Desde setiembre del año pasado en la Asamblea Legislativa existe un choque de opiniones sobre los recursos que, a través del presupuesto nacional, tienen que girarse al Patronato Nacional de la Infancia. En realidad, no ha sido toda la Asamblea, sino un pequeño grupo de diputados/as que insisten en desacreditar a la institución rectora en materia de niñez y adolescencia.
Que los recursos son muchos, que la ejecución del Pani es baja, que los funcionarios son ineficientes y hasta descalificativos contra su Presidenta Ejecutiva, son solo algunos de los argumentos que más se han utilizado para incumplir con las obligaciones que este país tiene, no con el Pani, sino con casi un millón y medio de personas menores de edad que viven en esta tierra, muchos de ellos/as en condiciones de riesgo, vulnerabilidad e inseguridad social.
En estos 10 meses de polémica he visto como algunos/as simplemente han olvidado -o no les importa- el juramento ante Dios y la Patria, de observar y defender la Constitución y las leyes de la República. Pero también han irrespetado las disposiciones de tratados internacionales y la jurisprudencia de nuestros máximos tribunales de justicia.
Gracias a eso, lograron en un primer momento “quitarle” 47 mil millones de colones al Pani y hoy, aprovechando la tramitación del primer presupuesto extraordinario 2017, quieren seguir perjudicando a uno de los sectores que más ayuda requiere por parte del Estado. Y yo me he venido preguntando:
- ¿Sabrán estos diputados/as “recortistas” que el porcentaje histórico de ejecución presupuestaria del Pani supera el 80%?
- ¿Habrán ido alguna vez mis compañeros/as a visitar la oficina local del Pani, de los cantones que representan, para conocer de primera mano el déficit de personal técnico y administrativo, la acumulación de expedientes, la saturación de trabajo y la cantidad de denuncias que se reciben a diario? Es más ¿Tendrán la certeza de que si en el cantón donde nacieron o fijaron su residencia existe una oficina local del Pani que defienda y garantice los derechos que le asisten a las personas menores de edad?
- ¿Tendrán plena conciencia los legisladores/as del contexto de violencia, abuso, abandono, maltrato o negligencia al que son sometidos miles de niños/as, lo que hace necesario y urgente la presencia del Pani en prácticamente todo el territorio nacional?
- ¿Estarán informados que, con los recursos contenidos en este presupuesto extraordinario, se abrirán 30 nuevas oficinas locales en comunidades como Matina, La Cruz, Guácimo, Guatuso, Nandayure, Bagaces, Acosta, Zarcero, ¿Palmar Norte y Sur, Parrita, Aguas Zarcas y Hojancha?
- ¿Tendrán idea de que casi el 90% de las 845 plazas que el Pani pretende crear serán destinadas para la atención de denuncias, brindar atención integral, desarrollar programas de prevención y educación de derechos?
- ¿Conocerán los diputados/as la observación general N° 19 del Comité sobre los Derechos del Niño, respecto a estándares para la elaboración de presupuestos públicos en aras de hacer efectivos los derechos del niño/a?
- ¿Comprenderán el hecho de que, por cada dólar que se invierte en buenos programas de atención infantil, el retorno previsto es de $17?
Yo esperaría que la respuesta a las anteriores interrogantes sea un rotundo SI. Pero las acciones, el comportamiento y el mensaje político de algunos sectores en el Parlamento, me hacen suponer que NO. Sin embargo, aún estamos a tiempo de ser consecuentes con nuestras responsabilidades.
No es el futuro de una institución pública lo que está en juego, lo que verdaderamente está en juego es la protección especial que los niños/as merecen recibir a través del Pani. Pero de un Pani fuerte, comprometido, con presencia, pero principalmente, con suficientes recursos técnicos, humanos y financieros que faciliten el cumplimiento de su mandato constitucional y legal.
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