Como costarricense; como mujer y madre; como educadora y diputada; acompaño la lucha del pueblo de Nicaragua. Expreso mi solidaridad con sus mujeres y hombres, por aquellos jóvenes que luchan por la seguridad social, por su derecho a disentir y a manifestar como pueblo, sus deseos y esperanzas de democracia y libertad. Un sentir fraterno por la justicia hacia los más vulnerables de la sociedad.
Uno mi voz al dolor de la familia nicaragüense y en especial, a las madres que, precisamente, en el día de la celebración de su condición de maternidad vieron la muerte de 15 de sus hijos. Esos mártires suman 146 desde el 18 de abril en que los estudiantes universitarios dieron paso al frente para ser voz del pueblo que los cobija.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha condenado los hechos sucedidos el 30 de mayo de 2018 en la marcha pacífica de apoyo a las Madres de Abril. Este hecho ha profundizado la crisis y según información de conocimiento público, se produjo una nueva represión por parte de grupos de choque y terceros armados, quienes dispararon con armas de fuego contra las personas manifestantes.
Según datos oficiales, ese día, 15 personas resultaron muertas y 199 heridas en Managua, Estelí y Masaya. Asimismo, según un comunicado de la Universidad Centroamericana (UCA), miles de personas ingresaron a la UCA para refugiarse de los ataques y se atendió en el campus a los heridos.
El 25 de mayo, personas encapuchadas dispararon indiscriminadamente desde vehículos en movimiento en Ciudad Belén, Managua, lo que ocasionó más muertes y otras decenas de personas que resultaron heridas. En respuesta a los ataques, la población lanzó piedras a estos grupos, lo que provocó más muertes inocentes.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) -en visita del 17 al 21 de mayo- detectó graves violaciones a los derechos humanos como consecuencia de los eventos que se han desarrollado desde el 18 de abril. Identificando el “uso excesivo de la fuerza y de terceros armados”, lo que en otras palabras señala que el gobierno de Nicaragua está ejerciendo violencia indiscriminada contra su población. La CIDH identificó, hasta ese momento: 76 personas muertas, 868 heridas en su gran mayoría en el contexto de las protestas y 438 personas detenidas, entre estudiantes, población civil, defensoras y defensores de derechos humanos y periodistas.
Igualmente, la Comisión estableció que la represión estuvo a cargo de la Policía Nacional, sus fuerzas antimotines y grupos parapoliciales, que actuarían con el apoyo de agentes estatales. La Policía Nacional habría utilizado balas de goma y armas de fuego de diferente tipo y calibre. Respecto a los heridos, el hecho de que la mayoría de ellos presentaran impactos de bala específicamente en la cabeza, los ojos, el cuello y el tórax, evidencia la intención de matar y la clara participación para lograrlo de francotiradores. La CIDH estableció que se está utilizando la fuerza -potencialmente letal-como forma de restituir el orden público y reiteró que las armas de fuego y las respectivas municiones deben estar excluidas en los operativos de control de las protestas.
La juventud estudiantil universitaria juega un papel fundamental en la defensa de las propuestas de los civiles en Nicaragua. Levantan su voz, por medio del Movimiento Estudiantil 19 de abril (ME19); de la Coordinadora Universitaria por la Democracia y la Justicia; en la Alianza Universitaria Nicaragüense (AUN), ésta se consolidó cuando muchos de estos jóvenes se conocieron el 20 de abril, en la Catedral de Managua, donde quedaron encerrados por varios días. El rostro y voz conocida de esta agrupación es Lesther Alemán estudiante de la Universidad Centro Americana (UCA) que se dirigió a Ortega, en la cita del diálogo convocado por la Iglesia Católica, para pedirle que se fuera y dejara a los nicaragüenses definir su destino en democracia. Otras manifestaciones regionales de los estudiantes se hace sentir en la Universidad Politécnica y en la Universidad Nacional Agraria (UNA).
La empresa privada (COSEP) se ha declarado que rompió con “el modelo de consenso” que ha mantenido con el gobierno y ha convocado para este jueves 14 a un paro nacional junto a otras agrupaciones de la sociedad civil. Esta manifestación tiene como objetivo principal exigir el cese de la represión en contra de la gente que lucha en forma cívica y desarmada.
Por otro lado, el pasado 11 de junio, la Bancada Parlamentaria del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), expresión del oficialismo, emitió un llamado a los ciudadanos a cumplir el servicio militar obligatorio denominado: Servicio Sandinista Obligatorio mientras que, Daniel Ortega ofreció a la embajadora Laura Dogu de los Estados Unidos y a Caleb McCarry, delegado del Comité de Relaciones Exteriores del Senado de ese país, a adelantar las elecciones para el 2019. Los diplomáticos transmitieron la propuesta a la Conferencia Episcopal de Nicaragua. Las conversaciones de la embajadora Dogu y del representante del Presidente del Comité de Relaciones Exteriores son de conocimiento del Departamento de Estado de la nación norteamericana.
Las organizaciones campesinas, a través de su representante Medardo Mairena, han respondido que desean la salida de Ortega de inmediato y no un adelanto de las elecciones al 2019.
A 58 días en que inició esta crisis, la familia nicaragüense lamenta la muerte de 146 ciudadanos, casi todos estos mártires, son estudiantes universitarios. Los hospitales albergan a más de 800 jóvenes heridos y, más de 500 detenidos se encuentran en las cárceles del país. Las ciudades de Managua, Masaya y Jinotega están paralizadas. La economía está en punto muerto.
Ortega ha ofrecido a sus compatriotas, realizar una propuesta sobre la democratización del país pero, hasta ahora, no lo ha hecho.
Desde Costa Rica, el 31 de mayo pasado, la Fundación Arias para la Paz, ante la gravedad de los hechos ocurridos en la hermana República de Nicaragua ha realizado un llamado al gobierno de Costa Rica, por medio de la Cancillería para que ponga especial atención a las transferencias de armas que transitan por nuestro país y que tienen por destino Nicaragua.
La Fundación Arias respalda la petición en virtud de la implementación del Tratado sobre Comercio de Armas. Con base en este instrumento, a los países se les recomienda realizar análisis de riesgo cuando se sospecha que las armas y municiones pueden ser utilizadas con fines de violación de los derechos humanos.
Siendo Costa Rica país de tránsito para el armamento que va hacia Nicaragua, me uno a la solicitud de la Fundación para que nuestro país realice un profundo análisis de riesgo ante cualquier transferencia que se dirija a ese país, y si es del caso, proceda a desautorizarla en cumplimiento del espíritu del tratado.
A la gestión anterior, pido que los entes de migración y policía costarricense sean brazos de seguridad para que redoblen la vigilancia del territorio nacional y, para ser muestra de humanidad para aquellos que huyen del hogar, como consecuencia de la furia de las balas asesinas, que pretende callar y castigar sus deseos de justicia y libertad.
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