Después de la revuelta ocurrida en Chile, que desdichadamente revela algunos elementos análogos a situaciones que se viven en el país, nuestros dirigentes políticos, sociales y empresariales deberían estar más atentos que nunca, a fin de evitar que no tengamos acá situaciones sociales de esa naturaleza, que allá han dejado decenas de muertos y heridos.
El paradigma chileno de crecimiento y prosperidad económica, y de estabilidad social, así retratado por la prensa, organismos internacionales, autoridades de distintos gobiernos, y analistas, se reventó en un santiamén, y de pronto desnudó la otra realidad chilena, la de la desigualdad, el endeudamiento masivo, el egoísmo de la minoría poderosa, los altos salarios de un grupo, la educación carísima, la precariedad de los salarios de la mayorías y de las pensiones, el altísimo costo de vida, el cansancio psíquico, la pobreza, el doble discurso de los gobernantes, las esperas de atención en los servicios de salud, la angustia de los estudiantes, entre otros. El país ejemplar saltó en añicos. Las revueltas allá no han sido un asunto de izquierdas ni derechas. Más bien se trata de la rebelión de los de abajo que van por los de arriba, porque los de arriba no quisieron, o no supieron leer y entender la bomba de tiempo que se estaba gestando en la sociedad. Cuando los de abajo se cansan los de arriba pueden perder mucho. Pareciera que el capitalismo neoliberal y el socialismo del siglo XXI, ambos han fracasado. Algunos empresarios y hasta el presidente Piñera han comprendido a posteriori la otra realidad que no veían, y han pedido perdón tardíamente al pueblo chileno. En Costa Rica hay también dirigentes, periodistas, empresarios, analistas, sindicalistas, y académicos que solo están viendo una realidad, la de los ciudadanos de primera. Hay que tener cuidado que no llegue ninguna avalancha social, que no baje violentamente ninguna cabeza de agua que desnude la otra realidad, la de los ciudadanos de segunda, tercera y hasta de cuarta categoría.
En ese contexto hay tres iniciativas legislativas en nuestro país, que deberían aprobarse cuanto antes, pensando estrictamente en el bienestar de la gente. Son proyectos que le convienen al país.
La primera iniciativa es regular los intereses que se cobran en las tarjetas de crédito. Se trata simplemente de un asunto de justicia, pero también de interés nacional. Según estimaciones de la Dirección de Investigaciones Económicas del Ministerio de Economía Industria y Comercio, a julio del 2019, la deuda en tarjetas de personas físicas y jurídicas en Costa Rica era de un 3,9 por ciento del PIB, equivalente a 1.418.138 millones de colones. El 71% de los plásticos que circulan tienen tasas de interés que oscilan entre un 40 % y un 50% anual. En nuestro país hay más de 30 emisores y 465 clases de tarjetas, con morosidades entre un 9 y un 10% a menos de 90 días, y de entre 3% y 5% por ciento más de 90 días. Costa Rica no es solo un país con altísimas y excesivas tasas de interés en financiamiento por tarjetas, sino que además su población es una de las más endeudadas. Países que forman parte de la OCDE tienen tasas techo, Corea 24%, Francia 21% solo para mencionar dos casos. Chile tiene un techo de 34.82 % por cierto a mi juicio muy alto. Otros, como Colombia y Ecuador tienen tasas máximas de 29% y 30% respectivamente. Regular los intereses que se cobran en Costa Rica en tarjetas, estableciendo al menos un techo racional y apropiado a las relaciones justas de rentabilidad sin usura, parece que no solo es conveniente para los tarjetahabientes, sino para la economía y estabilidad social del país, repito para la estabilidad social. Es verdad que el endeudamiento de los costarricenses es también entre otros factores, un problema de educación financiera. Ciertamente los consumidores debemos educarnos más en la adquisición y uso de ese instrumento de financiamiento, pero igualmente es cierto que los emisores de tarjetas deberían también recibir cursos de educación. La educación debe venir por ambos lados. No tienen buena formación financiera aquellos que ofrecen alegremente tarjetas a diestra y siniestra a una población altamente endeudada o que sencillamente no puede pagar los costos de vida tan altos existentes en el país. Tampoco tienen buena formación financiera aquellos que dan tarjetas cobrando a veces hasta un 57 % de tasas de interés sabiendo de antemano que ese nivel de tasas es propicio para el no pago y para llevar a las personas y familias a verdaderos estados de precariedad económica. Si de educación financiera se trata, hay que repartirla por igual, tanto a los tenedores como a los emisores de las tarjetas. Unos se endeudan hasta la coronilla, y otros quieren sacarles a los deudores hasta los ojos. Por eso no me parece de recibo algunas intervenciones de autoridades del Banco Central y de la Sugef, entidad ésta, que por cierto es financiada en parte por emisores de tarjetas, sugiriendo techos con tasas increíblemente altas, más allá del 36% e incluso por encima del 50% usando argumentos relacionados con el mercado, costos y regulaciones sofisticadas, algunas derivadas de la OCDE, donde hay algunos países que tienen tasas también que andan por las nubes. Poner techos de esas magnitudes en una ley, es sencillamente legalizar la usura en las tasas de interés, y los diputados por más presión que tengan deberían reflexionar muy seriamente los contenidos de la ley que podría aprobarse. No conviene crear una ley para legalizar techos excesivos, porque eso sería sencillamente legalizar la usura. Las empresas emisoras deben ellas, mejorar su eficiencia, tener tasas apropiadas a sus costos y utilidades, pero en un marco de razonabilidad económica que sea ventajosa para ambas partes, emisores y tarjetahabientes. Lo mismo debería aplicarse para el sistema financiero en general, donde también encontramos tasas de interés que por su magnitud solo podría pensarse, que son fruto de la ineficiencia o de la voracidad.
