvidados?  Trescientos treinta años sí cuentan y tienen voz y voto.

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