La segunda iniciativa es regular los precios de las medicinas, que en nuestro país también son descomunalmente caros. Las medicinas tienen más de 50 años de estar por la libre, y como todos sabemos, el precio promedio de una unidad de medicina en Costa Rica, supera el promedio latinoamericano. Hay adultos mayores en nuestro país, que si compran las medicinas que les recetan, entonces no les alcanza para comer. Los datos que el Ministerio de Salud tiene en su poder indican, que Costa Rica tiene los precios más altos del mercado centroamericano, e incluso mucho más elevados que países europeos, con diferencias que van del 30%, 40% y más del 50%. Hay medicinas acá que cuestan el doble que en España. El micardis, por ejemplo, para la presión alta, de 80 miligramos por 28 unidades vale en Costa Rica más de 25 mil colones, y en España el equivalente a 13,200 colones. El Crestor de 20 miligramos para el colesterol, allá vale 14.000 mil colones y aquí 40,700 colones aproximadamente. A nivel interno también los precios son muy diferenciados entre las distintas expendedoras, aunque siempre altos. Evidentemente algo no anda bien en un mercado de más de 850 millones de dólares anuales, donde solo la CCSS compra más de 250 millones de dólares para el 70 % de la población. Probablemente la razón de costos tan elevados, sea la concentración del mercado en pocas distribuidoras. Entre tres y cinco de ellas, tienen el 80% de las ventas.
La tercera iniciativa es aprobar el proyecto de pensión consumo que le otorgaría pensión sin excepción a todos los costarricenses, sin que el Estado, ni los patronos, ni los trabajadores pongan dinero. Pensión consumo se financiaría con la reducción de la evasión, y no con la disminución del impuesto del valor agregado, pues al saber los costarricenses que cuando pagan el IVA van a recibir una parte, para ser depositado en su cuenta a efecto de tener una pensión cuando cumplan 65 años, obviamente se constituirán en fiscalizadores del impuesto, y así el Estado mejorará la recaudación. Costa Rica sería el primer país del mundo en innovar, construyendo así, un sistema de pensión complementaria y única, según sea el caso, sobre la base del consumo, y no sobre la planilla, ni sobre el presupuesto nacional.
Algunas veces he dicho, que en Costa Rica pareciera que desde hace rato la gente está en función del Estado, y no el Estado en función de la gente. Muchísimas personas se sienten injustamente apaleadas y garroteadas por políticas públicas que son hechas no para crear bienestar, sino malestar. Persisten tasas crediticias muy altas, impuestos asfixiantes, medicinas costosísimas, privilegios en algunos sectores, salarios y nichos de privilegios en pensiones abusivos, exoneraciones y amnistías difíciles de entender, alianzas en favor de reducidos intereses, sectores egoístas, dificultades para crear empresas y producir, servicios educativos públicos de mala calidad, atención de la salud inoportuna, ensanchamiento pavoroso de la desigualdad, y sobreendeudamiento de sus habitantes.
El país debe volver al camino de los equilibrios y acabar con las contabilidades negativas del egoísmo divisionista político, empresarial y sindical, del despilfarro gubernamental, del ensanchamiento de la desigualdad y la pobreza, de los discursos a tres bandas, de la desintegración de los organismos sociales, de la ausencia de un proyecto país, de las divisiones estériles. Un antídoto posible a la salida en las calles para resolver los problemas, son los acuerdos inteligentes inclusivos, y una política social económica y ambiental preventiva, fundamentada en la construcción de los equilibrios. Nuestra sociedad como todas, es en cierta forma un ajedrez y como tal, todos debemos tener consciencia, que al final tanto el peón como el rey se devuelven a la misma caja.
Los tres proyectos mencionados en mi opinión deberían aprobarse sin dilación. Ellos contribuirían a la estabilidad social. Que así sea.
—
Los artículos de opinión aquí publicados no reflejan necesariamente la posición editorial de EL MUNDO. Cualquier persona interesada en publicar un artículo de opinión en este medio puede hacerlo, enviando el texto con nombre completo, fotocopia de la cédula de identidad por ambos lados y número de teléfono al correo redaccion@elmundo.cr.
